"El desarrollo, como siempre lo hemos dicho, no se limita al crecimiento económico; es también la suma de políticas que reducen la pobreza y la desigualdad y que promueven una convivencia democrática respetuosa de las libertades y el pluralismo. Tenemos frente a nosotros el desafío de trabajar por un desarrollo sostenible, más justo al distribuir los frutos del crecimiento, respetuoso del medio ambiente, que impulse el uso de energías renovables y con una estrategia capaz de elevar la productividad de la economía y apoyar el emprendimiento y la innovación”.
-Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Mayo de 2022.
Contexto de una primera victoria
Cuando se escriba la historia del siglo XXI de Chile, el 18 de octubre de 2019, marcará el borde de una frontera que Chile cruzó para no regresar. Las imágenes de una violencia inusitada, de una sincronía inesperada, llenaron de asombro a chilenos y a extraños. El fuego y la destrucción de infraestructura urbana, llenó portadas de diarios e imágenes de noticieros. Hoy, resulta difícil recrear esas imágenes en toda su intensidad. Sorpresa y pasmo lastraron la acción del Estado. El movimiento ocupó calles y plazas, las marchas eran violentas procesiones cotidianas. El enojo, el hartazgo de amplios sectores no cedía, los jóvenes se adueñaron de un tradicional lugar de celebración deportiva, el espacio antes llamado Plaza Italia; Baquedano, héroe de otros fuegos, ya no cabalga ahí. Ese lugar fue popularmente bautizado como Plaza Dignidad.
Alguien recordará, espero, que en numerosas ocasiones he señalado que una de las fortalezas de Chile reside en la resiliencia de sus instituciones. La salida al Estallido Social pudo haber seguido un complejo camino de alteración creciente de la paz, seguido de una ola incontrolable de represión y, sin embargo, los partidos políticos optaron por la búsqueda de un acuerdo: establecer un proceso hacia una nueva Constitución que recogiera las legítimas demandas que en buena medida propulsaron el Estallido Social.
Así, con gran agilidad, el 15 de noviembre de 2019, a menos de un mes del Estallido Social, todos los partidos representados en el Congreso, con la excepción de el Partido Comunista, firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que trazaba la ruta para un plebiscito que aprobara el itinerario hacia una nueva Constitución, incluyendo la elección del órgano encargado de la redacción del texto. Gabriel Boric, acusando ya una visión de Estado, se sumó al acuerdo y lo firmó en nombre propio.
Adicionalmente, de alguna manera, la pandemia del covid-19, que irrumpió en el mundo a partir de febrero y marzo de 2020, colocó paños fríos a la inquietud social, el confinamiento contribuyó también a promover tranquilidad, una calma chicha.
Una vez formalizado el Acuerdo para la Paz Social y la Nueva Constitución, la propuesta de plebiscito para aprobar la hoja de ruta para una nueva Constitución había quedado establecida para abril de 2020; las limitaciones de la pandemia lo pospusieron hasta el 25 de octubre de 2020. En esa ocasión, casi 51% de los electores chilenos habilitados acudieron a las urnas y, de manera abrumadora, prácticamente 80%, apoyaron la idea de una nueva Constitución y la elección de una Convención Constitucional que tendría un máximo de un año para presentar el texto.
La ruta quedaba acotada a 12 meses de trabajo y a una regla de aprobación de los textos que establecía una mayoría calificada de dos tercios.
En mayo de 2021, se celebró en Chile un complejo proceso electoral, en el cual se eligieron gobernadores, alcaldes, concejales y los 155 miembros de la Convención Constitucional.
La elección de convencionales marcó una diferencia sustancial con procesos electorales previos. Los candidatos independientes, que sin pertenecer a ningún partido, en su mayoría se identificaban con algún sector de la izquierda, obtuvieron un muy importante respaldo en las urnas y en los hechos pasaron a conformar alrededor del 30% de los convencionales.
Así, el 4 de julio de 2021, se inauguraban los trabajos de la Convención Constitucional. Aproximadamente 21 meses habían transcurrido desde el inicio del Estallido Social. Chile obtenía una clara victoria al haber logrado encauzar por la vía institucional las demandas de la sociedad manifestadas en el estallido del 19 de octubre de 2019. Ahora quedaba a la Convención terminar la propuesta de un nuevo texto constitucional en un plazo máximo de un año.
