Una vena de agua de más de 400 kilómetros ha inyectado la vida desde tiempos ancestrales en los valles de Sonora, múltiples culturas se han establecido a lo largo de sus orillas en aprovechamiento del recurso hídrico ante la constante sequía producida por el alto calor permanente en la zona. Sin embargo, la convivencia entre el río Sonora y quienes se asentaron en sus bordes había sido pacífica y recíproca por miles de años. El cauce disfrutaba de cierta salud y permitía, no la abundancia, pero sí la suficiencia, del goce de alrededor de 171 millones de metros cúbicos de agua.
Esa parsimonia se desdibujó el 6 de agosto de 2014 cuando hubo un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado provenientes de la mina Buena Vista del Cobre en Cananea, uno de los poblados ubicados en uno de los límites del río, dedicado históricamente a la actividad minera, cuna de una de las mayores huelgas a favor de los derechos laborales en el país, pero que, tristemente, debido a las malas prácticas llevadas a cabo por Grupo México, empresa concesionaria de la mina, y que aún cuenta con licencia para ello, se contaminaron las aguas del río y de algunos de sus ramales como los ríos Bacanuchi y Boacachi.
La situación se agravó debido a que en ese año, días después, dos huracanes provocaron altos índices de lluvias y de vientos, que contribuyeron a la dispersión de las partículas de los contaminantes en el agua y en el aire. Sumado a la sobre saturación de las represas que tenían la función de contener algunos contaminantes y su derrama ante la incapacidad de poder resguardarlos en sus estructuras.
A ocho años de los sucesos, especialistas en la materia e integrantes del Comité de Cuenca del Río Sonora, convocados por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, analizaron lo que ha ocurrido a raíz del derrame en la zona y las intervenciones que se han realizado. En primer lugar, señalaron que hubo negligencias desde un comienzo debido a que la empresa notificó los sucesos dos días después de haber ocurrido. Por otra parte, no se llevó a cabo una correcta evaluación del riesgo a la salud de las poblaciones ni de los daños a los estados base de los ecosistemas.
Ante la gravedad de los sucesos, pues el sulfato de cobre es altamente corrosivo y sumamente tóxico, se debería haber implementado un sistema de monitoreo de la reparación del daño al medio ambiente y evaluar la pérdida de la biodiversidad, la salud ecosistémica, salud animal y salud humana. Pero nada de esto ocurrió de manera pronta.
El río jamás recuperó su color tierra y sigue siendo de color anaranjado, y hasta el día de hoy, se continúan presentando altos índices de concentraciones de metales pesados en sus aguas y en las represas que surte, como la de El Molinito. Lo anterior, debido a que los contaminantes se han filtrado al subsuelo, donde también corre el río, y este los va arrastrando. La época de mayores índices de concentración de metales en el agua es la temporada de lluvias, rebasándose los límites máximos establecidos en las normas en más de 50 veces lo permitido.
Algunos de los problemas que tampoco se atendieron fue el de la salud, pues no enviaron especialistas en toxicología a la zona, los diagnósticos no eran acertados y no se realizaban estudios de metales pesados en la sangre y en varios órganos. En un principio, se había prometido a las personas afectadas que se les daría atención médica por 15 años, pero después, sólo tuvo validez hasta 2019, y por el momento, no hay opciones médicas en la zona.
Algunos datos recabados por la Secretaría de Salud entre noviembre y diciembre de 2021, a través de las cédulas familiares de evaluación de salud, mostraron que 95 por ciento de las muestras recabadas reflejaron la presencia de plomo en la sangre o en los huesos, 50 por ciento arsénico y 79 por ciento cadmio.
Parte de las soluciones requeridas son la instalación de plantas potabilizadoras de metales pesados, pues, desde que acontecieron los hechos, la mayoría de las personas que habitan en las comunidades alrededor del río, deben comprar agua embotellada, ante la falta de garantía de acceder a agua potable.
Sumado a un apoyo a la agricultura y la ganadería locales, pues, desafortunadamente, los productos de la región son mal vistos en otros lugares porque creen que están contaminados, provocando pérdidas de más de 497 millones de dólares.
Así como revisar los mecanismos de funcionamiento del Fideicomiso, que sólo funcionó hasta 2020, y únicamente dio apoyo a 351 personas identificadas como víctimas directas de los sucesos, representando únicamente el 10 por ciento del total de las personas afectadas directamente por la situación.
Por eso, a partir de las mesas de diálogo que recién se están llevando a cabo con las personas afectadas por la situación, se espera llegar a una solución a las problemáticas derivadas de los sucesos y restaurar, en la medida de posible, la vida del río.