En el documento “Finanzas públicas locales: hacia una nueva coordinación fiscal”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), identificamos que, en promedio, la recaudación propia de los estados representa 14% de sus recursos totales. Por lo tanto, los estados cuentan con recursos propios limitados para ejercer gasto público que atienda problemáticas locales o necesidades no prioritarias para el Gobierno Federal. Sin embargo, la transición energética es una necesidad global que debe atenderse tanto desde el ámbito federal como desde el local.
Para cambiar la forma en la que producimos, transportamos y consumimos energía, los gobiernos subnacionales deben atender cuatro puntos clave: i) entender el contexto local, ii) alinear los incentivos de los agentes económicos, iii) considerar las mejores prácticas internacionales y nacionales, y iv) fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas locales.
Primero, las necesidades energéticas varían entre estados; por ejemplo, son diferentes las industrias estatales, el consumo de los hogares, el uso de automóviles y la infraestructura energética. Por lo tanto, es necesario realizar diagnósticos energéticos estatales que identifiquen las áreas de oportunidad donde puedan incidir las políticas públicas.
Segundo, para ejercer políticas locales, hay que reconocer los incentivos y desincentivos federales. En este sentido, hay tres leyes principales que rigen las políticas federales: la Reforma Energética de 2013, la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, donde se definen las energías limpias; y la Ley de Transición Energética de 2015, donde se establece el Programa Especial de Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. No obstante, hay otras normativas que limitan las políticas locales. Por ejemplo, la Ley Federal de Hidrocarburos establece que los estados receptores de recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios de Hidrocarburos no establecerán ni mantendrán gravámenes sobre la exploración y extracción de hidrocarburos. Adicionalmente, para legislar efectivamente normas que promocionen la transición energética, hay que identificar las externalidades que limitan a los agentes económicos, como los daños ambientales o la infraestructura disponible.
Tercero, hay que considerar legislaciones vigentes de otras entidades federativas o de otros países. Por ejemplo, en Ciudad de México, se aplican estímulos fiscales sobre predial, tenencia e impuestos sobre la nómina para incentivar el uso de autos eléctricos, construcción de edificios sustentables o la reutilización de residuos generados durante procesos productivos. Asimismo, en Yucatán y Tamaulipas están estipulados pagos sobre las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Además, Zacatecas es el estado que más recauda en términos per cápita por concepto de impuestos verdes ($296 MXN anuales por habitante), entre los 9 estados que reportan ingresos bajo este concepto analizados por el CIEP. Cabe destacar que la recaudación nacional anual per cápita, en promedio, por impuestos verdes es de $10.9 MXN y de $32.4 MXN, si solo se consideran estos estados.
Por último, la recaudación por impuestos verdes que limiten las actividades dañinas al medio ambiente son una opción para fortalecer los recursos disponibles de las entidades federativas. Asimismo, las renuncias recaudatorias son una opción que debe depender de la sostenibilidad fiscal de las haciendas locales. No obstante, hay que recordar las diferencias estatales y los marcos normativos locales y federales, así como reconocer y exigir la responsabilidad local de atender los retos de la transición energética.
* Juan Pablo López Reynosa
Investigador CIEP
Licenciado en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey donde colaboró con el Departamento de Economía como asistente de investigación, impartió asesorías de Microeconomía y fue presidente de la sociedad de alumnos. Desde la investigación ha abordado temas como promoción de la transición energética, agricultura, complejidad económica, discriminación en el mercado laboral y financiamiento verde a entidades subnacionales. Sus principales intereses son el uso de herramientas computacionales y su aplicación en las Ciencias Sociales, especialmente para la reducción de las desigualdades y la mitigación del cambio climático. Actualmente colabora en CIEP dentro del área de ingresos y deuda. Busca generar conocimiento, con base en evidencia, que promueva la justicia fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
** Ricardo Cantú Calderón
Director adjunto de operaciones y fortalecimiento institucional CIEP
Es doctor en Política Pública y maestro en Economía y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es un programador apasionado y autodidacta, creyente de que se pueden democratizar las finanzas públicas. Es por esto que desarrolló el Simulador Fiscal CIEP: herramienta en línea que permite a sus usuarios, de manera gratuita, hacer propuestas de política pública y entender sus consecuencias en la redistribución del ingreso y sostenibilidad fiscal. Ha laborado con instituciones como el Global Development Network, East-West Center, Universidad de Harvard y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es co-fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).Quiere que todos los niños y niñas nazcan libres de deuda.