El pasado 14 de septiembre se cumplieron dos años de que el Senado me eligió como uno de los integrantes de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El momento era complicado: vivíamos los peores meses de la pandemia y, a causa de ello, la virtualidad se presentaba como alternativa -casi obligatoria- para desarrollar la vida, campañas políticas incluidas.
En ese marco, me comprometí ante la Comisión de Justicia de la cámara (órgano ante el que se desarrollaron las comparecencias de los aspirantes a ocupar la magistratura) a llevar a cabo mi trabajo guiándome por tres ejes rectores.
El primero de ellos ha sido fortalecer la rendición de cuentas, a través de la discusión y socialización de las sentencias y este espacio ha sido uno de los canales para lograrlo.
A través de los artículos que publicamos quincenalmente he tratado de explicar las decisiones de la Sala y clarificar sus efectos. También he precisado las razones que me han llevado a apartarme parcial o totalmente de las decisiones mayoritarias (hemos acumulado 114 votos concurrentes, 18 razonados y 16 particulares, en este segundo año).
A esto hay que agregar otras actividades de divulgación como: 40 actividades académicas, tales como conversatorios, talleres, conferencias, mesas de análisis, así como clases a nivel posgrado.
Mi segundo eje de trabajo ha sido el combate eficaz a la violencia política contra las mujeres. La Sala Especializada es una de las instancias responsables de conocer esta conducta cuya conceptualización y tipificación como infracción electoral y delito penal entró en vigor en abril de 2020.
La elección federal de 2021 fue la primera de ese ámbito en la que sancionamos la llamada #VPG. En total, la Sala resolvió 40 asuntos de este tipo en esos comicios.
Las y los jueces debemos juzgar con perspectiva de género, lo que ha implicado valernos de distintas herramientas jurisprudenciales y legales para derribar un entorno que se ha mostrado históricamente hostil en contra de las mujeres que desean participar en la vida pública del país.
Mi tercer eje de trabajo ha sido la maximización de las libertades fundamentales y la cultura digital. Sostengo que más restricciones significa menos derechos y que estos sólo deben ser limitados cuando se lesiona otro derecho.
Me parece que será difícil que la preponderancia del ámbito digital, cada vez mayor, se revierta y considero necesario contar con una legislación electoral que sancione conductas específicas ocurridas en la virtualidad.
Urge un mayor acercamiento y diálogo con las plataformas digitales, a fin de sensibilizarlas sobre la importancia de colaborar para detener la violencia política de género y la desinformación.
En este segundo año de labores, la ponencia a mi cargo ha proyectado 111 asuntos que incluyen procedimientos especiales sancionadores iniciados con motivo de la revocación de mandato y la consulta popular, dos ejercicios de participación ciudadana que, por primera vez en la historia de México, se llevaron a cabo a nivel nacional.
Quiero cerrar este texto agradeciendo a mi muy estimado equipo de trabajo, a las magistraturas y funcionariado que integran la Sala y a todas las personas justiciables que han acatado nuestras decisiones en aras de contribuir al fortalecimiento institucional.
Hasta nuestra próxima entrega.