El desarrollo de cualquier nación se mide a través de diversos indicadores sociales que reflejan el grado de bienestar de su población con base a las diversas políticas públicas que son instrumentadas por los gobiernos en turno. En especial, en un sistema democrático como el nuestro en donde el poder público surge de la voluntad popular de las y los ciudadanos que así lo manifestaron mayoritariamente a través de su voto, podríamos esperar las mejores condiciones recíprocas por parte del gobierno hacia con sus ciudadanos.
Veamos si estos parámetros se cumplen con uno de los aspectos que más reflejan el óptimo desarrollo de la población: su ocupación y su empleo.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), presentada por el INEGI a finales del mes de noviembre del año pasado presenta datos interesantes. De entrada, el INEGI estima que 59.5 millones de personas se registran dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) que representa a su vez casi el 60% de la población de 15 años y más que asciende a 99.2 millones de personas.
Por sexo la PEA masculina alcanzó 35.8 millones de personas, en tanto que la PEA femenina fue de 23.7 millones; la diferencia son más de 12 millones de personas, por lo justamente aquí encontramos un elemento de desigualdad de oportunidades para un sistema democrático que busca generar un esquema equitativo y de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por lo que el Legislativo tendrá que trabajar arduamente en generar y perfeccionar diversas disposiciones legales para alcanzar estos objetivos impostergables y, por su parte, el poder público generar las políticas públicas adecuadas para empoderar al género femenino.
El INEGI también revela aumentos de personas económicamente activas en rubros como el comercio, la industria manufacturera y otros servicios. De igual forma, se observa un crecimiento de la población ocupada en establecimientos como micronegocios y en medianos establecimientos.
Al interior de la PEA el INEGI identifica dos tipos de población: la ocupada y la desocupada. Por lo que respecta a la población ocupada, está la que participa en la generación de algún bien económico o en la prestación de algún servicio que se estima en poco más de 57 millones de personas. De este registro, resalta que prácticamente la mitad de la población ocupada (49.4%) se concentra en las ciudades más grandes del país, lo que permite observar que dicha centralización no beneficia la generación de oportunidades para prácticamente la mitad de la población ocupada.
Las entidades federativas que presentaron mayores tasas de participación en la actividad económica fueron Baja California, Colima, Yucatán, Nayarit, Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua; en tanto las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se registraron en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; las más bajas las tuvimos en Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, Chihuahua y Baja California.
Otros datos importantes de la población ocupada es su posición que guarda en su trabajo, así, tenemos que 38.9 millones de personas (22.8%) trabaja por su cuenta y sin emplear a personas; 2.9 millones (5.1%) fueron propietarias y propietarios de los bienes de producción con personal a su cargo, y 2.5 millones (4.3%) no recibieron remuneración.
El INEGI estima que la población desocupada alcanza los 2 millones de personas.
Ahora bien, en otro extremo, la Población No Económicamente Activa (PNEA) que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupadas o desocupadas, alcanzó un registro de 39.7 millones de personas, lo que equivale al 40.1% de la población total de 15 años y más de edad. De esta cifra resalta que 5.8 millones de personas manifestaron su disponibilidad de trabajar.
Estos datos obtenidos por el INEGI son registros que deberán tomar en cuenta los cuerpos legislativos para la conformación o mejoramiento de leyes que incentiven, por un lado, la inversión y expansión del mercado productivo y, por el otro, la apertura de oportunidades para la incorporación de personas a alguna actividad económica.
Es vital, de igual forma, que el poder público haga los diagnósticos, que bien puedan iniciar con este tipo de Encuestas para conocer las necesidades de la población y establecer las políticas adecuadas que generen bienestar de la población. De lograrlo, nuestra nación será mejor, así como su ciudadanía y su sistema democrático.