“El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga”.
Cómo les quedaría el ojo al saber que Zebadúa y sus colaboradores más cercanos, a partir de que dejaron la administración pública en 2018, casualmente y como “nado sincronizado”, todos dieron de baja sus antiguos teléfonos celulares, así como sus redes sociales, y que una hasta se fue del país a vivir a Canadá para administrar los tres hoteles que compró, sabrá Dios con qué dinero.
–Váyase por las palomitas–
Luces, música, ¡acción!
Comenzamos con Emilio Zebadúa. Poco antes de dejar la Sedatu, a finales de 2018, dio de baja su número celular 55 54 51 48 15 y lo cambió por uno nuevo, al que sólo tiene acceso un minúsculo grupo.
Humberto René Islas, quien se encargaba de recoger los porcentajes y comisiones que se les cobraban a las universidades y a las empresas que proporcionaban toda la facturación necesaria para la integración de los expedientes, todo en efectivo, dio de baja su número celular 55 27 55 26 86.
Francisco Báez Álvarez, brazo derecho de Zebadúa, canceló su número 55 18 49 24 96. Está siendo investigado por su participación en el desvío de recursos públicos en la llamada estafa maestra. Ha interpuesto siete amparos en el proceso penal que enfrenta en la FGR, con la intención de retrasar sus comparecencias y tener la oportunidad de desviar la atención pública, inculpando a otros exfuncionarios a través de contratos con firmas falsificadas. De hecho, él fue el eje operador financiero de la estrategia global de la estafa maestra…
a) Era el encargado de liberar los recursos públicos para pagar a las universidades que supuestamente hacían la chamba.
b) En su área se programaban y definían los convenios y contratos sujetos a falsificar, distribuidos en las diferentes áreas de Sedesol y Sedatu.
c) También era el responsable de coordinar las acciones que realizaba Claudia Gabriela Morones con las universidades y las empresas fantasmas para la triangulación de recursos, la programación de pagos y los entregables.
Enrique Prado Ordoñez, quien prácticamente no ha sido mencionado, fue director general adjunto de Convenios y Contratos en Sedesol, y de octubre de 2015 a noviembre de 2018 ocupó el mismo cargo en Sedatu. Canceló en las mismas fechas sus números celulares, 55 19 96 55 33 y 55 52 52 67 50.
Su tarea principal en la estafa maestra consistía en reclutar o crear a las empresas que firmarían los convenios con las distintas universidades estatales. En no pocos casos, junto con sus familiares, integró la creación de empresas para la recuperación de los recursos que se pagarían a las universidades. Tal es el caso de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, entre cuyos accionistas están Lizette Prado Ordoñez (su hermana) y Lizette Chávez Zaragoza.
La abogada –con iniciales R. C.– se encargaba de los pagos en efectivo a la estructura de la ex-PGR, ahora FGR, para definir a qué investigaciones habría que darles prioridad y cuáles otras debían mantenerse en la congeladora. Obvio, por instrucciones directas de Zebadúa.
De acuerdo con mi ‘garganta profunda’, el personal involucrado fue incluso fotografiado cuando se ponía guapo con ellos.
Claudia Gabriela Morones Sánchez, experta en auditorías, trabajó en Sedesol y Sedatu. Y como ya leyó, fue el contacto vinculatorio entre universidades y empresas, atendiendo directamente las instrucciones de Zebadúa. Dio de baja los teléfonos 55 54 33 68 15 y 55 74 08 14 10.
Ojo, en 2016 Morones salió de la estructura de Sedatu, pero continuó colaborando con las áreas de Oficialía Mayor, a través de prestación de servicios profesionales relacionados con: “asesoría en el pago a proveedores” y “coordinación de recursos financieros y materiales para el aprovechamiento de los recursos disponibles”. Frecuentemente la acompañaba Alejandro Hinojosa, quien no aparece en los registros administrativos ni de Sedesol ni de Sedatu, aunque muchos rectores lo señalan como la persona con la que cerraban las negociaciones.
Sonia Angélica Zaragoza fue directora general de Recursos Humanos en Sedesol, entre enero de 2014 y agosto de 2015, y también fue investigada por firmar uno de los convenios con la Universidad de Morelos. Después de ser exonerada por el OIC, se integró con el mismo cargo en Sedesol desde septiembre de 2015. En ambas instancias dependía directamente de Zebadúa. Ella no sólo dio de baja sus teléfonos 55 70 11 31 41 y 55 41 77 59 51, sino que se mudó definitivamente a Canadá, donde, inexplicablemente, adquirió tres lujosos hoteles que hoy administra junto con sus hijos.
José Israel Torres Gutiérrez fue director general de Desarrollo Comunitario en la Sedesol, y firmó el convenio 710.33901.11/2015 con Radio y Televisión de Hidalgo por 373 mdp, lo que también forma parte de la auditoría D17002, que fue denunciada ante la entonces PGR. En Sedatu ocupó el cargo de director general adjunto para la Igualdad de Género y operó la Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Canceló su línea 55 49 40 12 94.
“Nunca nos agarrarán porque hemos repartido muchos millones en la FGR”, han dicho entre ellos… ¿Será?
A pesar de que el propio Zebadúa admitió en una declaración ministerial en octubre de 2020 ser el responsable del desvío de recursos, hoy, inexplicablemente, ninguna autoridad los tiene bajo la mira.
Ojalá que la FGR siga las huellas de esta serie que he venido publicado. No existiría mexicano que les regateara aplauso o reconocimiento a AMLO o a Gertz en su actuar vs. la corrupción y la impunidad, claro, con pruebas, no con dichos o montajes.
Ah, y repito, como Emilio Lozoya, además de ser un delincuente confeso y, como he probado, un vulgar difamador mentiroso, no fue extraditado, también le deben abrir su carpeta por los contratos que hizo en Pemex con universidades, que están documentados en la estafa maestra.
Cc para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El país necesita al menos 13 valientes
Morena, en el Congreso, necesita 57 votos para sacar la militarización del país. El grupo parlamentario de #AMLito tiene 69 votos. Así pues, Amlito, el coordinador Moreira y Caro Villano... ¡ah, no, perdón!, Viggiano, no son todo el PRI; ellos sólo están salvando su pellejo.
¿Quién dice yo de los diputados del Edomex y Coahuila?
Quienes voten a favor, será por romper la alianza con el PAN y el PRD. ¿Están dispuestos a cargar con eso?
Diputados federales por Coahuila: 7, incluyendo Moreira. Edomex: 14. Los números… sí dan.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.