La casa de cristal
La elección de los convencionales y la instalación de los trabajos de la Convención estuvieron acompañados de enormes expectativas. Con enorme mérito, se dispuso -permítanme reiterarlo- todo tipo de mecanismos, incluyendo la transmisión en vivo de debates y sesiones, que garantizaron que todo interesado pudiera seguir al detalle los avatares del proceso. Me parece normal que en cualquier proceso legislativo, las prácticas de Parlamento Abierto generen en la sociedad recelos e impaciencia; la casa de cristal que los convencionales se construyeron generó una presión adicional e hizo que muchos actores y observadores de la sociedad generaran prejuicios tempranos sobre algunos de los avances logrados en el texto.
Al interior del recinto se generó un esquema de discusión de bloques, que nunca se ciñó del todo a las líneas partidarias y que busco canales de comunicación y acuerdo temáticos o sectoriales. Sin embargo, en ocasiones, no pocas, la regla de los dos tercios sirvió como escudo para impedir el avance de propuestas consideradas extremas, o para imponer ciertas condiciones. No es infrecuente que en este tipo de diálogo parlamentario se haga menos política y que, en su lugar, se establezcan estrategias de resistencia. Hoy en día, no sólo en Chile, en el mundo, avanza la idea corta de que negociar es claudicar. Al seno del recinto se vivía un clima de polarización que era evidente a los observadores tanto permanentes como ocasionales del proceso. En boca de muchos, ello contribuyó a la creciente frustración de la sociedad chilena.
Así, durante el proceso, los mirones no fueron de palo y no cesaron de comunicar enojos y frustración por ver el avance de algunas propuestas en detrimento de otras. La sociedad que observó en detalle el proceso, en ocasiones dejaba de lado el fondo para observar con preocupación y humor cáustico las maneras como se conducían algunos convencionales. Algunos medios, así como algunos interesados a través de sus redes sociales, dieron a los trabajos de la Convención el tratamiento de una especie de reality show político.
La transparencia operativa de la Convención generó preocupación en algunos sectores e insatisfacción en otros. De ahí, cuando algunos textos fueron pasando las barreras de la aprobación preliminar, la sociedad chilena, los actores políticos extramuros, comenzaron a calificar como adecuados, en algunas ocasiones o, en otras, como deficientes, o hasta altamente riesgosos, algunos de los textos que comenzaron a emanar de la Casa de Cristal.
Sin duda, el fenómeno que describo arriba llevó a la construcción de una percepción prácticamente generalizada de que el texto que los convencionales presentaron el pasado 4 de julio, adolece de problemas que harían indispensable su modificación. La paradoja se plantea cuando se llega al consenso de que el texto constitucional propuesto por la Convención, sí fuera aprobado, debería ser inmediatamente reformado.
Aprobar para reformar o rechazar para reiniciar un proceso constituyente
De acuerdo a lo que comentaba arriba, en Chile prácticamente todos los sectores coinciden en apuntar que el texto emanado de la Convención debe de ser reformado, si es aprobado, o reemplazado por otro, emanado de un nuevo ejercicio constituyente, si es rechazado en el plebiscito del domingo próximo.
Hemos comentado en este espacio un hecho que es del dominio público, si bien el presidente Boric ha señalado que sea cual fuere el resultado de la próxima semana su administración se concentrará en fomentar el diálogo entre la toda la sociedad chilena, también es un hecho de que el Gobierno chileno está haciendo de manera clara campaña en favor del Apruebo.
Para conciliar el apoyo al texto presentado por los convencionales con la convicción de que su reforma es necesaria, el Plan B de Boric pasa por dos rutas de acción:
Aprobar para reformar: el primer paso se traduce en la modificación a la baja de la mayoría requerida para realizar reformas a la Constitución, que actualmente es de 2/3 y que pasaría a ser de una mayoría de 4/7. En junio, esta norma ya fue aprobada por los convencionales e incorporada al proyecto de texto constitucional. Ello facilitará que el actual Congreso pueda reformar el nuevo texto constitucional en caso de que este sea aprobado el próximo 4 de septiembre.
