Se están cumpliendo dos tercios de la actual administración federal y una vez más el presidente López Obrador anunció que ahora si para el próximo año tendremos servicios médicos de primer nivel. Sin embargo, el tiempo se agota y no hay nada que nos permita pensar que efectivamente podrá cumplir con la promesa que hizo desde el inicio de su gobierno para contar con un sistema de salud como en los países nórdicos.
Es cierto que se atravesó la pandemia con la enorme demanda que ello implicó -no se debe olvidar que México aportó el mayor número de muertes por millón de habitantes con 5,723.5 conforme a un estudio The Lancet-, y que anteriormente nuestro sistema público de salud ya enfrentaba carencias importantes y se presentaban muchos abusos e incluso casos de corrupción -que inexplicablemente no fueron denunciados formalmente e investigados-, pero a decir verdad poco se ha hecho para corregir la situación que incluso se ha agudizado debido a la improvisación, falta de experiencia, y malas decisiones. Los datos que tanto les molestan hablan por sí mismos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 18 millones de personas que contaban con el desaparecido Seguro Popular hoy no tienen acceso al INSABI, por lo que en muchas ocasiones se ven obligadas a buscar atención médica privada -como los consultorios de farmacias a los que han descalificado- con el gasto que les representa. En este sentido, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) arroja que en 2021, el 54% de la población acudió a servicios privados y sólo 40% se atendió en los servicios públicos de salud, además de que no se surtieron alrededor de 24 millones de recetas por desabasto en medicamentos.
Por su parte, el colectivo Cero Desabasto reporta que tan sólo durante el primer trimestre de 2022, el IMSS ha negado más recetas que en todo el 2019, y que más del 25% de las demandas de medicamentos no fueron surtidas por el INSABI e IMSS-Bienestar. Otro tema de gran preocupación es la drástica caída en la vacunación ya que dos de cada tres niñas y niños no cuentan con su esquema completo, siendo que hasta 2018 la cobertura era de aproximadamente 97%. Tampoco se ha dado la debida importancia a la llamada viruela del mono.
Es indignante, mejor dicho, es inhumano que sigan pasando los meses y por incapacidad o indolencia no se garantice el tratamiento adecuado a pacientes con cáncer poniendo en riesgo su vida, o que se exponga a nuestra niñez a enfermedades que habían sido erradicadas. Sin embargo, a pesar de los graves problemas que enfrenta la salud pública en nuestro país, se le niega apoyo a instituciones como Fucam, arremeten contra organizaciones como Nariz Roja, y proponen disminuir en términos reales los recursos para salud -lo que seguramente concederá la mayoría en la Cámara de Diputados que actúa como mera oficialía de partes- pues las prioridades de este gobierno son otras.
Baste observar que en el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año, se contemplan 103 mil millones de pesos para compra de medicinas, monto menor en 12 mil millones de pesos al de 2022. También se plantea un recorte de 16 mil millones de pesos para el programa de vacunación que pasa de 30 a 14 mil millones de pesos, y disminuye en 53% la partida para medicinas y productos farmacéuticos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, en 96% para equipo médico y de laboratorio del Hospital Infantil de México, y en 73% para el Instituto Nacional de Pediatría. Al Instituto Nacional de Cardiología se le quitan casi 52 millones de pesos (2.6%) y a Nutrición poco más de 24 millones (1%). ¿Cómo explicar esto cuando el presupuesto solicitado de 8.3 billones de pesos para 2023 supera en 1.2 billones de pesos al actual y es el mayor en 14 años? ¿Cómo pretender lograr un sistema público de salud como el que nos ha prometido el presidente con menos recursos? Bien dicen que política que no se refleje en el presupuesto es pura demagogia.