Aún y cuando hace unos días el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón concluyó que la tesis presentada en 1987 por Yasmín Esquivel para obtener el título de licenciada en derecho es una copia sustancial de la tesis original con la que se tituló un año antes el alumno Edgar Báez -lo que significa que la hoy ministra cometió plagio-, todo indica que va a quedar impune con el desprestigio que ello implica para las instituciones involucradas que optaron por recurrir a interpretaciones restrictivas que les permitieran eludir el problema.
Por un lado la UNAM argumenta que en la legislación universitaria no se contempla dicho supuesto y tampoco un procedimiento para esos casos, por lo que no puede invalidar el título profesional de Yasmín Esquivel, mientras que la SEP se lavó las manos al regresarle el asunto aduciendo que el titulo fue emitido por la Universidad Nacional y por tanto es la instancia competente para determinar su cancelación, a pesar de que conforme a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional para el ejercicio de profesiones, la autoridad educativa puede cancelar el registro del título por no cumplir con los requisitos así como revocar la cédula profesional.
Pero más allá de las consecuencias jurídicas que pudieran o no tener las graves denuncias presentadas -que han sido plenamente acreditadas-, así como de la obstinación de Yasmín Esquivel quien ya declaró que no piensa renunciar sin importarle el daño que está causando sobre todo a su “alma mater” y a la SCJN -lo que no sorprende dados sus antecedentes y el papel funcional para el que en realidad fue impulsada por el presidente como defensora de su proyecto político-, su permanencia en el máximo tribunal es insostenible.
De por sí no se destacaba por su reconocida trayectoria, su solidez jurídica y aportaciones al derecho o su independencia, e incluso su desempeño como magistrada y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal fue objeto de diversos señalamientos por posibles conflictos de interés. Ahora con el escándalo y las falsedades en que ha incurrido una y otra vez para tratar de desvirtuar las acusaciones, no ha hecho más que afectar aún más su muy precaria reputación, que es uno de los requisitos de elegibilidad establecidos por el artículo 95 constitucional para ser ministro o ministra de la Corte.
No sólo ha negado los hechos a pesar de las evidencias, sino que ha intentado culpar del plagio a Edgar Báez denunciándolo incluso penalmente por un delito que perfectamente sabe que ha prescrito, además de involucrar a un notario quien supuestamente dio fe de que Báez admitió haber tomado partes del trabajo de Esquivel para su tesis, lo que fue rechazado por el abogado Báez y el mismo notario Mastache tuvo que aclarar que no avaló el contenido del documento. También la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, cuya actuación en este caso ha sido sumamente cuestionable, primero filtró un comunicado en el que parecía que había resuelto a favor de la ministra, para después desmentirlo por la fiscal Godoy.
Bien lo señala Sergio López Ayllón, no sólo estamos ante un problema jurídico, se trata sobre todo de la ética de responsabilidad de la cual por lo visto carece Yasmín Esquivel quien, si acaso le quedara un mínimo de dignidad y por respeto a la sociedad, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Estado de derecho, debe renunciar como lo ha exigido el Consejo General de la Abogacía Mexicana entre muchos otros actores políticos, académicos y sociales.