La oposición al texto de la Convención mueve ficha. Por otro lado, esta reforma fue objeto de una iniciativa espejo que establece una reducción de la mayoría que la Constitución vigente requiere para su reforma; esta iniciativa fue promovida por la oposición, misma que fue aprobada el 10 de julio por el Senado y el 10 de agosto por la Cámara de Diputados. Algunos legisladores le llaman la "llave maestra" para facilitar las reformas constitucionales a la Constitución vigente para el caso de que el Rechazo sea la opción vencedora en el plebiscito que se celebrará dentro de 5 días.
Segundo, Boric promueve un acuerdo de reformas al texto de la Convención Constitucional, para el caso de que gane el apruebo. Ante la convicción generalizada de que el texto de la Convención adolece de falencias que deben ser subsanadas, Boric y su equipo político concluyeron que era necesario dar certidumbre de que la administración promovería efectivamente un paquete de reformas que aclarara el rumbo que seguiría la administración para, junto con el Congreso, poner remedio a algunos de los aspectos más conflictivos del texto que se votará en unos días.
Para ello, Boric y su equipo promovieron que los partidos afines a su gestión acordaran "...las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo". De tal suerte, en una fecha tan reciente como este 11 de agosto, 11 partidos y agrupaciones políticas suscribieron un acuerdo bajo el título “UNIDOS Y UNIDAS PARA APROBAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.
Los temas incluidos
En el acuerdo, las fuerzas políticas firmantes se comprometen a resolver algunas de las disposiciones que han generado mayor inquietud y controversia como los temas relacionados a la acotación de la consulta a los pueblos indígenas; no a la creación de un sistema de justicia indígena excluyente del nacional; limitaciones a la llamada autonomía territorial de conformidad al principio de integridad del territorio nacional y la libertad de tránsito; la creación de un nuevo sistema se pensiones con base en un modelo mixto que permita, como hoy, la capitalización individual; garantía de la propiedad de las viviendas y de la propiedad privada; un sistema nacional de salud con participación pública y privada; un sistema se educación mixto; la creación de un Estado de Excepción, con pleno respeto de los derechos fundamentales para garantizar que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho; promover la revisión, en el texto propuesto, de los mecanismos de participación ciudadana previstos con el objetivo de lograr un mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales; la inclusión de previsiones para asegurar que en la elaboración de iniciativas de ley se asegure el respeto a los topes de gasto establecidos en la ley de presupuestos y se atengan a las normas de responsabilidad fiscal; se reitera que la reelección del presidente no será consecutiva; y se consagra la autonomía del poder judicial y la revisión del Consejo de la Justicia buscará dotarlo de una mayoría de jueces.
De las 11 fuerzas políticas que suscribieron el acuerdo, destaco la participación del Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido se la Revolución Democrática y el Partido Comunista.
Después de conocido el acuerdo, el presidente Boric ha asegurado públicamente que impulsará su cumplimiento de las reformas acordadas en caso de que ganara el Apruebo. “Yo garantizo que como gobierno vamos a empujar lo que los partidos que forman parte de nuestra coalición han acordado, doy plena garantía de aquello”.
Sin embargo, siempre la firma y la fotografía son más fáciles que caminar por la ruta acordada y muy temprano surgieron algunas dudas, Guillermo Tellier, del Partido Comunista, señaló que “no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque en esto tendrá que haber debate popular” y remató que “ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar”.
Rechazar para reformar, espacio donde podrían converger el Gobierno de Chile y los partidarios del Rechazo
Los partidarios del Rechazo han evitado, por diseño, que las vocerías recaigan en figuras que pudieran ser identificadas con liderazgos tradicionales de la centroderecha y la derecha. El objetivo es no llevar, hasta donde ello sea posible, a una confrontación en los términos clásicos de derecha contra izquierda. Ese objetivo se ha facilitado al darse la fractura de la centro izquierda al no participar en esa posición en pro del Apruebo la Democracia Cristiana, cuyos legisladores promovieron, con éxito, la reducción de la mayoría necesaria para establecer reformas a la Constitución vigente, tal y como describí arriba.
Por otro lado, un grupo de reciente creación, Amarillos por Chile, compuesto mayoritariamente por adherentes de centro y de centroizquierda, ha logrado cierta notoriedad.
