Por angas o por mangas, los funcionarios públicos que el presidente de México ha decidido que serán los que buscarán la candidatura para la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos rémoras (Verde-PT), ya están en plena lisa; ya van, ya vienen, ya se presentan acá o allá con grupos de apoyo, porras, trompetas y matracas...
El pretexto es lo de menos: convenciones estatales de cualquier tono y modo, conferencias “magisteriales” frente a un público más ruidoso que atento. Son viajes por toda la República de reconocimiento de obra; de explicación de obra realizada como experiencia “de buen gobierno”; para apoyar tal o cual causa... y tanto más. Lo dicho, los pretextos sobran...
Con todo, las tres corcholatas —como de forma humillante se ha referido a ellos y ella el presidente de México— ya están haciendo todo para ser cada uno, a ojos del gran elector presidencial, quien podría ser ese candidato privilegiado en un momento privilegiado para poder ganar esas elecciones que se han construido durante todo este sexenio, desde el primer minuto de diciembre de 2018.
Son Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard Casaubón, Canciller mexicano; Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y más recientemente entre dimes y diretes Ricardo Monreal, líder del Senado mexicano.
Y ahí están ya: confrontados bajo la mesa. Las patadas resuenan aquí o allá. Los gestos políticos ocultos; la competencia del caiga quien caiga; las pérdidas y ganancias de terreno político-electoral; utilización del tiempo de gobierno para estructura y potenciarse como aspirante a la candidatura... Saben que quien resulte electo por el dedo supremo podría ser el-la presidente de la República Mexicana hasta 2030. Mientras, la oposición mexicana duerme el sueño de las manzanas.
De hecho cada uno de ellos, funcionarios públicos que juraron y juraron respetar y hacer respetar a la Constitución Política de México y las leyes que ella emanen, ocupan gran parte de su tiempo de responsabilidad pública institucional para atender tareas de proselitismo disfrazadas de actividad institucional, académica o de función pública...
Aunque esa misma Constitución y leyes emanadas, señalan tiempos de proselitismo electoral en caso de ser aspirantes a puestos de elección popular. Son leyes que los mismos integrantes de partido legislaron y aprobaron y quienes —por otras vías— de forma subrepticia violan cada día.
Ya antes el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió a cada uno de ellos que dejaran de hacer eventos que tenían más que ver con el tono electoral que con actos del tipo público y de gobierno.
Pero nada: resulta que precisamente las tres corcholatas principales han hecho eco de la animadversión presidencial al INE y lo menosprecian en sus advertencias... “al fin que ya va a desaparecer” dijo el secretario de Gobernación, quizá el menos indicado para decirlo pues es él quien deberá buscar la paz social, el equilibrio político y de gobierno.
Claudia Sheinbaum no para. De hecho ahora en una especie de impasse, luego de que el 7 de enero ocurrió la tragedia del choque de trenes en el Metro de la Ciudad de México mientras ella estaba en un “viaje de trabajo” por Michoacán y quien para regresar pronto ocupó el helicóptero oficial del gobierno michoacano para llegar tres horas más tarde.
Marcelo Ebrard hace lo mismo desde su amplísimo espacio de movilidad internacional. Por supuesto no deja de aprovechar oportunidad alguna para mostrarse como un político experimentado, digno de ser el candidato presidencial por Morena, si Palacio Nacional así lo considera.
¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos todo este movimiento político-electoral? Son millones de pesos que se gastan en tiempo, en viajes, en esos “espectaculares” en favor de la señora Sheinbaum en todo el país y que diputados federales dicen haber pagado para su instalación, cuando seguramente no salió de sus bolsillos. Cuánto cuestan —por ejemplo— los “amlitos” o los “marcelitos”, muñequitos simpáticos y aparentemente inofensivos electoralmente, o la mención de famosos futbolistas en favor del secretario de Gobernación con quien “se sienten a-gusto”.
Cada paso que dan, cada minuto que se salen de su cancha de responsabilidad nos cuesta a los mexicanos; lo pagamos los mexicanos, no sólo en la parte de recursos públicos sino en gasto político y de gobierno toda vez que dejan de cumplir con la responsabilidad voluntariamente adquirida cuando fueron nombrados para los cargos que ostentan.
De acuerdo con la ley, las campañas electorales durarán tres meses. Es decir, a partir del mes de marzo de 2024 comenzará este proceso. El proceso electoral, con todas sus formalidades, comenzará en septiembre del 2023, en aproximadamente 8 meses.
“Los actos anticipados de campaña vulneran las condiciones de equidad en la contienda, y no se ajustan sus conductas con las etapas que comprenden el proceso electoral, donde la campaña es el periodo establecido para buscar el voto ciudadano.” (Felipe de la Mata Pizaña)
Pero ya están ahí, en una guerra soterrada estimulada desde Palacio Nacional: corcholata contra corcholatas. No importa que el país esté envuelto en una ola de violencia criminal incontrolable, que la economía esté en vilo, que haya ingobernabilidad generalizada; que haya obediencia abyecta de gobernadores de Morena a mandatos de Palacio Nacional... (Ergo, Oaxaca)
Que la salud del país esté quebrantada; que la educación esté en niveles de primaria; que la violencia social esté a la vista...
No: nada importa; son ellos, “las corcholatas” maravillosas, dignas de ser candidatos presidenciales (nada de encuestas o consultas), siempre y cuando así lo decida el dedo flamígero de Palacio Nacional. El costo político para todos los mexicanos es alto y muy caro. ¿Y la democracia?