El día 26 de cada mes, sin falta, ante el Consulado General de México en Nueva York miembros de la comunidad mexicana organizaban una manifestación para expresar su descontento por la falta de resultados en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. A lo largo de los meses y los años, distintos personajes acompañaron las manifestaciones; desde familiares de los desaparecidos hasta activistas nacionales y extranjeros. Las manifestaciones que se organizaban en los meses de noviembre y diciembre tenían un sentido especial ya que coincidían con la celebración del famoso Día de Gracias (Thanksgiving) y luego la navidad, contrastando el espíritu festivo de las fechas con el duelo por la pérdida de los jóvenes.
Uno de los mensajes que escuchábamos desde el Consulado durante las manifestaciones, era la convicción de que el ejército había participado de alguna manera en la desaparición de los 43. Hace años, dicha convicción parecía más un derivado de las raíces ideológicas de algunos de los manifestantes (durante las manifestaciones mencionaban personajes de la histórica guerrilla mexicana) que a conclusiones basadas en los hechos.
La nueva narrativa actual sobre lo sucedido parece darles la razón. Sin embargo, como es una costumbre en nuestro país y se ha comentado en este espacio, la publicidad que se les da a las investigaciones policiales, que debieran ser confidenciales, pudieran convertirse en un problema.
De confirmarse que hubo militares activamente involucrados en la ejecución de las víctimas o en el encubrimiento de lo sucedido, sus responsabilidades penales son evidentes. Por otro lado, si se pretende también perseguir, como se ha anunciado, la hipótesis de la responsabilidad de miembros del ejército por no haber impedido lo que estaba ocurriendo en aquel septiembre de 2014, existe un dato que podría resultar útil para la defensa de algunos de los implicados, y que precisamente se encuentra hoy en la discusión pública. Esto es, la iniciativa de reformas legales para incorporar la Guardia Nacional (GN) al Ejército. Recordemos que fue hasta el 2019 que se expidió el decreto que crea la GN, mismo que incluyó un transitorio que habilitaba a las Fuerzas Armadas para realizar labores de Seguridad Pública. Es decir, el debate actual hace patente que en el 2014 no existía protocolo alguno ni descripción legal de facultades y obligaciones para la actuación del ejército en un evento como el de Ayotzinapa. De ser así, salvo evidencia de una participación directa en los sucesos, podría no haber responsabilidad legal clara para algunos militares.
Otro punto sensible será la determinación de la autoría intelectual de la desaparición de los estudiantes. Parece que la DEA entregó a México la transcripción de mensajes de texto en los que aparentemente se desprende que jefes de un grupo criminal, radicados en Chicago, fueron quienes ordenaron a sus cómplices, incluidos algunos policías en Guerrero, la detención y posterior ejecución de los jóvenes. Si esto se corrobora y se usa en procesos judiciales para inculpar a quien se deba en Ayotzinapa, se requerirá una enorme ingeniería legal que permita que, al mismo tiempo de usar a los de Chicago como autores intelectuales de lo sucedido, se conserve el espacio suficiente para seguir insistiendo que fueron los Abarca quienes ordenaron también la matanza de estudiantes, ya que también existen, aparentemente, otras evidencias apuntando al alcalde y diferentes líderes criminales ordenando con sus propios mensajes de texto el homicidio colectivo.
Estas dos hipótesis paralelas, que pueden rayar en lo contradictorio, tendrán que coexistir jurídica y lógicamente con la nueva narrativa que describe lo ocurrido como un crimen de estado, porque además de los Abarca y los de Chicago, fueron funcionarios de alto nivel del gobierno federal quienes de alguna manera, y al mismo tiempo, ordenaron el crimen.
Esa ingeniería jurídica habrá de pintar las líneas de responsabilidad usando, pero esquivando al mismo tiempo, los eslabones intermedios que ya han sido exonerados de las acusaciones por su supuesta participación en los homicidios.
Claramente hubo miembros del crimen organizado y funcionarios de distinto nivel en México involucrados en esta tragedia. Esperemos que la narrativa judicial sea coherente antes de que, otra vez, los amparos nos vuelvan a romper el corazón (el ex procurador recibió el primero hace un par de días).
Ya las varias hipótesis y filtraciones han dañado el caso. Tenemos tanto interés en conocer los secretos de las investigaciones que nos importa poco si las autoridades o periodistas nos regalan filtraciones, aunque así se perjudiquen las investigaciones.
En caso de no obtenerse los castigos que los hechos exigen, nuevamente podría ser México objeto de otro juicio ante instancias internacionales. En esos procesos, como los que se llevan ante la Corte Interamericana, completamente sí, el Estado sería señalado como el responsable, ya sea porque sus funcionarios participaron en las desapariciones, o porque otros funcionarios no lograron castigar a los responsables. Ya veremos.