Para los partidarios del Rechazo, el hecho de que el presidente haya promovido un acuerdo para impulsar ciertas reformas al texto emanado de la Convención, se ha convertido en la admisión explícita de que, como ellos lo han señalado, el texto convencional adolece de fallas y excesos que ponen en peligro algunas instituciones del Estado chileno.
Por otro lado, el hecho de que Boric haya decidido apostar por el Apruebo, hace, a los ojos de los partidarios del Rechazo, que el plebiscito adquiera las connotaciones de un referéndum sobre el gobierno de Boric. De ser efectiva esta suposición, la popularidad del presidente podría ser otro factor central en el ánimo de los electores.
En el círculo del Rechazo están conscientes de que de ganar el plebiscito la única opción no válida es el inmovilismo. Deberán de promover un conjunto de reformas, básicamente en el sector social en general, incluyendo los pueblos originarios, equidad y género, pensiones, salarios, acceso a la salud, la educación, la vivienda y servicios de calidad, etc., que respondan a las demandas sociales que dieron origen al Estallido Social.
Pero los partidarios del Rechazo enfrentarán otro dilema, de prevalecer su opción dentro de 5 días, el presidente, tal y como lo ha anunciado, buscará conseguir un nuevo acuerdo que lleve al país a convocar un nuevo proceso constituyente. Las posibilidades de un acuerdo amplio que reúna a las principales fuerzas políticas estaría al alcance. Lo he dicho varias veces y lo repito: una buena política es una inteligente administración de oportunidades.
Comentarios finales, ¿qué dicen los números?
Sé que desde marzo, los números de las principales encuestas que miden la intención del voto para el plebiscito del domingo próximo, han estado lideradas por la opción del Rechazo. Si tomo la última de Plaza Pública, correspondiente a la tercera semana de agosto, el Rechazo lidera con 46% (-1%) y el Apruebo muestra el 37% (-1%), mientras que los indecisos llegan al 17% (+1%). Por otro lado, la desaprobación del presidente Boric llegó al 56% y su aprobación al 37%.
El porcentaje de indecisos es grande y, como en toda elección, en ocasiones hay diferencias sustanciales entre la declaración de intención de voto y la movilización real del voto el día de la elección. Si bien se trata de una elección de participación obligatoria, no existen sanciones tangibles para el caso de la no participación.
Con la movilización de votos hay dos grupos de votantes que serán clave, el voto de las mujeres y el de los miembros de la clase media.
Para Chile, desde el punto de vista del proceso político que seguirá al plebiscito, el mejor resultado sería aquel que diera una victoria con un claro margen de victoria para alguna de las dos opciones.
Desde hace meses, ante la caída de la expectativas de la sociedad ante los trabajos de la Convención, el plebiscito dejó de ser un proceso binario para volverse una elección complicada de múltiples variables situada en un terreno de alta polarización de la sociedad. Una lamentable contradicción si se toma en cuenta que se trató de un proceso que obtuvo el respaldo de casi el 80% de los chilenos.
Si nos atuviéramos sólo a los números disponibles, una lectura nos llevaría a anticipar una victoria clara del Rechazo; una segunda lectura, partiendo del porcentaje de indecisos, nos llevaría a un resultado cerrado para cualquiera de las dos opciones. Tomando en cuenta incógnitas como el factor real de movilización y participación, la interrogante es aún mayor.
Finalmente, hay algo que sí sé. Sea cual sea el resultado, el presidente Boric, quien pronto cumplirá seis meses en el gobierno, tendrá varias opciones frente a sí: una de ellas, aprovechar plenamente los recursos humanos de un congreso experimentado que le acompañará el resto de su gobierno. Cualquiera que sea el camino que dicten las urnas, la necesidad de legislar y obtener reformas de calado es imperativa: Además de una Nueva Constitución, se requiere legislar y aprobar con urgencia leyes secundarias. Estos meses ya mostraron los bordes de la laguna seca de la polarización. Es el tiempo de sequía política que demanda un gran acuerdo nacional.
Hay una variable que sí es inflexible, el tiempo. Un hombre de Estado debe seguir su intuición primaria para definir cómo va a gastar el tiempo que le queda de su mandato. Boric ha demostrado poseer ese instinto y esa voluntad. Sí, repito, una buena política es una administración inteligente de oportunidades.