Lo “bueno” es que no hay nada personal, dice el C. Presidente...
La tarde del jueves 18 de agosto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, presentó desde Palacio Nacional el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) del Caso Ayotzinapa, concluyendo que lo que ocurrió aquella noche negra del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad.
“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica -del gobierno de Enrique Peña Nieto-, fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado".
Y agregó, que no hay indicios de que los muchachos estén vivos, ya que todas las evidencias indican que fueron ejecutados.
Menos de 24 horas después fue detenido afuera de su casa en Las Lomas de Chapultepec como presunto culpable el ex procurador Jesús Murillo Karam (JMK) quien fue imputado por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Horas después, la noche del sábado 19 se le aplicó la prisión preventiva, en espera de ser vinculado a proceso.
¿Cómo ocurrió el supuesto ilícito de JMK, considerado crimen de Estado?
Supuestamente Murillo Karam, Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero; Omar García Harfuch, mando de la extinta Policía Federal; Carlos Gómez Arrieta, titular de la Policía Federal Ministerial, entre otros funcionarios, quienes, a decir de la fiscal en la primera audiencia, planearon lo que más tarde se conocería como la “Verdad Histórica” del caso Iguala.
La noche del sábado 19 de agosto, JMK dijo triste:
“Se derrotó la presunción de inocencia” luego de que el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, le dictara la noche su detención en el reclusorio norte. El juez lo recriminó por la expresión...
Y poco importa si los fiscales conocen o no el caso, evidentemente no lo conocen como quedó demostrado en la primera audiencia que hasta el juez los regañó. La prueba fuerte de la Fiscalía (la #FGR) es que la verdad histórica se había fraguado en una reunión de JMK con varios altos funcionarios después de que la PGR atrajera el caso; todo esto, según el testimonio de un supuesto testigo colaborador al que se le había otorgado un criterio de oportunidad.
Pero, empezaron las cosas poco claras.
De entrada, varios de los supuestos participantes en la reunión donde se habría “concertado” el crimen, como el ex gobernador Ángel Aguirre, y Omar Garcia Harfush, jefe de la policía de la CDMX, salieron a declarar que nunca estuvieron en un cónclave para participar en la construcción de la supuesta verdad histórica; “son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, dijo Aguirre.
En tanto, Omar Garcia Harfuch en un tuit...
¡Durísima respuesta al fiscal Gertz!
¿Y qué ha dicho el C. presidente en las mañaneras?
Ha juzgado como si fuera juez superior.
En la conferencia del lunes 22, el presidente comentó que la COVAJ hizo un gran trabajo, y que incluso más allá del informe, el ex procurador Murillo Karam se inculpó de las irregularidades en la indagatoria: “su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía”.
El presidente retomó un video que fue colocado en la pantalla de Palacio de lo que dijo el actual fiscal Gertz, a padres de los normalistas, diciendo que son “responsables directos de esta investigación”.
López Obrador insistió incluso en la responsabilidad del ex procurador y pidió se repitiera -despacito-, el video en las pantallas del salón donde se realiza la mañanera.
Para el presidente esa es una gran prueba que inculpa al ex procurador.
Este miércoles 24 de agosto el c. presidente urgió a los jueces que escuchen la "opinión de todos", y afirmó que JMK podría acogerse al criterio de oportunidad, en el ánimo de que se conozca la verdad.
¿Qué piensa de la actuación de Murillo Karam en este caso, cómo valora lo que se hizo?, pregunta Sara Pablo.
La respuesta del presidente fue la de que “en vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad, inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Y ellos lo sabían, los que participaron en este montaje”.
Y como lo mencioné -comentó-, el mismo procurador de entonces asegura que él es responsable, con el señor Zerón, de acuerdo a la versión pública ya dada a conocer por la Fiscalía.
Agregó que la COVAJ “se apoya en expertos nacionales, extranjeros, presentan el informe con todos los anexos y, como tenemos el compromiso, pero además es un asunto de justicia, tenemos el compromiso con los padres, tenemos el compromiso con el pueblo de México, no podemos ocultar un crimen de ninguna naturaleza, menos un asunto tan infame, con todas sus implicaciones, hasta políticas”.
-Presidente, ¿qué implicaciones tiene que se trata de un crimen de Estado, como lo sostiene la comisión? Y, también, el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) pide acceso a toda la información; no solamente al informe, sino también a peritajes, capturas de pantalla. Si se les va a proporcionar. Ellos dicen que para avalar este informe pues necesitan toda esta información-, le preguntan.
