El gobierno de Vicente Fox Quesada comenzó con dos tomaduras de pelo: la primera fue la contratación de empresas “cazatalentos” para elegir a los integrantes de su equipo y, la segunda, la conformación de un gabinete alternativo, que muy pronto entró en conflicto con el legal, por lo que aquél desapareció con más pena que gloria.
Ambas acciones —inéditas en la política nacional— fueron pensadas para generar efectos positivos en la imagen del panista y no como métodos para atajar uno de los grandes retos que tienen las administraciones públicas al iniciar: contar con las personas más adecuadas para afrontar los retos connaturales al ejercicio de la cosa pública.
Personas de gran valía como el ex rector de la UNAM, José Sarukhán Kermez, se sumaron de buena fe a un equipo que se formó al margen de los preceptos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, anomalía que terminó por desaparecer al grupo de asesores a quienes Fox jamás tomó en serio.
Irónicamente, en el gabinete legal de Vicente Fox estuvieron personajes siniestros que terminaron formando parte del gobierno de la “cuarta transformación”. Es el caso del entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero y de Alfonso Durazo Montaño. Fue Durazo el responsable del pésimo operativo en el que se detuvo y liberó —por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador— a Ovidio Guzmán López y quien tuvo uno de los peores desempeños al frente de la Secretaría de Seguridad. El mayor número de homicidios registrados hasta entonces ocurrió en los 699 días que duró su gestión.
La dudosa calidad ética de Gertz Manero se puso de manifiesto en, al menos, dos momentos: el primero, la detención de Alejandra Cuevas Morán, a quien intentó responsabilizar de la muerte de su hermano, y el segundo, la acusación por “delincuencia organizada” contra 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de quienes pretendió vengarse, luego de que estos protestaron por su designación como investigador de nivel III, en el Sistema Nacional de Investigadores, en razón de que el actual fiscal carece de experiencia para formar parte del selecto grupo.
En el intríngulis tuvo papel destacadísimo la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien sigue sin entregar los ventiladores y la vacuna Patria a que se comprometió desde el surgimiento de la pandemia por covid-19.
El discurso moralizante del sujeto que actualmente cobra como presidente de la República, ha topado siempre con la calidad ética de sus cercanos y colaboradores.
Fue la chiapaneca María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la responsable de la renuncia del ex rector Sarukhán, como titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y del nombramiento de su sustituto, Daniel Quezada Daniel, cuyo mayor mérito acaso sea el de haber sido militante de Morena en Tizayuca, Hidalgo.
Allí está también Rocío Nahle, quien sólo ha logrado encarecer el costo de la refinería de Dos Bocas en doce mil millones de pesos más que el presupuesto originalmente planteado y no ha podido refinar ni un litro de gasolina. En la misma tesitura aparece el diputado Miguel Torruco Garza, acusado de haberse robado una fotografía por su propio autor, el fotoperiodista Luis Antonio Rojas. Y qué decir del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que dejó ese estado en situación de desastre, pero que apoya abiertamente a su protector: el hijo predilecto de Macuspana.
Allí está también el ejemplo del actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, a quien se le recuerda por realizar eventos proselitistas, mediante el reparto de leche contaminada con excremento, amén de que fue un porro que nunca pudo titularse de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Sobresale Claudia Sheinbaum, quien ocultó el expediente del colegio Enrique Rébsamen, en el que fallecieron 26 personas. Se trata de la misma regenta que dio contratos sin licitar a José María Riobóo —esposo de la ministra plagiaria— como pago de favores al contratista favorito del habitante de Palacio Nacional, quien también forma parte del Comité Técnico para la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, en el que perdieron la vida 27 personas, sin que a la fecha haya detenidos.
Allí está el propio López Obrador, que se tardó 14 años en terminar su carrera y reprobó 16 materias durante su paso por la Máxima Casa de Estudios. Es el mismo presidente acusado de ser un “mentiroso”, por uno de los políticos que en algún momento lo calificó de “cruzado, místico e iluminado”: Porfirio Muñoz Ledo.
En el gobierno de la “cuarta transformación” no tienen cabida quienes provengan de la cultura del esfuerzo, porque se les califica de “aspiracionistas”. Es menester ser manipulador, corrupto y sinvergüenza, para formar parte de sus filas.