La discusión en torno a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a un punto en el que panegíricos y críticos coinciden: no hay acuerdo.
Esta semana ocurrieron dos hechos que pintan de cuerpo entero el fracaso: el terror causado por narcos en Baja California (Morena), Jalisco (Movimiento Ciudadano), Chihuahua (PAN) y Guanajuato (PAN), y la maquillada apertura de las reuniones de seguridad que de lunes a viernes protagoniza el presidente Andrés Manuel López Obrador a las 6 de la mañana en Palacio Nacional.
De acuerdo con la Real Academia, el terrorismo es dominación por el terror; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, o una actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.
Lo que vimos a lo largo de la semana fueron actos de terror en los que ciudadanos fueron violentados por las acciones del narco, presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación, no solo en Jalisco y Guanajuato, también se le atribuye que fue el causante de la quema de vehículos de transporte público en Tijuana, Tecate y Mexicali.
En el caso de Ciudad Juárez hay información que indica que es un pleito entre el Cártel de Sinaloa y los herederos de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
En todos los casos el nivel de violencia incluyó incendiar tiendas Oxxo. En Twitter los furibundos opositores a AMLO quisieron argumentar que era una estrategia desde el mismo gobierno porque ha fustigado a la empresa propietaria de Oxxo. Otros más incluso aventuraron que las acometidas del narco aterrorizando a civiles es parte de una estrategia para que se respalden las decisiones en torno a la Guardia Nacional. Es absurdo.
En el caso de Jalisco y su impacto en Guanajuato la información disponible es que había una reunión en la que estaban participando dos peligrosos narcos, Ricardo Ruiz, apodado el RR, y otro sujeto, pero ambos del entorno cercano a El Mencho. También se publicó una versión, en Milenio, que al parecer el RR está organizando la revuelta contra El Mencho.
Lo cierto es que ni el RR ni El Mencho están detenidos. En cada entidad ha habido detenidos por la violencia criminal.
¿Es narcoterrorismo? Las autoridades se han resistido a este término, por todo lo que puede implicar. En México ha habido al menos nueve casos de autos bomba en los últimos 16 años, al menos desde que inició la guerra contra el narco con Felipe Calderón.
Ha habido asesinato de exgobernadores, el más reciente el de Aristóteles Sandoval, en Jalisco.
El presidente López Obrador, quien con sus opositores endurece el gesto cuando los tacha de conservadores o hipócritas, se refirió con suavidad a los primeros ataques esperando que no se repitan.
“El subsecretario Ricardo Mejía va a informar, qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos. Y algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia (…) No solo fue enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó un momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable de este asunto”.
Pero el “ojalá no se repita” evidentemente fue ignorado porque después vendría la violencia en Ciudad Juárez y Baja California.
El otro hecho que llamó la atención fue que el martes 9 y miércoles 10 de agosto el gobierno permitió entrar a periodistas a las reuniones del Gabinete de seguridad en Palacio Nacional.
Felipe Calderón Hinojosa convocaba al Gabinete de Seguridad en Los Pinos de manera frecuente, al menos una vez por semana, pero la violencia no cesó.
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón presidían con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública. A la luz de los hechos tampoco funcionaba.
Cuando Calderón se metió en una crisis por acusar que el asesinato de jóvenes en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, había sido por un “pleito entre pandillas”, debió organizar un encuentro en esa ciudad fronteriza y ahí fue encarado por las madres de las víctimas. Poco después Calderón armó reuniones donde participaban organizaciones civiles y expertos. Nada funcionó.
El reportero Antonio Baranda, de Reforma, fue quien mejor describió la cita del Gabinete de Seguridad del martes 9 de agosto. Los detalles que aportó tanto en su versión web como en el diario mostraron que comenzó a las 5:58 de la mañana y concluyó a las 6:45 horas.
La jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum a veces publica en Twitter fotos a su salida de Palacio Nacional para informar que ha participado de la reunión de Gabinete de Seguridad.
Lo que se trasmina de esas reuniones, a las que se consideran más efectistas que con resultados tangibles, es poco. Hay versiones extraoficiales que describen monotonía. Otros han relatado, en corto, el machismo en las participaciones.
Quizá quien más ha desvelado cosas que ocurren en las reuniones del Gabinete de Seguridad con AMLO es el periodista Raymundo Riva Palacio, quien por ejemplo publicó en su columna Estrictamente personal en El Financiero el 27 de octubre de 2021 que un mes antes en una reunión de Gabinete de Seguridad se informó que presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación se había robado 10 kilómetros de longitud del poliducto que corre entre Topolobampo y Guamúchil, Sinaloa.
