A poco menos de un mes de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex con el que su gobierno haría frente al huachicol; el plan, habría que añadir, serviría también para reforzar el control estatal sobre los hidrocarburos como parte de su estrategia para lograr la soberanía energética y como una muestra de la capacidad que su administración tendría para acabar con la corrupción y frenar la inseguridad.
Es cierto que el presidente López Obrador es el único mandatario mexicano en no caer en una simulación para atajar el robo de combustible, pero la serie de acciones amparadas a dicho plan que ha tomado su gobierno se muestran como una simple numeraria cuyo efecto es insuficiente para erradicar al huachicol que, poco a poco, se ha convertido en una de las actividades más rentables para la delincuencia organizada en México y una de las razones que explican el aumento de violencia y de asesinatos en el país.
Por ejemplo, se sabe que, en 2017, el Cártel Jalisco Nueva Generación amplio´ sus actividades al robo de combustible y consolido´ su control en Puebla y Veracruz, mientras que el Cártel Santa Rosa de Lima, dedicado sobre todo al huachicol, intensificó su conflicto con Jalisco Nueva Generación en Guanajuato. Por otro lado, facciones de los Zetas y el Cártel del Golfo como Sangre Nueva Zeta y Grupo Sombra siguen activas en el huachicol en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Al tiempo que la delincuencia organizada se ha ido consolidando en el negocio del robo de combustible, las tasas de asesinatos han ido aumentando, por ejemplo, entre 2005 y 2009 en Guanajuato se registraba menos de 300 asesinatos anuales, mientras que entre 2015 y 2020 se registraron un promedio anual de 2,794 homicidios; sólo en 2020 se registraron 4,967 asesinatos.
Si bien la competencia de los grupos delictivos por el negocio ilícito de combustible ha aumentado los índices de violencia en México, quizá el mayor obstáculo para frenar al huachicol de manera tajante continúa dependiendo de la corrupción al interior de Pemex, la cual sigue dejando la puerta abierta a una cadena de robo-compraventa de hidrocarburos nutrida de la complicidad de elementos de seguridad pública y autoridades municipales, estatales y federales, con fuerte vínculos con el crimen organizado, grupos especializados, bandas criminales, comunidades y empresarios.
Lo anterior conecta con los índices de impunidad en México. De acuerdo con el presidente López Obrador las leyes “blandas” son las responsables de que pocos huachicoleros vayan a prisión, de ahí que se aumentara la pena por robo de combustible de 20 a 30 años de prisión y una multa de hasta 2 millones de pesos a quien venda, sustraiga y consuma combustible robado, entre otras sanciones. No obstante, hasta ahora los casos por robo de combustible que llegan a un proceso suelen aplicarse a delincuentes de bajo perfil, mientras que los de alto perfil continúan impunes, de estos últimos el más visible ha sido el del general Eduardo Leo´n Trauwitz que continúa prófugo desde que un juez ordeno´ su captura por cargos relacionados con el robo de combustible en 2019.
Por otro lado, aunque Petróleos Mexicanos había registrado una baja significativa en el volumen perdido por robo de combustible respecto a 2018, año de mayor huachicoleo (56 mil barriles por día), en su informe del primer trimestre de 2022 Pemex reportó que el volumen robado de combustible promedió 6.1 mil barriles diarios, lo que equivale a pérdidas económicas de 3,004 millones de pesos y un aumento del 41.8% respecto al mismo trimestre de 2021.
Sin duda, las cifras anteriores respaldan los informes del presidente López Obrador sobre una disminución en el volumen de combustible robado desde que inicio´ su mandato. Sin embargo, aunque hay éxitos, combatir el huachicol es un elemento importante para cumplir las metas que el presidente propuso después de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, entre ellas programas sociales en los estados más afectados por la violencia originados por el robo de combustibles.
Y pese a una victoria anunciada anticipadamente, el huachicol sigue siendo una deuda pendiente del gobierno de López Obrador, principalmente en lo que se refiere a abordar de tajo la corrupción y la colusión dentro de Pemex y las fuerzas de seguridad, así como para diversificar la matriz energética con energías renovables, esto último sin duda podría contribuir a que los altos costos económico y social, así como en términos de seguridad ocasionados por el robo de combustible disminuyan en nuestro país.