El juicio seguido al exsecretario de seguridad pública federal en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y encargado de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, está centrado en las posibles actividades criminales que realizó y en el apoyo a grupos criminales para poder transportar droga a Estados Unidos de Norteamérica en específico, pero no limitativo al estado de Nueva York.
En estos días de las siete audiencias que se han llevado a cabo hemos podido leer todo acerca de las declaraciones de los testigos cooperantes (que no es lo mismo que testigos protegidos) sobre la entrega de sobornos al ex secretario de seguridad pública federal, para proteger los cargamentos de droga y de un grupo criminal en particular: el Cártel del pacifico (cártel de Sinaloa). Él actuaba como parte activa de este grupo criminal, utilizando su puesto para proteger cargamentos de droga que tenían como destino el estado vecino del norte. Si bien es cierto habrá algunos datos sobre cómo se llevaban a cabo estas negociaciones entre los líderes criminales y García Luna, lo importante para la fiscalía será demostrar que la intención era proteger a un cártel de la droga y su clara participación como activo miembro de este grupo para introducir de forma ilegal drogas a Estados Unidos, ya que en este juicio no importan los delitos que haya cometido en México, ya que eso no se está juzgando ahora en esta corte.
Creo que muchos de los periodistas y especialistas mexicanos tienen una idea equivocada de cómo se debe llevar este juicio. Debemos recordar que hay testigos cooperantes y testigos protegidos ya sentenciados por delitos que llegaron a un acuerdo con la fiscalía, y al haber demostrado que sí cometieron un delito como la introducción de drogas a ese país de forma ilegal, hace que su testimonio tenga cierto grado de certeza y realidad. Por esta situación, el testimonio que están por rendir es apegado a la realidad. La fiscalía tiene la obligación de convencer a los miembros del jurado, no a la opinión pública, o a los periodistas mexicanos o supuestos especialistas.
Hay que recordar que al igual que el juicio en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera, éste se inició con la declaración de testigos cooperantes y protegidos, y cerró con los audios de sus actividades ilícitas. Así quedó demostrado ante la misma corte y juez, la introducción ilegal de droga proveniente de México a Estados Unidos, en específico a Brooklyn, Nueva York. No es ninguna coincidencia utilizar a los mismos testigos que ya pudieron demostrar ese hecho que terminó en una condena de por vida; así como a los oficiales, policías, instituciones y corporaciones que participaron. Pues se tiene ya la estrategia de las últimas audiencias: cerrar con las pruebas y testimonios más contundentes, donde incluso se señala habrá videos y audios que no dejarán dudas de la participación de García Luna en los sobornos recibidos.
Sin embargo, algunos periodistas están utilizado como bandera de defensa del exsecretario de seguridad pública federal en el gobierno de Felipe Calderón el que no existe dinero incautado por la fiscalía norteamericana al exsecretario. Ante esto, es importante señalar que éstas son acciones legales distintas y que van más allá de lo que reportan muchos medios de comunicación. Tristemente, en lo que se ha sido denominado el juicio del siglo, hay muy pocos periodistas acreditados que estén haciendo una cobertura permanente de este juicio. Los más rescatables son las coberturas realizadas por Jesús García, Arturo Ángel, Jesús Esquivel y Vicente Serrano, quienes desde su percepción narran lo que acontece en la sala de juicio.
Ahora ¿de dónde salen los 750 millones de dólares que el gobierno mexicano exige le sean asegurados, y las propiedades, cuentas y activos a García Luna decomisadas por la violación a la ley Rico de Florida, por conspiración y enriquecimiento ilícito (inexplicable)? Se sabe que utilizó más de 30 empresas para triangular y blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas.
Lo que más llama la atención es que las actividades que se ubican por parte de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) encabezada en aquel entonces por Santiago Nieto, detectó movimientos irregulares de cantidades de dinero por alrededor de 250 millones de dólares. Por este hecho se inició una carpeta de investigación, además de que también se hizo el reclamo legal ante la corte de Florida por ser el estado donde se ubicaba la mayor cantidad de propiedades y empresas ligadas al exsecretario de seguridad, sumado al hecho de documentar cuentas y empresas en paraísos fiscales. De acuerdo a esta investigación, muchos de los pagos recibidos fueron de instituciones del gobierno federal, de gobiernos estatales, estados y municipios, que incluso eran situaciones atípicas ya que los precios que ponían estaban muy por encima del mercado y además se hacían sin licitaciones, de forma directa. Sobre todo, muchas empresas ligadas a contrataciones que él realizó desde que estaba como encargado de la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Motivo por los que se encuentran involucrados funcionarios desde los tiempos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y el mismo senador Mancera cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esto ocasionaría que se abrieran diferentes carpetas de investigación, pero aquí en nuestro país, por posibles hechos constitutivos de delitos. Resulta imposible que se haya podido forjar de una fortuna de cerca de 745 millones de dólares, que es lo que en la ampliación de la demanda por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora encabezada por Pablo Gómez, solicita que se le incaute a Genaro García Luna.
Por último, ya se sabía de la existencia de dos carpetas de investigación contra García Luna en la Fiscalía General de la República, por el operativo rápido y furioso, así como los contratos ilegales y concesiones para los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS). Pero también se habla de una nueva carpeta sobre enriquecimiento ilícito en detrimento del Gobierno de México.
Por lo que se sabe, esta es la prueba de fuego para la Fiscalía General de la República, que tiene la encomienda de no fallar en esta ocasión. Y es que se habla de una fortuna personal de García Luna y familiares superior a los 1,200 millones de dólares. Los abogados que llevan el caso en Florida y en México son muy caros, muy poderosos y no trabajan por amor al arte. Lo mismo se dice de todos aquellos periodistas que lo defienden a capa y espada, al grado de inventar que un millón de dólares pesa una tonelada y que es imposible ponerlo en una maleta deportiva. Aun así habrá quienes lo sigan queriendo justificar y proteger. Valdría la pena que se investigue a aquellos que lo defienden tan apasionadamente. Nos podríamos llevar muchas sorpresas.