Desde inicios de año el debate público ha sido intenso predominando en los últimos días los cada vez más frecuentes incidentes en el Metro de la Ciudad de México -con un saldo de 30 personas que han perdido la vida y más de doscientas lesionadas tan soló en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum-, el plagio de la ministra Yasmín Esquivel, la salud del Fiscal Gertz Manero o el juicio de García Luna. Todos sin duda son temas importantes, pero es necesario que no olvidemos la grave situación que siguen enfrentando cotidianamente las mujeres en nuestro país y que lamentablemente se ha ido normalizando.
Apenas el jueves por la tarde, una joven de 16 años desapareció en el paradero de Indios Verdes mientras esperaba a su mamá quien entró al baño perdiéndola de vista por unos momentos y, al escuchar que su hija le llamaba salió de inmediato, pero ya no estaba. Al parecer, un hombre aprovechó para acercarse a María Ángela Olguín y llevársela sin que nadie se diera cuenta a pesar de encontrarse en un lugar muy concurrido. También se mencionó que poco antes, durante el trayecto del Metro Hidalgo a Indios Verdes, sintió un piquete en el brazo por lo que no se descarta que le hayan suministrado alguna sustancia química que la inhabilitara.
Afortunadamente María Ángela fue localizada con vida dos días después en el municipio de Nezahualcóyotl. De acuerdo con algunas versiones, vecinos la encontraron en un terreno abandonado, únicamente cubierta con una bolsa negra de basura y atada de pies y manos mostrando claras señales de violencia. Es probable que, de no ser por la presión que ejercieron sus familiares y amistades a través de manifestaciones y el cierre de vialidades, este caso hubiera pasado desapercibido como el de tantas otras jóvenes, y su suerte pudo haber sido muy distinta. Sin embargo, aún cuando el hecho de que haya regresado con su familia es una muy buena noticia, no debe darse carpetazo al asunto y permitir que quede impune, máxime que la propia María Ángela contó que en el mismo vehículo al que la subieron traían a otras niñas acostadas en el piso, lo que lleva a pensar que pudiéramos estar ante una red de trata de personas.
Si esto le sucedió a una joven que iba acompañada, en un espacio público supuestamente muy vigilado, con comercios alrededor y el paso de mucha gente, imaginemos la intranquilidad o miedo que deben sentir las mujeres que todos los días tienen que caminar solas, en la noche, por calles solitarias y poco iluminadas para llegar a casa después del trabajo. El riesgo que corren de ser víctimas de violencia en sus distintas manifestaciones es real, como también la posibilidad de que “desaparezcan” y no se les vuelva a ver. Según el Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en 2011 se reportaban alrededor de mil desapariciones de mujeres y niñas al año, pero a partir de 2020 la cifra se duplicó y para 2021 fueron 2 mil 871 concentrándose entre los 15 y los 19 años.
Otra noticia inquietante es el curso que está llevando el proceso contra el presunto autor intelectual del ataque con ácido sufrido por María Elena Ríos en septiembre de 2019 que le provocó quemaduras en el rostro y 90% del cuerpo, pues inexplicablemente un juez de control de Oaxaca ordenó modificar la medida cautelar de prisión preventiva concediéndole el arraigo domiciliario.
Juan Vera Carrizal, quien presuntamente planeó y ordenó el ataque -junto con su hijo que se encuentra prófugo- por venganza ya que María Elena Ríos terminó la relación sentimental que tenían ante las constantes agresiones que le propinaba, es un importante empresario gasolinero y ex diputado local que por su capacidad económica e influencias políticas podría darse a la fuga, aunado a que el domicilio asignado no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar que Vera Carrizal efectivamente permanezca en el lugar de acuerdo con el análisis realizado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Por si lo anterior no bastara, es también indignante que quien supuestamente cuidará a Vera Carrizal es su hija Guadalupe que ha sido acusada por amenazar de muerte a la saxofonista y su familia, al igual que el argumento del juez respecto a que como María Elena Ríos no había fallecido por el ataque, no se puede considerar feminicidio. Como ella misma reclama con desconsuelo, “ahora resulta que lo que hice mal para no obtener justicia fue sobrevivir”. Cuántas mujeres como María Elena, además de su miedo y dolor, tienen que lidiar con la misoginia y corrupción de las autoridades, así como muchas veces con la falta de apoyo e indiferencia de la sociedad.