En días pasados, se avivó la “polémica” sobre los acontecimientos de violencia que se sucedieron en varias entidades del país casi con una precisión sistemática que además de la gravedad, tenían un toque de espectacularidad.
Afirmar que fueron orquestados o planificados con un fin político puede ser tan irresponsable como tipificarlos como actos de “narcoterrorismo”. Nos encontramos en un momento en el que los extremos se juntan pues, en paralelo, el presidente López Obrador anunció que la Guardia Nacional, pasaría a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, será una policía militarizada.
Por supuesto que es un hecho que la violencia preocupa a todos, ricos y pobres, izquierdas o derechas. Todos salimos perdiendo en un escenario en el que las partes actúan irresponsablemente haciendo señalamientos y juicios elementales con el único objetivo de sacar raja mediática y política.
En realidad, esto es lo lamentable, pues nos indica que nuestras diferencias y puntos de vista, están por encima de la razón, la sensatez y el compromiso con la sociedad a la hora de emitir un juicio en condiciones como estas. De más está señalar a quienes con un bajo nivel y capacidad de análisis, se lanzaron a atribuirle toda la violencia al presidente actual.
Pero hay que decirlo, la estrategia de seguridad de la 4T también ha fallado, esto pese a que las autoridades han logrado la detención de algunos de los responsables de los actos de violencia, así como en otros hechos se han logrado detenciones importantes, pero que no pasan de ser arrestos de personas que son la leva del crimen organizado.
Y es que por más programas que se implementen, la variable que sigue prevaleciendo en la crisis de inseguridad es la impunidad. De todos es sabido que el crimen organizado teje desde los más altos niveles políticos, policíacos y legales sus redes de interés e influencia, esto no es novedad.
Por ello resulta risible que algunos opinadores con la mayor de las frescuras señalen el fracaso de la estrategia de seguridad de la 4T y que reclamen soluciones inmediatas a un problema que lleva décadas de haberse incubado y que coexiste y está infiltrado con y en el gobierno desde hace varios sexenios.
Es de ahí de donde derivan sus comentarios y opiniones huecas, pues un día critican la política de abrazos no balazos y al otro reprueban la militarización de las policías. Por su puesto que militarizar al país no es la solución, de hecho, esa fue una de las críticas de López Obrador cuando era oposición, muchos de sus detractores criticaron su medida basados en las declaraciones del hoy presidente como candidato, pero condenaron su estrategia de no confrontación violenta con lo que, implícitamente, demandaban el combate abierto de las fuerzas federales contra el narco. Ahí su contradicción.
Pero lo que vemos aquí, es una encarnizada lucha por el poder que como hemos dicho anteriormente, de nada sirve lo que haga o deje de hacer el gobierno de la 4T, sus detractores de cualquier manera se lanzarán a intentar destruir propuestas y decisiones, no hay voluntad, al parecer de ninguna de las dos partes, para trabajar de manera conjunta y hacerle frente al menos a uno de los problemas comunes de los mexicanos como es el de la inseguridad.
Tipificar de narcoterrorismo la crisis de inseguridad en el país, sería otorgarle una patente de corzo a los Estados Unidos para intervenir militarmente en territorio mexicano, algo que los detractores anhelan y aplauden, mientras otros rechazamos, pues de todos es sabido que, lo peor que puede ocurrirle a una nación, es abrirle las puertas al ejército del Tío Sam.
La 4T ha cometido varios errores y uno de ellos, es precisamente la militarización de las policías, el problema es que, en los mandos policíacos ya no hay muchos en quién confiar, aunque también en el Ejército se cuecen habas.
Ante este contexto, entonces, que nos queda a los mexicanos y a la sociedad en su conjunto. Si el problema radica en la impunidad, entonces debemos volcar nuestras exigencias contra el poder judicial, el cual por mucho tiempo ha evadido su papel y responsabilidad a la hora de ejercer las leyes e impartir justicia, pues por mucho tiempo y promovido por algunos, centró su labor en encerrar a quienes robaron un pedazo de pan y protegieron, y se coludieron con quienes defraudaron a la federación.
Es en el poder judicial en donde radica hoy buena parte del combate a la inseguridad, pues mientras exista impunidad, las empresas, empresarios, políticos, líderes sociales y la sociedad en su conjunto, seguirán corrompiendo y corrompiéndose o protegiéndose tras las leyes manipuladas o ejercidas a modo.
Países como Reino Unido, resolvieron sus problemas de inseguridad en base a programas integrales de desarrollo social con programas integrales de educación, promoción de actividades deportivas y artísticas, así como la capacitación técnica de la fuerza laboral. Todo sin hacer un solo tiro.
La política de no violencia de la 4T no es una mala idea, pero le falta la seguridad y el apoyo del poder judicial para resolver el nudo gordiano en que se ha convertido la inseguridad en México.