Pese a las múltiples críticas que se han generado por los nuevos planes de la administración del presidente Joe Biden en materia de inmigración, pocos pueden poner en duda que el mandatario estadounidense está haciendo lo posible por cumplir sus promesas tanto humanitarias como para el control de la frontera entre Estados Unidos y México.
Ante el caos, el drástico aumento y el cambio de los flujos migratorios en la frontera durante los últimos meses, el presidente Biden propone simultáneamente cambios para facilitar el ingreso legal de migrantes a Estados Unidos y para restringir las peticiones de asilo a las personas que crucen ilegalmente.
Para el caso del ingreso legal de migrantes a Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) planea autorizar la entrada de hasta 30 mil venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses mensualmente, o 360 mil por año, al amparo de la Sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad mediante la cual puede otorgar el estatus de “libertad condicional” a cualquier persona, renunciando a los límites habituales de entrada, por “razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo”. En principio, los inmigrantes elegibles estarán autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos hasta por dos años; no obstante, deberán acreditar un sinfín de condicionantes, entre ellas que cuentan con un patrocinador financiero establecido legalmente en el país; pasar controles de seguridad; tener pasaporte válido; no tener doble nacionalidad o ser residente permanente en ningún otro país; no tener condición de refugiado otorgada por algún otro país; no haber recibido una orden de expulsión de Estados Unidos en los últimos 5 años; estar fuera de territorio estadounidense y no haber cruzado ilegalmente a Estados Unidos, México o Panamá después del 5 de enero de 2023 (o del 19 de octubre de 2022 para venezolanos).
Entre los motivos por los que los nuevos planes de Biden de transformar la inmigración ilegal a legal se apliquen sólo a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses es porque estas cuatro nacionalidades representaron aproximadamente la mitad de todos los inmigrantes arrestados en la frontera con México durante 2022 que no fueron expulsados al amparo del Título 42 (una ley de salud pública y que rescindía en diciembre del año pasado) y que México se negó a aceptarlos. Para reforzar esta nueva medida, México acordó permitir que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) expulse hasta 30 mil venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos de regreso a México si cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos bajo la autoridad del Título 42, cuya expansión a largo plazo depende de cómo se desarrollen el nuevo programa de patrocinios financieros y los nuevos procesos de asilo.
Respecto a las peticiones de asilo, la administración Biden pretende crear un sistema más seguro y ordenado, esto se implementará a través de una aplicación telefónica de CBP con la cual los migrantes que ya estén en México y que busquen asilo podrán programar una cita para presentarse en uno de los puertos de entrada fronterizos seleccionados para solicitar su admisión a Estados Unidos, lo que permitirá, en teoría, que CBP anticipe los procedimientos; una vez que los solicitantes lleguen a un puerto de entrada, completarán el proceso con la toma de huellas dactilares para verificar sus identidades a lo que, posiblemente, le seguirá recibir una excepción humanitaria a la ley del Título 42 que actualmente prohíbe el asilo si demuestran una “vulnerabilidad” indefinida, requisito que podría desaparecer si se deroga el Título 42.
Sin embargo, una medida adicional del presidente Biden promete implementar una prohibición de asilo, con algunas excepciones, para cualquier persona que cruce ilegalmente desde México si no solicita asilo allí primero, pero esto aún está por definirse toda vez que el propio DHS ya manifestó oficialmente que México no es seguro ya que no brinda acceso estable a vivienda, ingresos y seguridad a los migrantes de ahí que el programa denominado “permanecer en México” haya concluido su aplicación en junio de 2021.
Todavía es pronto para ver si las medidas del presidente Joe Biden para apaciguar el caos en la frontera entre México y Estados Unidos y reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos funcionarán; lo que sí es cierto es que Joe Biden ha empezado a cimentar las bases de un nuevo proceso migratorio que lleve a menos personas a la frontera y que en sí mismo es una de las mayores extensiones al sistema estadounidense para legalizar la migración desde el Programa Bracero de los años 50.