“De una vez, para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”. Fue la frase exultante del virrey de la Nueva España en 1767, Marqués de Croix, dirigida a los habitantes de estos territorios que luego serían México.
Pues nada, que de pronto y más que nunca antes, la división de poderes que es un mandato Constitucional en la conformación de la República Mexicana está en entredicho. Todo hace suponer que las cosas no han cambiado y que todo, como antes, sigue igual o, de otro modo, pero lo mismo.
Porque es cierto: no es esta la primera vez que esa separación de responsabilidades y factor de equilibrio para garantizar la supremacía del derecho, la legalidad, la justicia, el orden y la armonía nacionales está a disposición de uno de los tres poderes. Entonces y ahora predomina el Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Queda claro que ‘El principio de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva como instrumento para los fines del bien común y no para el beneficio de quienes lo ejercen con motivo de su cargo’ y, por tanto ‘el principio de división de poderes supone la verdadera existencia del estado democrático y del ejercicio de las libertades’.
Durante años –casi todo el siglo XX y principios del XXI– fuimos testigos de cómo un Poder Ejecutivo predominaba sobre esos otros dos poderes. Los sometía y estos respondían al interés del poder supremo del Ejecutivo.
Y esto era así porque ese mismo poder supremo Ejecutivo otorgaba posiciones, entregaba ese poder para tener controlada la ‘legalidad’ de sus hechos. Sus operarios eran casi siempre obedientes operarios del mandato presidencial.
Pero así como otorgaba ese poder también lo retiraba y sustituía a los operarios para tener siempre gente dispuesta a ‘obedecer y callar’ para mantener salarios y privilegios: poder, se dice, aunque este estuviera tan menguado que de él sólo valía la tarjeta de presentación.
Y lo dicho: todo eso que queríamos cambiar en julio de 2018 y que creíamos que cambiaría para bien de la República, para bien de la democracia y para beneficio de la convivencia pacífica y productiva… pues nada. Sigue ahí, como el dinosaurio de Tito Monterroso.
Porque esto que deplorábamos tantas veces en el pasado está aquí mismo, cada día, en el acoso y regaño de un poder supremo presidencial en contra de quienes osen estar en contra de sus decisiones, sean o no legales o fuera de ley o norma.
No hace mucho, el mismo Ejecutivo acusó a partidos de oposición en la Cámara de Diputados de ser “enemigos de la patria” por no votar en favor de su Reforma Eléctrica. Inmediato las huestes Morenistas enfilaron sus adjetivos, descalificaciones y agresiones en contra de los legisladores renuentes a la obediencia. Acaso también por sus propios intereses y no precisamente nacionales.
En días pasados, frente al nombramiento del presidente en turno del Senado de la República la división del partido mayoritario –Morena– estuvo más que evidente. Pero en el caso de “los duros de Morena” no para construir, sino para destruirse a sí mismo como poder.
Lo dijo el mismo senador vocero de esas durezas: César Arnulfo Cravioto Romero, senador suplente de Martí Batres quien se ocupa de asuntos de la capital del país en el gabinete de la señora Claudia Sheinbaum:
"Yo tengo un líder político y se llama Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que estoy aquí (en el Senado de la República) para respaldar todo lo que mande el presidente". Eso dijo ese día Cravioto. Y lo dijo porque el mandato presidencial era de que se le hiciera presidente del Senado a Higinio Martínez, político del Estado de México que aceptó hacerse a un lado para dar paso a la candidatura morenista de Delfina Gómez para el gobierno de ese estado.
Por los mismos días ocurre que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de discutirse el sí o no de la “prisión preventiva oficiosa”. El ejecutivo insiste en que debe mantenerse este recurso judicial. Pero otros dicen –en la misma SCJN– que esto es violatorio de los derechos humanos y de la libertad… en tanto se lleva a la cárcel a gente que podría ser inocente… Y así.
Palacio Nacional arremetió en contra de sus cuatro ministros recomendados: “Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría … ¿Qué creen? Me equivoqué“, lamentó en su conferencia matutina del 2 de septiembre pasado. “Ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia” … “Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos … y que cada quien asuma su responsabilidad, ya nos cuesta trabajo contar con cuatro de los 11?, dijo.
Los cuatro ministros propuestos por López Obrador son Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara. Tres de los cuatro, de inmediato desestimaron la propuesta del ministro Luis María Aguilar para evitar abusos mediante la prisión preventiva oficiosa.
Independiente de los resultados de los debates y análisis en cada uno de los poderes en donde el poder supremo pone la mano, lo cierto es que esta muestra de autoridad y de supremacía contradicen seriamente el mandato constitucional de respetar y hacer respetar sus leyes, contradice la separación de poderes para generar equilibrio y evitar abusos de uno de ellos, cualquiera.
Y volvemos a la vieja historia del principio, la del despotismo ilustrado: “De una vez, para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”.