Lo inquietante es que después de enterarse de ese grave acontecimiento, en la misma reunión se informó que los criminales volvieron a robar y se llevaron un kilómetro y medio más.
¿Se tomó alguna decisión en las reuniones del Gabinete de Seguridad en torno a esos hechos? ¿Se sabe si ya hubo detenidos por semejante afrenta al Estado mexicano?
Cuentan que en el sexenio calderonista hubo varios ataques contra ductos de Pemex. Algunos se hicieron públicos, pero se asegura que hubo muchos más de las que no llegaron a enterarse los ciudadanos. Y dicen que la Secretaría de Gobernación tomó cartas en el asunto.
Pero de regreso a la sesión de este martes 9 de agosto, la estupenda crónica de Baranda describe que un “adelante Rosa”, precedido de un seco “buenos días”, fue el arranque de la sesión. Pero que la secretaria de Seguridad recordó que había cinco periodistas presentes, a quienes se les pidió entrar sin teléfono celular, como todos los que participan, pero también sin grabadoras, solo pluma y libreta.
¿Hubo algún secreto, estrategia, acción a tomar para abatir la criminalidad? ¿Fue distinto porque había periodistas?
Además del presidente López Obrador, quien se colocó en el extremo de una mesa en forma de óvalo, estaban presentes Rodríguez y los titulares de Sedena, Marina, Gobernación, Salud, IMSS y Centro Nacional de Inteligencia, así como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; el titular del INPI, Adelfo Regino, la Consejera Jurídica de Presidencia, Estela Ríos; el secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer, y Lázaro Cárdenas Batel, principalmente.
¿Son pocos o muchos? ¿Están los que deben estar? ¿Qué hace ahí Hugo López-Gatell?
A juzgar por el relato de Baranda, López Obrador escuchó cifras y datos vertidos en materia de seguridad por Rodríguez. No comentó nada y tenía la mano a veces en la quijada, luego en la cabeza. Bostezó una vez. También el secretario de la Defensa dio cuenta de detenciones.
Dudaron si Jorge Alcocer, secretario de Salud, iba a desglosar sus temas o no. Concluyeron que no.
Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, vía zoom desde Sabinas, Coahuila, informó sobre los trabajos en la mina siniestrada seis días antes. No hubo preguntas y la exposición de ella fue corta. ¿No debió ser más prolija debido a que se trata de la vida de 10 mineros en riesgo?
- "Muchas gracias, Laura, vamos a seguir informando en la conferencia para que estés preparada", comenta López Obrador.
Luego, describe Baranda, habla Adelfo Regino, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Es quien toma más tiempo y es el único que genera dudas en López Obrador, que pide precisiones… sobre los apoyos de programas sociales. Incluso el funcionario había abandonado el salón y lo llamaron para que volviera a puntualizarlo. Minutos más tarde sería uno de quienes hablaría en la conferencia mañanera… también largo tiempo.
El secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, presenta un reporte a solicitud de López Obrador, en torno a los amparos por el Tren Maya. Muy breve.
"Muy bien, entonces iniciamos con Laura, luego Salud, Jorge, Zoé (Robledo, director del IMSS), Hugo y María Elena (Álvarez-Buylla, directora del Conacyt) para lo de la vacuna, luego ya Adelfo y ahí terminamos", ordena el presidente.
Son las 6:48 horas del 9 de agosto y todos pasan a recoger sus celulares para dirigirse enseguida al salón Tesorería de Palacio Nacional a la conferencia mañanera.
¿Es una previa de la mañanera? ¿Entonces por qué la venden como una reunión importantísima para abatir la violencia? ¿Se establecen estrategias? ¿Son distintas a como las hacía cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué hacían entonces que no hacen ahora, si es que así fuera?
Esta semana que pasó, sin duda, es una de las más graves que ha vivido López Obrador. El culiacanazo, aquel penoso acontecimiento en donde liberaron a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, para que no hubiera más violencia. Decisión, que con el paso del tiempo, confirma que fue un error, como casi todas las decisiones que toma este gobierno.
Punto y aparte. No hay que perder de vista lo que estará sucediendo en el Senado.
Punto final. Y del problema del agua mejor ni hablamos. No obstante que ha habido voces cercanas al presidente que le han alertado del problema… desde 2018.