La prohibición del TEPJF de utilizar la imagen caricaturizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque vulnera los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda, parece un hecho irrelevante. Pero no lo es.
El uso de caricaturas en las campañas es un recurso frecuente de la comunicación política. Sus antecedentes se remontan a los primeros medios impresos. Por su aparente simplicidad y el humor que les caracteriza se convirtieron en herramientas poderosas para influir y editorializar.
Las caricaturas primero, y después las figuras, siluetas o muñecos inspirados en éstas, han contribuido a elevar los niveles de reconocimiento de los personajes públicos. Debido a su gran impacto visual, también tienen la capacidad para despertar y mover emociones en forma instantánea.
En los tiempos de la Revolución Mexicana, la caricatura política fue un instrumento de presión que preocupó a la dictadura. Conscientes de la fuerza que logró durante ese período, los gobiernos emanados del PRI no solo censuraron o limitaron a los caricaturistas, sino que “persuadieron” a muchos para que incidieran de manera favorable en las opiniones.
Como resultado de dicha presión —y por supuesto de la calidad de sus obras—, los caricaturistas o moneros se convirtieron en líderes de opinión influyentes y apreciados por las y los lectores de los medios impresos. Sus colaboraciones ocuparon espacios relevantes. Y algunos las llegaron a considerar verdaderas armas políticas.
No obstante, ni en aquellos tiempos ni en éstos la caricatura, o cualesquiera de sus aplicaciones en objetos (peluches, camisetas, llaveros, tazas, figuritas de plástico, pintas, etc.), ha tenido el peso significativo para incidir en forma significativa en los resultados de una elección. Tampoco en ningún otro país.
En contraste, con su prohibición se levanta la polémica, se despiertan emociones que polarizan a algunos grupos de la sociedad y, por lo tanto, se termina favoreciendo directa o indirectamente a quien se sanciona. Desde esta perspectiva, entonces, se crea una paradoja: al tiempo que se cumple con la ley, se crea un efecto político contrario al esperado.
Si el poder de los llamados Amlitos fuera tan grande como algunos piensan, convendría una sanción ejemplar. Pero la inequidad o la violación a los principios de imparcialidad y neutralidad en los procesos electorales no está en la caricatura ni en los juguetes. Si se quiere llegar a fondo, la problemática real está en otras partes.
Partamos de que con la transición y la alternancia se generó un nuevo paradigma en las razones que mueven a la ciudadanía a votar por las y los candidatos. Los factores que influyen hoy en la decisión final está relacionada, por un lado, con los grandes efectos que hoy tienen la economía y la inseguridad en la población. Por el otro, con la polarización y la gran debilidad que tiene la oposición.
Por si no lo leíste: "Absurdo, prohibir uso de Amlitos": Julio Menchaca.
Aún más: no se puede ignorar el acceso de millones de personas a las redes sociales, con su consecuente percepción de liberación que nos ofrecen. Hoy, la libertad de expresión y el derecho a la información tienen, sin duda, nuevos mecanismos con los que opera la persuasión. Por lo mismo, el país cuenta con una ciudadanía mejor informada, más crítica y, en ciertos temas, más exigente.
En otras palabras, unos muñecos no cambiarán las tendencias en la intención de voto. Sería tanto como subestimar la inteligencia de la gente. Así que, al igual que sucedió desde las elecciones presidenciales de 2006, habrá imágenes caricaturizadas suficientes para quienes las quieran utilizar.
Como esto será inevitable, es necesario reflexionar sobre los siguientes puntos: ¿Cómo se evitará su producción y distribución si Morena no las paga “directamente”? ¿Quién podrá impedir la “piratería” de estos productos? ¿Quién castigará a las y los ciudadanos —o a las niñas y niños— por elaborarlos libremente, comprarlos, regalarlos o jugar con ellos?
Ahora vayamos a lo verdaderamente importante. En el actual escenario, el llamado “Factor AMLO” sí existe. Ciertamente la ciudadanía no va a votar en las elecciones que vienen por el presidente. Sin embargo, se tienen que considerar los elementos simbólicos que ha construido en torno a la investidura presidencial, la centralidad con la que ejerce el poder, su estrategia de comunicación y el control frecuente de la agenda pública nacional a través de las conferencias matutinas y narrativas que maneja.
Por lo tanto, la prohibición expresa de usar Amlitos en las campañas no irá más allá de pretender tapar el sol con un dedo, cuando la inequidad es consecuencia de otros instrumentos políticos y comunicacionales, con mayor poder e influencia sobre los medios y la sociedad.