Empecemos con una premisa: un sistema fiscal es sostenible cuando los recursos públicos son suficientes para cumplir con todas las obligaciones sociales y económicas presentes y futuras (e.g. salud, educación, infraestructura). En sentido contrario: es insostenible si, en un futuro próximo o lejano, los ingresos tendrán que ajustarse significativamente para cumplir con el gasto público prometido y comprometido. De ser el caso, esto implicaría un trato desbalanceado entre las generaciones presentes y futuras: puesto que, si se gasta más hoy, mañana tendremos que gastar menos y, por consiguiente, los actualmente vivos recibirían más que los que vendrán.
Lo anterior se deriva de la siguiente matemática: para todo gasto, es necesaria una fuente de ingresos, ahora o en el futuro. A esto se le llama "restricción presupuestaria intertemporal" y es un "indicador de la sostenibilidad fiscal" cuyo propósito es proyectar la trayectoria de la deuda en el largo plazo, incluyendo aspectos económicos, demográficos e intertemporales. Esta última entendida como el resultado de gastar más de lo que se tiene o de recaudar menos de lo que se necesita.
No obstante, no es el único "indicador". Existen, al menos, otros dos: la deuda como proporción del Producto Interno Bruto y la deuda en relación con la población viva en un determinado año. Cada una, hay que reconocer, con sus propias virtudes. La primera, por ejemplo, implicaría la cantidad de recursos económicos generados en un año que tendríamos que destinar para saldar la deuda. La segunda representaría la cantidad de recursos que cada persona tendría que aportar para también liquidar la deuda. Sin embargo, la restricción presupuestaria intertemporal agrega una nueva dimensión: la equidad intergeneracional, pues representa los ajustes necesarios, ya sea de los ingresos o de los gastos actuales, para no heredar obligaciones a aquéllos por venir.
Con todo lo mencionado, el Paquete Económico 2023 no resuelve los temas pendientes que, desde 2009, existen sobre la sostenibilidad y la inequidad entre generaciones del sistema fiscal. Concretamente, si mantuviéramos dichas políticas constantes hasta 2030, el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público representaría entonces 71% del PIB; o 186 mil 910 pesos por persona; o una reducción de los gastos en 26.6%; o un incremento en la recaudación de 32.2% para cumplir con todas las obligaciones públicas presentes y futuras.
Ahora que inicia el año, es importante reflexionar sobre los retos pendientes. Ante una productividad laboral que, además, ha decrecido anualmente en 0.1% desde 2005, al menos, tendríamos que repensar nuestras prioridades públicas en primera infancia, educación, salud e infraestructura, puesto que esto prepararía a las futuras generaciones para enfrentar exitosamente cualquier obligación que, aparentemente, ya les estamos dejando.
*Ricardo Cantú Calderón
Director adjunto de operaciones y fortalecimiento institucional CIEP
Es doctor en Política Pública y maestro en Economía y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es un programador apasionado y autodidacta, creyente de que se pueden democratizar las finanzas públicas. Es por esto que desarrolló el Simulador Fiscal CIEP: herramienta en línea que permite a sus usuarios, de manera gratuita, hacer propuestas de política pública y entender sus consecuencias en la redistribución del ingreso y sostenibilidad fiscal. Ha laborado con instituciones como el Global Development Network, East-West Center, Universidad de Harvard y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es co-fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).Quiere que todos los niños y niñas nazcan libres de deuda.