El reporte “Finanzas Públicas Locales: Hacia una nueva coordinación fiscal”, publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. el 22 de junio de 2022, analiza en uno de sus capítulos el gasto público que cada entidad federativa destinó a la seguridad pública de 2018 a 2022. En los resultados no se observa que entre más sean los recursos destinados a seguridad, existan menos delitos.
Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los distintos niveles de gobierno, quienes deben coordinarse para hacerse cargo de esta tarea. Sin embargo, aunque existe la normatividad, los resultados indican que hace falta mayor coordinación.
En ese sentido, la Federación transfiere recursos a los estados para realizar acciones en materia de seguridad pública, los cuales han disminuido de 2013 a 2022. Durante este periodo, las transferencias federales se redujeron 57.7%, principalmente por la eliminación del Subsidio para Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG). Actualmente, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es el único instrumento que transfiere recursos para seguridad a los estados.
La mayor parte del gasto en seguridad de los estados proviene de recursos propios y de las participaciones. En 2021, a nivel nacional, los recursos del FASP representaron únicamente 3.2% del gasto estatal en seguridad, mientras que 96.8% fue gasto proveniente de recursos no etiquetados de los estados. El rango de esta última proporción en las 32 entidades federativas va de 84.1% a 99.6%. Respecto de su gasto total, los estados utilizan, en promedio, el 10.6% para proveer seguridad a la población y el rango va de 4.6% a 26.3%.
A pesar de este gasto, los resultados no son evidentes, pues la incidencia delictiva no ha presentado reducciones. Durante 2021, 15 estados registraron un número de delitos por encima de la cifra nacional, que fue de 584.6 delitos por cada 100 mil habitantes. Destaca el caso de la Ciudad de México, que es la entidad que más recursos utilizó para proveer seguridad por cada 100 mil habitantes; pero la cuarta con mayor número de delitos. Siguiendo la misma línea, los delitos registrados en Nuevo León y Colima también se encuentran por arriba de la cifra nacional, aun cuando son el segundo y tercer estado que más gasto destina por cada 100 mil habitantes, respectivamente. No obstante, también hay estados donde se observan resultados positivos. Tal es el caso de Yucatán, Nayarit y Campeche, cuyo gasto en seguridad está por encima del promedio nacional y se encuentran entre las cinco entidades con menor incidencia delictiva.
Debido a la distribución del gasto en seguridad y sus resultados, es necesario ampliar la coordinación entre la Federación y los gobiernos locales, así como evaluar las estrategias que cada estado implementa, considerando la pertinencia de incrementar las transferencias federales. Lo anterior debe realizarse con lineamientos precisos para cada caso, con base en su situación de inseguridad y teniendo en cuenta a todos los actores involucrados en los resultados que se persiguen.
*Mireya Mondragón Cervantes
Coordinadora de gasto público
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su servicio social en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República Mexicana, donde formó parte de la Dirección General de Finanzas. Ha colaborado en publicaciones de dicho Instituto, donde obtuvo experiencia en la investigación de temas referentes a las finanzas públicas. Actualmente colabora como investigadora en el área de gasto público en el CIEP. Busca incidir en el manejo correcto de las finanzas públicas para conseguir un impacto positivo en el bienestar del país.
**Alejandra Macías Sánchez
Directora ejecutiva
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del ITESM. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género.