Según la Ley electoral vigente, el Instituto Nacional Electoral (INE) se organiza conforme al principio de desconcentración administrativa. En desarrollo de ese mandato, la misma Ley dispone que en cada una de las 32 Entidades Federativas, el Instituto contará con un órgano delegacional integrado por la junta local ejecutiva, órgano permanente, colegiado y técnico compuesto por 5 vocalías especializadas, todas del servicio profesional electoral nacional (SPEN): la ejecutiva, la del secretariado, la de organización electoral, la de capacitación electoral y educación cívica y la del registro federal de electoras y electores.
Estas 32 Juntas Locales Ejecutivas tienen atribuciones como supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores; Organización Electoral; Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), y Capacitación Electoral y Educación Cívica; desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades electorales locales para garantizar el acceso a radio y televisión de los partidos políticos durante las precampañas; recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales contra los actos o resoluciones de los órganos distritales así como atender los casos de violencia política en contra de las mujeres en el ámbito que les corresponda, en los términos establecidos en la ley de la materia.
El esquema se repite en los 300 distritos uninominales electorales en los que se divide el país, de conformidad con lo establecido por el artículo 53 de nuestra Constitución. Cuentan con una junta distrital ejecutiva permanente compuesta de 5 vocalías del SPEN como las ya mencionadas.
Estas 300 juntas distritales ejecutivas proponen, entre otras cosas, el número y ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito; capacitan a las y los ciudadanos que integrarán y dirigirán las mesas directivas de casilla; presentan las propuestas de quienes fungirán como asistentes electorales el día de la jornada electoral, entre muchas más actividades.
En conjunto, como se puede observar, estas 332 juntas ejecutivas son responsables directas de diversas actividades y procedimientos esenciales para la preparación y desarrollo de nuestras elecciones. Son los brazos, ojos y oídos del INE en el territorio nacional y en muchas ocasiones, el primer punto de contacto de la ciudadanía con la institución. Son órganos indispensables en la labor de promoción y defensa de los derechos políticos y electorales de las y los mexicanos.
Las delegaciones y subdelegaciones del INE son de los principales activos de la autoridad nacional electoral. Se los reconocemos y se los agradecemos, sobre todo en este momento delicado de la historia institucional y democrática del país.
La reforma electoral en curso propone, sin un análisis previo, adelgazar la estructura desconcentrada del INE, reduciendo de 5 a 3 integrantes las 32 Juntas Locales y de 5 a 1 las 300 Juntas Distritales, entre otras cosas.
En reuniones recientes con la estructura del INE en todo el país deliberamos en conjunto sobre los probables impactos de una eventual reforma electoral. Las y los escuchamos con toda seriedad, pues se trata de personas calificadas por la experiencia de muchos procesos electorales y muchos años en esas responsabilidades vitales para la buena marcha de la institución.
La reforma legal que está por concluir su aprobación en el Senado es la primera en la que esta institución no fue llamada ni escuchada, a pesar de contar con toda la información técnica y hasta pericial e histórica para haber configurado un gran paquete legislativo que permitiera un ajuste, necesario por cierto, a diversos procedimientos, normas y estructuras que ya requieren revisión y actualización.
Tomemos en toda su dimensión, con seriedad y con humildad, las enseñanzas de la lección de diciembre: era preferible renovarnos por nosotros mismos, como lo propuse desde agosto de 2020. Se trataba de una decisión estratégica, oportuna en su momento, de emprender una renovación y modernización propia que hoy el poder legislativo ha emprendido por su parte y que tendremos, si las rutas jurídicas que emprenderemos no disponen otra cosa, que implementar, en su caso, con estrechez temporal y astringencia presupuestal.
Muchos de los componentes de la reforma presentan cualidades y calidades jurídicas que nos llevan a pensar, con toda seriedad, que merecían mejor motivación y mayor fundamentación. Y en ese sentido, con toda responsabilidad, la estructura delegacional y la subdelegacional debe saber que el INE acudirá a todas las instancias jurisdiccionales disponibles porque ponderamos que en muchos de esos temas podemos presentarnos a la justicia y argumentar nuestra autonomía e independencia y defender la constitucionalidad de diversos componentes de esta reforma.
Creo que la justicia podría darnos la razón en los temas que abordan las diversas expresiones de dicha autonomía, como la presupuestal, la decisoria, la organizativa y la de gestión interna. Del mismo modo, en retener la función electoral en su clasificación de especializada, con todas sus consecuencias.
Tengo la confianza en las instituciones judiciales que conocerán del caso. En especial, en una Suprema Corte que ha iniciado una nueva etapa, con visión de futuro, sí, pero también de inclusión y de progresividad de los derechos humanos.
Es una Corte que está a la altura de las más importantes del mundo; que ha abrazado la nueva naturaleza conceptual del derecho, en la que, efectivamente, las normas se interpretan, sí, pero los principios se ponderan, y en la que el derecho es ahora tanto un sistema articulado con pretensión de corrección, como la institucionalización misma de la razón.
Se trata, creo, de uno más de esos momentos históricos de la institución, en el que veremos la madera de la que estamos hechos, en el que mostraremos nuestro sentido de república, nuestra pericia jurídica y técnica, nuestra seriedad profesional y nuestro papel de órgano garante de nuevos derechos políticos electorales fundamentales.
Lo más importante quizá, es acreditar de nuevo y como siempre, nuestra lealtad constitucional, nuestra convicción de servicio, nuestro vínculo con la sociedad, nuestro oficio democrático y nuestra fidelidad a la división de poderes, al federalismo, a una república representativa y democrática y desde luego, al derecho fundamental a elecciones libres y periódicas, sí, pero sobre todo auténticas, como establece la Constitución.