El pasado lunes fue asesinado el periodista Fredid Román, quien en semanas previas denunció la complicidad de los gobiernos estatal de Guerrero y el municipal de Chilpancingo, en la extorsión que se ha generalizado en esa entidad contra la iniciativa privada.
Fredid Román fue acribillado la tarde del pasado lunes, en el centro de Chilpancingo, al salir de su oficina, por sicarios que le dispararon cuando estaba dentro de su automóvil.
En julio pasado, Bladimir Román, hijo del periodista muerto el pasado lunes, también fue abatido a tiros, luego que durante semanas se negó a entregar al crimen organizado su negocio de distribución y venta de pollo.
Los dos crímenes son parte del clima de terror y violencia que impuso el partido Morena, en Guerrero, a la llegada de la gobernadora Evelyn Salgado y de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, las dos “títeres” del crimen organizado en Guerrero.
Y es que para nadie es novedad que en todo México los gobiernos de Morena son, en los hechos, verdaderos “narcogobiernos” locales.
Es decir, se trata de gestiones estatales en donde el crimen organizado, sus estructuras de poder y su dinero apostaron por la política, mediante la intervención de los procesos electorales para, de esa forma, llevar a sus empleados a los gobiernos municipales y al poder estatal.
Así, una vez en el poder, la estructura mafiosa se apodera poco a poco no sólo de las rentas –el cobro de piso–, sino de los principales negocios privados –comercio, industria, agricultura, ganadería y hasta del agua–, y desplaza a las instituciones municipales y estatales.
Todo un entramado criminal que nace, crece y se reproduce al amparo y la impunidad de los tres órdenes de gobierno y los Tres Poderes de la Unión, sobre todo el poder presidencial mexicano.
Pero el “emblema” de todo narcoestado se llama Guerrero, en donde en la última década el entonces líder del PRD, López Obrador, apostó a la alianza con poderosas bandas criminales de la entidad, como “Guerreros Unidos”.
No es ninguna novedad que, con la ayuda de Félix Salgado Macedonio, Lázaro Masón y Delfina Gómez, los grupos criminales de Guerrero pagaron por la franquicia del PRD para gobernar ciudades como Iguala, entre otras.
Luego vino “la compra” de la franquicia de Morena –partido al que el poder del crimen organizado le apostó fuerte–, hasta que en la pasada elección del 2021 Guerrero “fue escriturado” al crimen, que colocó en el gobierno estatal a una “pelele”, de nombre Evelyn Salgado, hija del depredador sexual Félix Salgado Macedonio.
Pero si a nivel estatal los grupos criminales colocaron a una figura decorativa como Evelyn Salgado, en la alcaldía de la capital, Chilpancingo, el fenómeno fue el mismo; llegó a la presidencial municipal una burócrata desconocida, de nombre Norma Otilia Hernández Martínez.
La entrega al crimen organizado fue tal que hoy las bandas criminales controlan el 90% de la actividad económica de la entidad, empezando por la capital del estado, Chilpancingo.
De esa manera, los establecimientos comerciales no sólo deben pagar piso; solapado de manera soterrada por los gobiernos estatal y municipal, sino que, en la locura criminal, “los negocios” privados son expropiados.
Sí, se vive una expropiación a favor de los grupos criminales que hoy controlan la distribución y venta de pollo; carne de res y cerdo; pescados y mariscos, las tortillas… y en especial, todas las bebidas alcohólicas.
El control se lleva a cabo a partir de la entrega de rastros y frigoríficos a los barones del crimen, por parte de los gobiernos estatal y municipal, que a cambio reciben jugosos dividendos.
Y precisamente en ese clima de extorsión, Bladimir Román, hijo del periodista Fredid Román, se negó a entregar su negocio de distribución y venta de pollo en el estado y, por esa razón, fue asesinado en julio pasado.
A través de sus espacios mediáticos –como la “Revista La Realidad” y su columna “La Realidad Escrita”–, el periodista Fredid Román denunció la extorsión de las bandas criminales, el crimen de su hijo y, sobre todo, la complicidad de los gobiernos municipales y el estatal.
Sin embargo, la tarde del lunes 22 de agosto recibió la respuesta de los matones; al momento de salir de su oficina fue acribillado.
Pero lo más indignante es que a pesar de que todos en Guerrero saben quien ordenó la muerte de Fredid Román, el presidente López Obrador se limitó a un mero “lamento” la muerte, y punto.
Es decir, una abierta complicidad presidencial con las bandas criminales que han convertido a Guerrero en un verdadero narcoestado.
A su vez, Artículo 19 reaccionó con una severa condena y la exigencia al gobierno federal para que otorgue medidas preventivas a la familia del periodista, a los medios en los que colaboraba y para aquellos que difundían sus colaboraciones.
Pero Guerrero tampoco es la excepción. Las bandas criminales se han apoderado de industrias vitales en entidades donde gobierna Morena, como Sinaloa, en donde el narcogobierno de Rubén Rocha Moya le entrego al crimen la industria pesquera.
Sí, por ejemplo, todo el camarón que se consume en México y buena parte del que se exporta, lo controla la banda criminal de El Chapo, el principal aliado de López Obrador.
Pero la tragedia ha llegado a niveles de escándalo, ya que esa misma mafia se ha apoderado del control del agua para riego, lo que llevará al colapso a la rentable industria de la exportación de hortalizas.
Y, claro, no podía faltar en Sinaloa el control de la cerveza, también en manos criminales.
Pero tampoco ahí termina todo.
En Michoacán ya debió intervenir el gobierno de Estados Unidos para frenar la exportación de aguacate, en manos del crimen organizado, lo que empieza a colapsar una industria de miles de millones de dólares.
Por eso, frente al poder infinito de los narcogobiernos de Morena la vida de los periodistas pende de un hilo, ya que se someten a las reglas impuestas por el crimen o son asesinados; en abierta complicidad con los tres ordenes de gobierno y los Tres Poderes de la Unión.
Al tiempo.