Del proceso interno de Morena que se llevó a cabo el pasado fin de semana para elegir a 3 mil congresistas que a su vez serán responsables de nombrar en septiembre a las y los integrantes de su Consejo Nacional así como de las dirigencias estatales, lo que naturalmente incidirá en la definición de candidaturas, se ha resaltado la participación de aproximadamente dos millones y medio de personas que acudieron a votar en los 553 centros de votación que para ese efecto se instalaron -además de que en muchos de los casos los afiliaron en ese momento puesto que no era requisito contar con militancia previa-, pero también destacan las múltiples irregularidades que se presentaron a lo largo del proceso.
Las elocuentes imágenes que circularon a través de redes sociales, así como las denuncias públicas de diversos miembros -incluso fundadores- y simpatizantes de Morena no dejan lugar a dudas, se trató de un proceso con una muy baja calidad democrática y con muy alto nivel de conflictividad en el que se registraron actos de violencia en varios estados, quema de urnas, entrega de dinero, despensas -además les decían que si no ganaba Morena perderían los apoyos de los programas sociales, a pesar de que es un derecho constitucional-, predominó el acarreo masivo de personas que no sabían para qué ni por quién iban a votar -les daban papeles con los nombres que debían poner-, y fue evidente la intervención de estructuras gubernamentales.
La democracia interna de los partidos políticos es uno de los grandes pendientes, y en esta ocasión se replicaron sin ningún rubor las prácticas clientelares por parte de quienes tanto las criticaron y presumían ser diferentes -lo que no era fácil creer cuando muchos de los actuales operadores del partido en el poder son los mismos de antes-, lo cual refuerza la necesidad de defender al INE ante la intención de desaparecerlo para sustituirlo por un nuevo organismo que se integre por consejeras y consejeros propuestos en primera instancia por el presidente, el poder legislativo y el judicial, para posteriormente ser electos por voto directo. Después de lo que se vio este fin de semana, imaginemos lo que podríamos esperar del proceso electivo de la autoridad electoral.
Ante este escenario me parece que habría que preguntarnos ¿cuánto costó y de donde salió el dinero para “facilitar el transporte” como le llaman ahora, y otorgar “incentivos” a tantas personas que participaron en el proceso interno de Morena, o para el pago de operadores encargados de la movilización? Sería ingenuo pensar que todo fue voluntario. En el mismo sentido, surge la duda sobre la procedencia de los recursos para la promoción, con dos años de anticipación, de la y los aspirantes a la candidatura presidencial, particularmente en el caso de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López cuya imagen aparece cada vez con más frecuencia en anuncios espectaculares o vallas móviles; principalmente en las entidades que visitan con cualquier pretexto, en contravención a lo establecido en el artículo 134 constitucional respecto a la promoción personalizada de servidores públicos.
Una vez más el grupo en el poder muestra su menosprecio por el cumplimiento de las reglas y por la transparencia. En otro ejemplo, a la fecha tampoco sabemos quien pagó el impresionante despliegue propagandístico durante el proceso de revocación de mandato para promover el voto a favor de la continuidad del presidente López Obrador. Tal parece que los criterios de austeridad que han llevado a la precarización de los servicios públicos, no aplican en estos casos en que los recursos fluyen con generosidad. Regresamos a la pregunta ¿de dónde salen?, lo que quizá nos pudiera llevar a otra interrogante ¿a cambio de qué?