El proceso de designación de quien ocupe la candidatura de Morena a la presidencia de la República, se ha degradado a la selección de una “corcholata”.
No es la selección de un liderazgo de alguien con visión de estadista. Se trata de quien, como cualquier corcholata, tenga la función de tapadera.
Sin embargo, no se está solamente en el proceso de selección de un partido político, sino que el mismo se realiza involucrando los cargos que cada uno de ellos desempeñan y, en su dinámica, son arrastrados por la lógica de la sucesión presidencial.
Cuestiones tales como el uso de los bienes públicos (el uso del avión de las fuerzas de seguridad), del presupuesto público (la contratación de asesores políticos y de estrategia), la separación de sus cargos a quienes han mostrado simpatías por algún precandidato que no corresponde a quien encabeza la estructura administrativa en la que se encuentran (esto se ha dado en Tabasco y en la Ciudad de México).
Los anteriores ejemplos son explicables por la lógica perversa que subordina el funcionamiento del gobierno a las necesidades coyunturales del posicionamiento de los precandidatos para maximizar las posibilidades de que sean designados.
Cada acto oficial, cada informe, cada inauguración de obra, cada declaración será parte de la una competencia interna pero que instrumentaliza lo público y lo degrada al servicio de las ambiciones personales.
No es difícil prever que en la medida en que se acerquen las fechas para definir la candidatura y según se comporten las preferencias del gran elector y de las reacciones de las bases, la beligerancia de los contendientes pueda agudizarse. Tampoco resulta descabellado pensar que la instrumentalización de las entidades públicas: sus recursos, sus funciones, su posición de influencia.
Los límites internos se han levantado por quien ha dado el banderazo de salida, y de cuya aprobación derivan las candidaturas aceptables aislando la que no lo es. No hay límites internos, sino por el contrario, acicates o expectativas de premios.
Los límites externos depositados en la autoridad electoral y en los tribunales, están mostrando limitaciones para contener. En buena medida por los alcances que la propia ley electoral les establece.
Así las cosas, lo que nos muestra este proceso de sucesión son las limitaciones institucionales que aún existen para consolidar la democracia y el riesgo de instrumentalizar lo público cuando las instituciones gubernamentales se ven como un botín.