La respuesta de AMLO fue que debe darse “toda la información (...) es una instrucción, precisamente para evitar la manipulación. La instrucción fue: entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada”.
Sin embargo, no ha sido así… El GIEI que se creó en 2014 para indagar el caso reveló que no fue informado del contenido del Informe, previo a su publicación. Asimismo, dijeron no han tenido acceso a pruebas claves como 467 capturas de pantalla ni tampoco a 37 conversaciones telefónicas que sirvieron a la COVAJ para el nuevo documento sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Pidieron que se entreguen los mensajes y dispositivos de los cuales se extrajo la información para poder evaluar las características y su fiabilidad.
¿Por qué Encinas no compartió esa información con el GIEI antes de su publicación?
López Obrador ya juzgó el asunto: “los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados”, dijo; y aunque sea considerado un a asunto de lesa humanidad no implicó ninguna responsabilidad al ex presidente Enrique peña Nieto...
Dijo en la mañanera del lunes: “Recuerden que los implicados tienen abogados defensores, vivimos en un auténtico Estado de Derecho y las autoridades tienen que sostener con pruebas sus acusaciones”.
En efecto, es un proceso donde la carga de la prueba la tiene quien acusa.
Qué bueno que se abra todo este asunto y se conozca la verdad de lo que ocurrió aquella negra noche del 26 de septiembre de 2014, pero este informe lamentablemente y aunque nos consideren conservadores debemos decir que tiene intencionalidad política, y justamente se está violando la presunción de inocencia.
No es correcto que un asunto penal en curso se esté ventilando en las conferencias mañaneras, ¿o sí?
¿Y qué ocurrió este miércoles 24 en el reclusorio norte?
Según información del reportero Abel Barajas de Reforma, Murillo Karam, afirmó al final de las audiencias de vinculación a proceso que en la investigación del caso que llevó a cabo su administración pudo haber fallas y errores, pero dijo que a pesar de que han tratado de buscar una versión alternativa, nadie ha podido “tirar” la que desde entonces quedó establecida.
JMK tomó la palabra para señalar que las conclusiones que tanto le critican se hicieron con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el GIEI.
“Estos grupos argentinos e interamericanos participaron absolutamente en toda la investigación, fueron ellos quienes escogieron el lugar donde se haría el análisis, fueron ellos los que llevaron los restos a Innsbruck, fueron ellos quienes escogieron cuáles restos podrían ser analizados tanto del río (San Juan) como del otro lugar (el basurero de Cocula)”, dijo.
Antes de ello, los tres abogados defensores pidieron al juez a declarar prescrito el delito de tortura y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada -como lo prevé el Código Penal Federal y no la Ley general-, los cuales le imputan junto con delitos contra la administración de la justicia en el caso Iguala.
Según la nota de Barajas, los abogados señalaron que el delito de tortura prescribió desde el 27 de octubre de 2017 y que ya no puede imputarse al procurador porque no fue denunciado antes de esa fecha.
Asimismo, solicitaron invalidar como pruebas las conferencias de prensa de JMK relacionadas con la investigación del caso. Elba Marina Vázquez expuso que aceptar como pruebas las conferencias del 6 y 27 de octubre, 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015 violan su derecho a la no auto incriminación.
Recordemos que un fragmento de esa rueda de prensa fue exhibido por el propio presidente en la conferencia mañanera.
Comenta Barajas en su nota, que, durante la diligencia, el Juez penal se molestó con uno del abogado cuando leyó una jurisprudencia de la Corte en la que refiere que un juzgador incurre en “notoria ineptitud” cuando no aplica la norma adecuada en un delito.
“Usted debe moderar su actitud porque ha estado faltando al respeto al aducir argumentos contrarios a mis resoluciones, invocando esa tesis de manera tergiversada, levantando la voz; lo apercibo de que si sigue con esa actitud lo voy a expulsar de la sala”, dijo el juez molesto.
“Debe moderar su intervención, este no es un debate ni una charla, yo soy el moderador y está usted ante un juez”, reprendió el juez al abogado Antonio López .
¿Qué sigue?
Seguramente Murillo Karam será inculpado a proceso y con lo que ello implique.
Pero en el inter pasaran cosas en la SCJN que se encamina, si todo sale bien, en eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa o automática como lo señala el Artículo 19 Constitucional.
El argumento para eliminar la prisión preventiva oficiosa es que esa figura viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, además de que ha sido motivo de condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De ser aprobada por mayoría calificada prevalecerá el principio de presunción de inocencia como se planteó en la reforma de 2008.
Los ministros, si se apegan a la ley deberán aprobarla, a menos que se dejen convencer por presiones políticas.