Vaya semana ha tenido el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014. Haciendo un breve recuento de los hechos empecemos por las declaraciones que hizo el pasado jueves 18 de agosto el subsecretario de gobernación; Alejandro Encinas, en donde reconoció que por lo menos desde el Gobierno Federal, no hay indicios de que se encuentren con vida los normalistas.
Asimismo, Encinas adelantó sobre 83 órdenes de aprehensión contra militares, funcionarios públicos así como miembros del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”.
Sin embargo, creo que no pasó por la mente de muchos de nosotros que estas pudieran llegar a niveles tan altos como a un ex procurador de la República, con la detención de Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo y desde luego cercano al círculo de poder del Partido Revolucionario Institucional. Vaya día que se vivió en el poder judicial mexicano, porque después de tres años le fue otorgada libertad condicional a la ex secretaria de desarrollo social Rosario Robles, quien fue ingresada al penal de Santa Martha en agosto del 2019. ¿Coincidencias? Definitivamente no, pero por ahora vale la pena detenernos en Ayotzinapa, los dimes y diretes políticos que esperen un poco.
Cien mil, es la cifra estimada de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas en México, cien mil familias que viven en una angustia eterna, esperando encontrar a sus hijos, madres o hermanos, en alguna fosa común o tal vez rescatada de algún secuestro. Cuarenta y tres la cifra de estudiantes normalistas que fueron desaparecidos aquel 2014, pero ¿por qué esta cifra “43” cobró especial relevancia y aún después de casi ocho años el tema cala y cala mucho?
Ayotzinapa representa todo lo que está podrido en el sistema mexicano, representa un grupo de jóvenes con escasas oportunidades laborales, muchos de ellos provenientes de familias en condiciones de pobreza. Representa un gobierno coludido con el crimen organizado, permitiéndoles operar con plena libertad y ponderando los negocios sucios antes de la vida de jóvenes. Representa la total impunidad de quienes voltearon a ver para otro lado, para quienes tienen sangre en sus manos y para quienes después de casi ocho años, les tiembla la mano en la acción de justicia.
Me parece que lejos de tratarse del momento de claridad y justicia que han esperado por años las familias, se trata de pugnas políticas y ruptura de acuerdos entre ésta y la pasada administración, ¿por qué lo digo? Porque no es casualidad que justo hace unas semanas la Fiscalía General de la República haya abierto (aunque sea de chocolate) una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, ni es coincidencia que no se esté pidiendo cuentas a quién tenia a su cargo la policía federal en Guerrero, Omar García Harfusch… ¿les suena el nombre? Si, quien salvaguarda la seguridad en la capital del país.
¿Será que fue a penas esta semana que tuvieron información suficiente para inculpar a Murillo Karam por la desaparición de los 43? Claro que no, ocho años han pasado y esta administración lleva por lo menos tres con la información en sus manos.
¿Por qué ahora?
Probablemente esas 43 familias nunca pueden enterrar a sus hijos, no puedan saber cómo pasaron sus últimas horas y tener realmente justicia por el crimen de Estado cometido ese 26 de septiembre del 2014?
A nosotros nos toca no olvidar, no dejar de escribir, cuestionar y no satisfacernos con los chivos expiatorios que nos dan a cuentagotas con la máscara de justicia.