Andrés Manuel López Obrador y su fiscal general Alejandro Gertz Manero estiran la liga más de lo indicado, más de lo imaginado en aras de entregar cuentas claras e irrefutables en materia de justicia, porque en el rubro de seguridad y combate a la violencia y al crimen organizado (o no) sencillamente han fracasado en forma brutal.
El affaire Ayotzinapa fue reventado mediáticamente en tiempo y forma adecuados, de cara al cuarto informe de gobierno y en el contexto del inevitable declive presidencial en el que López Obrador pierde presencia, poder y capacidad de seguir influyendo y gobernando por decreto en áreas y temas de enorme sensibilidad.
Entre sus últimos cartuchos están la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Defensa Nacional, agenda de la que es en parte autor e impulsor ya que el tema de la reorganización de la Sedena y el proyecto para asimilar a la GN fue desarrollado en detalle y a mediano plazo por el Ejército.
El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, fue elaborado sin consultar o compartir datos sensibles con los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que iniciaron las investigaciones desde que se conoció lo ocurrido con los 43 normalistas.
Encinas también hizo a un lado a Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa adscrito a la FGR y quien fue nombrado en ese cargo en 2019 por Alejandro Gertz. El documento fue armado por el equipo de Encinas brincándose a Gómez Trejo, con la venia del fiscal general de la República.
En este doble o triple juego orquestado por López Obrador y su fiscal, el Ejército queda muy mal parado, sus viejos mandos, las camarillas del poder intramuros, se dividen y confrontan en silencio con el general secretario Luis Cresencio Sandoval, a quien reclaman en cuarteles, campos, hangares, regiones y zonas militares la docilidad, el precio que la institución está pagando ante un presidente que al inicio de su mandato aseguró que, si por él fuera, desaparecería al Ejército y lo convertiría en una fuerza de paz.
La molestia es enorme entre los generales y mandos medios. La frustración y el coraje son igual de estruendosos entre los oficiales y la tropa, sabedores de que los paganos, los culpables de los excesos y órdenes y decisiones de los jefes serán ellos, los de abajo.
La doble molestia es ya una pinza candente que en lado tiene a los generales y en el otro al resto de los militares, que se enfilaban al cierre del sexenio convencidos de que la impunidad se impondría, una vez más, sobre la justicia.
Hay mucho de esto en el ambiente. López Obrador, a través de Alejandro Encinas y con el respaldo de Gertz Manero, ya exoneraron al expresidente Enrique Peña Nieto y al general Salvador Cienfuegos Zepeda de toda responsabilidad en la cadena de mando y decisiones detrás de Ayotzinapa. Lo mismo sucedió ya con el almirante Rafael Ojeda Durán, quien en 2014 era comandante de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, exonerado también por AMLO hace unos días de toda responsabilidad en la cadena de decisiones que envolvió la desaparición de los 43 normalistas.
Los elegidos para demostrar que la justicia tiene todavía algún sentido y significado son los generales Alejandro Saavedra y José Rodríguez Pérez, comandante de la 35 Zona Militar y comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, respectivamente.
Por la Marina, deberán dar la cara los almirantes Marco Antonio Ortega Siu -ex coordinador de la Unidad de Operaciones Especiales, UNOPES- y Eduardo Redondo Arámburo, jefe de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN).
Ortega Siu, en capilla desde varios años por los señalamientos en su contra que lo responsabilizan por decenas de desapariciones forzadas cometidas por elementos de la UNOPES en Tamaulipas y Nuevo León, aparece como un objetivo ideal y sacrificable para demostrar que la Marina cumple con la ley y no permitirá excesos ni solapará la corrupción en sus formas más crudas.
Redondo Arámburo quedó expuesto por ser el responsable de la inteligencia y contrainteligencia que hizo acopio de datos sensibles en torno a lo que sucedía en el contexto de las movilizaciones de los normalistas de Ayotzinapa.
De cara al cuarto informe de gobierno y con las fiestas patrias encima, dedicadas a festinar la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, Gertz Manero y López Obrador templan el metal casi al límite, exhibiendo, a no querer, el abuso, la opacidad y la resistencia militar y naval como características institucionales, no solo de un grupo de mandos y tropas.
Encinas lo dijo con todas sus letras: fue un crimen de Estado.