A la sombra de su personalísima narrativa, que lo presentó como el renovador del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arturo Zaldívar dejó sus huellas digitales en un largo historial de asuntos irregulares cuya revelación podría incendiar en escándalos de corrupción al órgano que encarna la última instancia del apego a la ley y la justicia.
El listado de irregularidades que tiene ya a la vista Norma Piña, nueva presidenta del PJF, incluye haber promovido al puesto de magistrado en tribunales clave, a funcionarios menores de la Corte, subordinados a Zaldívar y a dos ministros allegados: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar. Se trata de tribunales colegiados en el llamado Primer Circuito que cubren la ciudad de México y parte de su zona metropolitana, donde se dirimen negocios de grandes corporaciones en un entorno propicio para la corrupción.
Reportes obtenidos por este espacio describen que al menos dos de las tres plazas de magistrados que integran una treintena de tribunales colegiados en ese Primer Circuito (codiciados por jueces del resto del país), fueron meticulosamente renovadas para colocar a incondicionales de los ministros referidos.
En paralelo, se están documentando las persistentes extorsiones y presiones sobre jueces de todo el país, ejercidas por Carlos Alpízar, incrustado por Zaldívar como secretario general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y cesado en forma sumaria (durante una reunión de 30 segundos, se asegura) por la ministra Piña Hernández. Se espera que una suerte similar corran funcionarios a los que Zaldívar abrió importantes espacios pese a sus ligas con el gobierno de Enrique Peña Nieto, afines en particular al que fuera su controvertido consejero jurídico, Humberto Castillejos.
En las semanas finales del año pasado, cuando se aproximaba el relevo en la presidencia del PJF, una tarjeta informativa elaborada por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llegó a Palacio. La misma describía el caso de un empresario norteño cercano al oficialismo actualmente en prisión. Delgado habría solicitado al equipo de Zaldívar una revisión exhaustiva del expediente, pero el resultado fue diferente: emisarios de Alpízar fueron señalados de citar a los abogados del procesado para pedirles 30 millones de pesos a cambio de su liberación.
Alpízar (al que se le atribuye haber filtrado el expediente del alegado plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel) fue investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presunción de extorsiones a jueces federales y compras infladas en el CJF. Hasta donde se pudo conocer, el expediente fue desechado.
El círculo de acero de Zaldívar pretendió que el relevo de la Corte se resolviera en favor de Gutiérrez Ortiz Mena, lo que atrajo un creciente –y público–rechazo del propio presidente López Obrador. Ante ello, y según testimonios recogidos en fuentes cercanas a esta historia, la opción del grupo dominante se enfocó en impulsar como alternativa a la ministra Loretta Ortiz, también cercana a Zaldívar y esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, un respetado abogado, actualmente de 85 años, secretario de Gobierno en el gobierno del tabasqueño en la ciudad de México (2000-2005). Se desempeña como fiscal electoral en la FGR.
Bajo la aparente gestión de su esposo, la ministra Ortiz Ahlf logró una reunión privada con López Obrador, dos meses antes de que se decidiera el relevo. No solo recogió una negativa, sino que fue emplazada a apoyar la candidatura de Yasmín Esquivel, descarrilada en diciembre por el affaire de su tesis.
Todo indica que la misma puñalada que segó la causa de Esquivel Mossa llegó al corazón del grupo Zaldívar, cegado por la codicia de imponer al sucesor aun si con ello desafiaba al propio Presidente.
Fracasada la misión de sacar adelante a Esquivel, Palacio encomendó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, retomar su cabildeo con los ministros, varios de los cuales ya mostraban repudio en contra del grupo Zaldívar. López Hernández vaciló: primero alentó al ministro Alberto Pérez Dayán, pero al encontrarlo inviable, retiró el veto que desde el gobierno se intentó en contra de Norma Lucía Piña, la juez que ha votado en contra de leyes del gobierno en más del 80% de las ocasiones en que ha tenido oportunidad.
Desde mucho tiempo antes de la recta final hacia su presidencia, la ministra Piña Hernández contó con un discreto pero eficaz aliado, quien quizá tuvo un rol clave para atenuar la postura del gobierno, y ahora deja ya sentir su peso en esta nueva era en la Corte. Se trata de Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro desde diciembre de 2018. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal (2002-2003), durante la gestión de López Obrador al frente de la capital del país.
Queda el registro histórico de que cuando finalizaba la gestión de González Alcántara, López Obrador impulsó una ley para extender dos años más su encargo al frente del tribunal. Lo mismo haría dos décadas después con Zaldívar. Lo que diferencia estos episodios es que González Alcántara rechazó de inmediato la idea. Zaldívar guardó un silencio cómplice por meses, y no se desmarcó de la intentona hasta que sus compañeros ministros orientaron una votación en la que declararían anticonstitucional esa enmienda de ley.