México es un desastre en cuanto a la constitución de una cédula de identidad única basada en datos biométricos. Desde 2009 el gobierno de Felipe Calderón anunció el inicio de la emisión de dicha cédula, que correspondería a la Secretaría de Gobernación, vía el Registro Nacional de Población, con el objetivo de disminuir la suplantación de identidad y con ello los millones de fraudes que se cometen anualmente. En fin, muchos objetivos que nunca se han logrado.
El deseo frustrado de Felipe Calderón era concluir la expedición de lo que sería la primera cédula de identidad ciudadana. El entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy INAI, validó los planes calderonistas. Pero todo se derrumbó. Las críticas de la oposición frente al riesgo de entregar al gobierno información sensible de los ciudadanos fue uno de los diques.
Transcurrió el sexenio de Enrique Peña Nieto y nada se avanzó. Al llegar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se intentó revivir la idea, incluso el 3 de diciembre de 2020, en plena pandemia por covid-19, la Cámara de Diputados avaló una reforma a la Ley General de Población que facultaba, otra vez, a Gobernación a establecer un registro con los datos biométricos y dejaba a salvo la del padrón electoral en manos del INE.
Un documento oficial de la Secretaría de Gobernación, fechado el 25 de abril de 2022, reseña cómo el desastre continúa con la autodenominada “cuarta transformación”.
Para ese momento planeaba, se ignora si finalmente lo hizo, la solución de identificación biométrica para lo cual necesitaba adquirir una solución tecnológica con sus correspondientes herramientas informáticas para la Identificación y verificación biométrica de huellas, rostro e iris utilizando la fusión biométrica.
Reconocía un déficit en el servicio del Registro Nacional de Población para determinar de forma única y fehaciente la identidad de las personas de la población objetivo.
Todo el chistecito tiene un costo de 463 millones 708 mil 410.35 pesos.
Advertía que era probable que “decisiones políticas no permitan realizar la inversión o concretar el proyecto”, aunque también alertó que otros frenos posibles eran el no contar con propuestas técnicas que cumplan los requerimientos de la institución; problemas que afecten directamente a la legislación en materia de población, identidad identificación en México; no contar con personal suficiente para operar el proyecto de inversión o de plano no contar con los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución del proyecto.
Lo más probable es que se le haya juntado todo a la oficina de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.
El diagnóstico del gobierno de López Obrador aludía a varias causas que originaron el problema:
La primera de ellas es que se cuenta con información deficiente por fallas en la captura original o desactualizada y en cantidad insuficiente al no contar con información de toda la población objetivo, lo que impide asegurar un trabajo unificado, todo ello derivado de la multiplicidad de errores en los registros y carencia de uniformidad en las reglas para la captación de datos por parte de las entidades registradoras.
También detectaron la falta de políticas y procesos estandarizados y homologados para la captación, derivado de la autonomía con la que cuentan los registros civiles, por lo que frecuentemente se encuentran documentos de identidad con errores de origen o en la asignación de la CURP, ya que el proceso de generación de la CURP no estuvo homologado en sus inicios, presentó malas prácticas en el tema registral y a una presunta resistencia de ciertas dependencias a compartir información.
Para colmo, Gobernación admite carencia de personal suficiente para desplegar a nivel nacional, lo que limita la presencia en el país de esta institución y hace que la resolución de problemáticas o bien aclaración de dudas sea mucho más compleja de atender.
Así, en los hechos el gobierno de López Obrador admite que no logra tener certeza en la identidad de las personas, lo que como consecuencia trae que existan personas que no se encuentran registradas o se encuentran registradas de manera equivocada generando baja certeza en información contenida en las bases de datos, vulnerando la garantía permanente de la identidad.
El documento agrega lo que considera los efectos más graves:
Se permite el acceso indebido a beneficios en trámites y servicios a personas que no tienen derecho, afectando a quienes sí tienen derecho a ellos, generando pérdidas multimillonarias; se afecta la coordinación de las dependencias que registran personas permitiendo la existencia de personas con múltiples identidades que cometen delitos con impunidad al usar la identidad de otros o bien creando identidades inexistentes en perjuicio de otras personas que interactúan con ellos.
También, añade el documento, deriva en indefensión de grupos vulnerables, robo de niñas y niños, trata de personas, evasión fiscal, falsificación de documentos, fraude, suplantación de identidad, entre otros delitos.
Gobernación reconoce de este modo se contribuye a que “nuestro país se aleje de una sociedad en paz, armónica y con bienestar social. Lo anterior se robustece aún más, ya que hasta la fecha, México no cuenta con mecanismos que permitan acreditar la identidad de cada persona de manera segura, confiable y certera, poniendo en constante y permanente riesgo a toda la población mexicana, sin distinción alguna por edad, entidad federativa de registro, condición económica, social, étnica, por lo que el riesgo es latente para todas y para todos los mexicanos todos los días del año, en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas, en una clara situación que el Estado Mexicano nunca ha podido atender y hacer cumplir la ley, por lo que no ha logrado brindarle a toda su población la certeza mínima y necesaria de que no le sea robado lo más importante que tiene después de su vida, su propia identidad”.
Todo esto lo sabe el gobierno de López Obrador. Tiene el diagnóstico del desastre. Está a menos de dos años de concluir su gestión. Es altamente probable que el desastre lo herede a quien le suceda en la Presidencia de la República.
Punto y aparte. La ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, recibió de nuevo el embate del presidente López Obrador al señalar, sin pruebas, que con su llegada hace apenas dos semanas aumentaron “las injusticias” que, a su juicio, son ilegales. Pero la ministra no se arredra.
Punto final. Guillermo Calderón ha decidido guardar silencio. Uno supondría que porque está trabajando ante el (otro) desastre que es el Metro de la Ciudad de México. El ingeniero sigue siendo un lastre. ¿Hasta cuándo probarán el “sabotaje”?