La semana pasada el Consejo General del INE aprobó el financiamiento público que se dará a los partidos políticos nacionales en el ejercicio 2023, independiente del que se otorga en cada entidad, es decir, a los 32 financiamientos locales. El monto aprobado fue por 6 mil 233 millones de pesos, 412 millones más que en 2022.
El financiamiento 2023 es una cifra similar al presupuesto de la Secretaría de Gobernación en 2022, mayor que el que se le asignó en ese año al INEGI, al INAI, a la CNDH, al TEPJF y a la SCJN. Todos menores a los 6 mil millones de pesos.
El establecimiento de esta cifra no la determina el INE ni los partidos políticos. Es un tema de la fórmula con que se calcula el financiamiento, prevista desde la Constitución. Explicar el incremento es sencillo, es así por que se toma como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -en 2021 fue $89.62 y en 2022 fue $96.22- la cual incrementa anualmente. Además, se tiene que multiplicar por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, mismo que, también, está en un constante aumento.
Así, resulta natural el incremento, puesto que se trata de la aplicación de la fórmula. De ahí que sea una situación legal que, por cierto, sobrepasa la situación económica y política del país y, hasta cierto punto, supera la realidad. Sobre todo, si se hace la sumatoria de todo el apoyo institucional que se brinda a los institutos políticos, dentro de los cuales encontramos el apoyo de oficinas de las consejerías del Poder Legislativo y de las representaciones ante el Consejo General, del INE, prerrogativas en radio y tv, y el financiamiento local en las entidades que algunos han estimado, incluso, superior al que se da en materia nacional.
Sin embargo, hay diversos aspectos que rescatar del tema. El primero es que resulta necesario pensar en replantear la fórmula de asignación de presupuesto sin mermar los derechos de los institutos políticos. Es cierto que es una cifra elevada, pero también lo es que nuestro diseño de sistema de partidos tiene la bondad de brindar piso parejo a los contendientes electorales. Aunado a que se sustenta en una base equitativa para, posteriormente, dar un tratamiento conforme a su fuerza política. Es la bondad del diseño que no debemos perder.
También existen situaciones que escapan de la legislación. Por ejemplo, la distribución de la prerrogativa referente al uso de las franquicias postales y telegráficas, en dónde sólo se establece la fórmula con que se calculará el monto, pero no existe criterio alguno para la distribución. El INE ha tomado el criterio y, ha sido ratificado por el TEPJF, de hacer una distribución equitativa, dividiendo la cifra que resulte de la aplicación de la fórmula entre el número total de partidos políticos con registro nacional. De ahí que todos tengan el mismo financiamiento en estos rubros.
Al respecto, si bien es cierto que aún se continúan utilizando las franquicias postales y telegráficas, también lo es que se encuentran en desuso. Es difícil aceptar que se utilicen en total 118 millones en temas postales y 693 mil pesos en materia de telégrafos.
¿No existen otros rubros más actuales para apoyar a los partidos? ¿Se podría buscar apoyo en tecnología como internet, plataformas digitales y redes sociales?
Lo anterior, con la finalidad de brindar, más allá del acceso a radio/tv, espacios de actualidad y dónde se están realizando las discusiones y las campañas. Asimismo, se estaría brindando un piso parejo y, a la vez, se tendría una regulación más específica del ciberespacio en materia electoral.
Ahora bien, es cierto que en los Foros de discusión sobre la eventual reforma se ha tomado el tema con seriedad y celebramos que así sea. No obstante, debemos considerar no mermar derechos y obligaciones con la justificación de mayor austeridad. Debemos pensar en fortalecer la transparencia y rendición de cuentas que eliminar el financiamiento público. Este debe ser base de la equidad en las contiendas y de permitir el sostenimiento de las actividades que permitan a los partidos cumplir con sus fines legales y constitucionales.
Eliminar el financiamiento público podría derivar en la búsqueda de otras vías de financiamiento que no precisamente sean legales, y puede dar paso al uso de recursos de procedencia ilícita y, peor aún, a la participación del crimen organizado en los comicios con injerencia directa en el resultado. Además, de privilegiar el desvió de recursos públicos para estas finalidades, aprovechándose de los cargos públicos de las y los militantes y simpatizantes, en su caso.
La gran apuesta está en sostener el modelo dual de financiamiento público y privado actualizado a un esquema de austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Tomando en consideración que, en todo momento, debe estar por encima el origen público de los recursos que el privado. Se trata, pues, de mantener la finalidad de garantizar equidad en los procesos electorales.
¡Aquí están varios temas más para la agenda legislativa!
*Fernando Díaz Naranjo | Analista Político
**Giovanni Hernández | Especialista Electoral