Durante la administración de EPN, Emilio Lozoya, como director de Pemex, y Emilio Zebadúa, como oficial mayor de Sedesol y de Sedatu, habrían utilizado al menos 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios realizando adjudicaciones directas con universidades, sí, como parte de la estafa maestra, y gran parte de dicho dinero, aunque les cueste trabajo creerlo, terminó en sus bolsillos.
Durante los últimos cuatro años mucho se ha hablado de la estafa maestra y de manera injusta se ha vinculado exclusivamente a Rosario Robles. Sin embargo, lo que poco se ha dicho es que en ese esquema de contrataciones, que en su momento fue investigado y publicado por reporteros de Animal Político, participaron 11 dependencias que la utilizaron una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Sólo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 mdp y, de este dinero, se presume que al menos –inhale y exhale– 3 mil 433 mdp se quedaron en manos de los dos Emilios.
De esos 7 mil 670 mdp que fueron entregados a 186 empresas, de las cuales 128 de ellas no debían recibir recursos públicos porque no contaban ni con la infraestructura ni con personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen, las tres principales dependencias involucradas fueron…
–Redoble de tambores– Pemex, Sedesol y Banobras. ¡Quihúboles, no Sedatu y Sedesol!
El mecanismo que la ASF, de Juan Manuel Portal, no dudó en calificar como un fraude millonario fue orquestado, en su gran mayoría, por los dos Emilios; sin embargo, y casualmente, a ninguno de los dos los han tocado ni con el pétalo de una rosa.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 mdp fueron entregados a empresas fantasma, cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos no hay evidencia documental de que éstos hayan existido.
No obstante, por razones aún desconocidas (aunque sospechas hay muchas), la FGR no ha querido emprender acciones legales por el tema de la estafa maestra en contra de Emilio Lozoya y tampoco contra Zebadúa.
En el caso del primero, no olvidemos que está siendo procesado por los casos de Agronitrogenados y por el de Odebrecht, pero no se le ha iniciado proceso alguno por la desviación de recursos a empresas fantasma en el mecanismo de la llamada estafa maestra. Aquí Lozoya ha sido perdonado inexplicablemente.
En el caso del otro Emilio, Zebadúa, la institución a cargo de Gertz Manero tampoco ha querido ir al fondo del asunto, pues a pesar de haber confesado públicamente que él fue responsable de desviar recursos en Sedesol y en Sedatu, la FGR ha decidido que la acusación en su contra duerma el sueño de los justos, mientras el comesolo se pasea de lo lindo hasta en el extranjero.
De acuerdo con la investigación documentada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción, también estuvieron involucradas:
La SEP, en la época de Emilio Chuayffet; Fovissste, con José Reyes Baeza Terrazas; Agricultura, con Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la SCT, y la Secretaría de Economía.
Las universidades involucradas son:
La Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche) y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
Para eludir la Ley de Adquisiciones, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. La ley permite hacerlo, pero sólo si las universidades realizan al menos 51% del servicio contratado.
Sin embargo, en su declaración ministerial de 2020, Zebadúa admitió que éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados para: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir.
Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre 10 y 15% del total del convenio.
Esta triangulación viola la ley, como han reconocido varios funcionarios públicos. Pero, además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener los contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.
Personal de las universidades investigadas, que habló bajo el anonimato, afirmó que, en el caso de Sedesol y Sedatu, emisarios de Emilio Zebadúa construyeron y operaron convenios a modo para el esquema de desvíos.
Hoy sabemos que Lozoya y Zebadúa no sólo deberían ser señalados por el robo de recursos de la llamada estafa maestra, sino que deberían estar sometidos a sendos procesos judiciales que determinen legalmente su responsabilidad.
Sin embargo, ambos, misteriosamente, gozan de la protección de la FGR.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.