Los ingresos públicos son insuficientes para enfrentar las necesidades de la población, cumplir las promesas del gobierno federal y las de los gobiernos locales. Esto ha sido particularmente cierto desde 2009, cuando la política fiscal dejó de ser equilibrada, en un inicio por la crisis financiera internacional, para convertirse en una permanentemente apalancada en el endeudamiento. Es decir, como país, empezamos a presupuestar, desde hace catorce años, un gasto público superior a las capacidades de recaudación legalmente instaladas.
No obstante, dicho déficit presupuestario tiene un costo, tanto para las presentes generaciones, como para las futuras. Primero, entendamos que el financiamiento no es un ingreso (sólo es un recurso) y que conlleva, inevitablemente, dos compromisos fiscales: uno, regresar lo prestado (y todavía no recaudado) y, dos, pagar sus costos asociados. En este sentido, con un presupuesto público donde el 14.6% es cubierto con endeudamiento, significa trasladar esos compromisos a las futuras generaciones: a las y los niños de hoy y a las y los que todavía no nacen. Segundo, reconozcamos además que, una vez endeudados, su costo financiero se convierte en un gasto ineludible. Es decir, legalmente, podemos dejar de gastar en educación, salud e infraestructura, pero no podemos dejar de pagar estos compromisos de la deuda. Por lo tanto, un desequilibrio presupuestario significa reducir el espacio fiscal para hacer política pública que beneficien a los hogares e individuos actualmente vivos.
La deuda no es mala en sí misma, el problema central es ¿por qué gastamos más de lo que necesitamos o por qué recaudamos menos de lo que podemos? En un contexto con alto rezago educativo, sin acceso universal a la salud y con un crecimiento económico fundamentalmente impulsado por el bono demográfico y no por incrementos en la productividad laboral, queda claro que falta mucho más por hacer en términos de política pública. Entonces, si necesitamos impulsar el gasto, bajo la restricción de no seguir trasladando obligaciones al futuro, sólo resta aumentar los ingresos; aunque cuidando no afectar a las inversiones ni alterar el bienestar social, especialmente de los hogares con menores recursos.
Ahora bien, si no consideramos el endeudamiento, los ingresos públicos representarían el 22.7% del PIB en 2023. Su principal fuente sería el Impuesto Sobre la Renta (ISR); en primer lugar, por lo que pagarían las personas morales (4.1% del PIB) y, en segundo, por lo que contribuirían los asalariados (3.7% del PIB). Le siguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los ingresos propios de Pemex (4.5% y 2.6% del PIB, respectivamente). En este sentido, si cuantificamos el gasto federalizado (7.7% del PIB), todo el ISR se iría a solventar dichas obligaciones a estados y municipios. Adicionalmente, si observamos el gasto en pensiones (5.4% del PIB), representaría más que toda la recaudación por IVA. Por lo tanto, dado que los ingresos propios de Pemex serían para la operación de la misma empresa, el nivel recaudatorio es muy bajo para atender el resto de las obligaciones fiscales: educación, salud, inversiones, más el costo financiero de la deuda ya mencionado.
Para el futuro muy próximo, es necesario revisar dos situaciones: cómo estamos gastando y cuánto estamos recaudando. Ambos análisis deben ir de la mano. De nada sirve aumentar los ingresos públicos si éstos se gastan de manera ineficiente. Tampoco sirve gastar más si no tenemos las fuentes suficientes de recursos. La deuda no resuelve el problema; únicamente lo posterga. Nos urge empezar el debate sobre qué queremos como país y sobre qué tendríamos que hacer fiscalmente para conseguirlo, sin sacrificar a las presentes ni a las futuras generaciones.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) publicó las Implicaciones del
Paquete Económico 2023. El documento está disponible en https://paqueteeconomico.ciep.mx/
* Ricardo Cantú Calderón
Director adjunto de operaciones y fortalecimiento institucional CIEP
Es doctor en Política Pública y maestro en Economía y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Es un programador apasionado y autodidacta, creyente de que se pueden democratizar las finanzas públicas. Es por esto que desarrolló el Simulador Fiscal CIEP: herramienta en línea que permite a sus usuarios, de manera gratuita, hacer propuestas de política pública y entender sus consecuencias en la redistribución del ingreso y sostenibilidad fiscal. Ha laborado con instituciones como el Global Development Network, East-West Center, Universidad de Harvard y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es co-fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).Quiere que todos los niños y niñas nazcan libres de deuda.