La corrupción proviene del latín “corrumpere” que significa echar a perder y bajo este significado muchos conceptos pueden extenderse y que le son similares tales como putrefacción, descomposición, podredumbre, entre otros. De ese tamaño son los alcances de la corrupción.
En el ámbito público la corrupción está relacionada con el abuso del poder, es decir, con el uso faccioso del poder público para beneficio propio o de una organización política dejando de lado el compromiso social de beneficiar a la población. Este factor de corrupción aumenta cuando no hay leyes que eviten las diversas prácticas desleales a las normas jurídicas o las mismas son incompletas lo que hace imposible evitar la gangrena de la corrupción.
La corrupción cuando permea a diversas estructuras de un Estado e incursiona directamente en la administración pública genera impunidad lo que pervierte otros ámbitos como el económico y el social, atentando contra un Estado de Derecho y desarrollando un desequilibrio social que puede provocar manifestaciones sociales de diversas magnitudes según los grados de corrupción existentes.
En México de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del INEGI, publicado el 24 de mayo de este año, y cuyo objetivo es recaudar información sobre el grado de satisfacción respecto a servicios públicos básicos, revela información por demás contundente sobre los efectos de la corrupción de donde destacan los siguientes aspectos:
Durante el año 2021 el 86.3% de la población manifestó frecuentes los actos de corrupción en las instituciones del gobierno; la tasa de incidencia fue de 25,995 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
El Estado de México, por ejemplo, registró en 2021 poco más de 17 mil víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes que, junto con los estados de Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo, la Ciudad de México, Sonora, Tabasco y Veracruz son las entidades con más registros a nivel nacional.
En 2021 la ciudadanía manifestó que el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayor porcentaje de corrupción alcanzando un 65%.
En mucho menor medida, pero con registros de corrupción tenemos los trámites fiscales, el pago al servicio de luz, al pago de la tenencia vehicular, entre otros.
En 2021 se estima que el costo de los múltiples actos de corrupción ascendió a casi 9 mil 500 millones de pesos, lo que equivale a poco más de 3 mil pesos por cada persona afectada.
México fue sede e impulsor mundial del combate contra la corrupción cuando en diciembre de 2003 se realizó la Conferencia Política de Alto Nivel que se efectuó en Mérida, Yucatán en donde los países miembros de Naciones Unidas firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Esta Convención tiene por objetivo la cooperación internacional para la adopción de medidas que prevengan y, en su caso, sancionen los múltiples actos de corrupción. Asimismo, la Convención considera indispensable la adopción de códigos de conducta principalmente para el servicio público, medidas adecuadas para la contratación pública, entre otros aspectos.
Bajo este contexto, es de resaltar que el pasado 22 de septiembre en el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México se realizó el lanzamiento de la Red Nacional de Legisladoras y Legisladores Anticorrupción, Región Centro que, de la mano con la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) se busca combatir la corrupción y, con ello establecer bases para una mejor gobernabilidad para beneficio de la población.
La GOPAC cuyo objetivo es combatir la corrupción, se integra de Capítulos Regionales y Nacionales; los primeros generan un intercambio de experiencias que permiten identificar áreas de oportunidad para combatir la corrupción; los segundos, con base en la experiencia acumulada, edifican una estructura que puede materializarse en una ley que, en coordinación con el órgano legislativo perfeccionan una norma.
El Congreso del Estado de México consciente de este cáncer lanza esta Red de Legisladoras y Legisladores contra la Corrupción con el objetivo de sentar las bases que obliguen a revisar las normativas y en su caso, a adecuarlas y reformarlas con el fin de edificar las normas suficientes que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la corrupción y, el Estado de México será punta de lanza en este enrome reto.