A lo largo de los últimos 30 días hemos conocido cuatro propuestas de reforma de elementos sustantivos de nuestra democracia constitucional y del sistema electoral. El presidente López Obrador, PT, PAN y PRI presentaron su punto de vista sobre lo que hay que hacer y mejorar. Aquí un primer comentario general.
AMLO
Sobre el Congreso de la Unión propone que la Cámara de Diputados y Diputadas esté integrada por solo 300 diputaciones electas mediante el sistema de listas votadas en cada Estado, es decir, todas mediante el sistema de representación proporcional pura. El Senado se integraría por 96 en lugar de 128 personas elegidas —tres por Estado— también mediante el sistema de listas.
Se propone limitar el número de asientos de los congresos locales (máximo 45) y el de regidurías en los ayuntamientos (máximo 9).
El nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sería un órgano autónomo, pero solo en los términos de la ley respectiva y no de lo que dice la constitución. Propone también que no todos los órganos del INE sean permanentes y que para su funcionamiento ya no sería necesario el personal calificado.
El INEC sería responsable solo de la integración de la Lista Nominal de electoras y electores, pero no del Padrón Electoral, que es la base y fundamento de aquella. Se le asignaría la organización de todas las elecciones federales, locales y municipales, suprimiendo los órganos electorales de los Estados y municipios. Estaría dirigido por siete en lugar de once consejerías, con gestión de seis en lugar de nueve años y serían electas por el voto popular.
El texto propone elegir por voto popular a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal y eliminar los tribunales electorales locales.
Señala también que el ejercicio del voto podrá aprovechar las tecnologías de la información y comunicación de conformidad con lo que determine la ley.
Ya no habría financiamiento público sino solo privado para los gastos ordinarios de los partidos políticos, mientras que para los gastos de campaña habría de ambos, pero con una nueva fórmula recortada sensiblemente.
PT
No propone cambiar el tamaño de las Cámaras del Congreso de la Unión ni la forma de elegir a las y los legisladores. No toca las reglas o dimensión del financiamiento público. No reforma el mecanismo de designación de consejerías del INE; no le cambia el nombre ni su integración; tampoco propone eliminar los OPLES o los tribunales electorales estatales.
Achica de siete a cinco las magistraturas la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y le asigna nuevas competencias; una para resolver sobre el procedimiento de designación de autoridades electorales locales en general y otra para resolver los asuntos relacionados con el presupuesto del INE. Amplía la paridad en puestos unipersonales, incluyendo expresamente las gubernaturas.
Incorpora expresamente las acciones afirmativas como una manera de inclusión, para representar a los grupos en situación de vulnerabilidad.
PAN
Propone Segunda Vuelta presidencial instantánea, nulidad de elecciones por la participación del Crimen Organizado y un nuevo método de asignar las diputaciones federales por representación proporcional. Las respectivas listas serían integradas mediante la conformación de Dos Listas (Lista A y Lista B). La Lista A contendría los nombres de candidatas y candidatos emanados de los procesos internos de los partidos. La Lista B se integraría con aquellos candidatas y candidatos por el principio de mayoría relativa que no hubiesen ganado la elección correspondiente pero que hubieran obtenido las mayores votaciones en sus respectivas circunscripciones.
Disminuiría el porcentaje de sobrerrepresentación del 8% actual a solo 4%; ajustaría las reglas de los gobiernos de coalición para hacerlos obligatorios en ciertos casos en lugar de opcionales en todos los casos; propone vigilar y acotar con especial énfasis la comunicación social del gobierno, reglamentando los ejercicios informativos realizados diariamente y que son conocidos como las mañaneras.
PRI
La propuesta priísta aún no se ha formalizado en una iniciativa de reformas, pero el coordinador de San Lázaro, Rubén Moreira, presentó los puntos principales en una conferencia de medios.
Reducir la Cámara de Diputados y Diputadas a 300 miembros. Serían 150 diputaciones de mayoría relativa y 150 de representación proporcional, limitando los porcentajes de sobrerrepresentación. La segunda vuelta presidencial se aplicaría para candidatos que no logren el 50% de los votos generales, aumentando la competitividad y generando la posibilidad de coaliciones para la segunda elección.
Crear la Vicepresidencia de la República y sumarla a la candidatura presidencial. La idea sería, dice el PRI, resolver la confusión actual entre la jefatura de estado y la de gobierno. Reducir anualmente en 10% el financiamiento público a los partidos políticos hasta llegar a 30% y ampliar en la misma proporción el financiamiento ciudadano.
Crear el Sistema Nacional de Protección Electoral para dar combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. El sistema estaría dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, FGR, INE y los gobernadores de los estados. Además, los partidos y autoridades quedarían obligados a revisar antecedentes financieros y penales de precandidatos, candidatos, familiares, equipos de campaña, directivos de los partidos, entre otras medidas innovadoras.
Transitar al voto electrónico en modalidad de urna electrónica, asegurando las condiciones de voto en el lugar establecido por las secciones electorales. Nacionalizar plenamente los comicios cerrando los OPLES. Habría fórmula de cálculo fijo del presupuesto del INE y del Tribunal, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados.
En el nombramiento de consejerías electorales del INE se sustituiría la elección final que realizan los partidos políticos por un método de insaculación, de entre aspirantes de las quintetas propuestas por el Comité Evaluador. Cerrar los tribunales electorales locales y que el nombramiento de magistraturas sea por insaculación ante la Suprema Corte.
*Sergio Jesús González Muñoz
Colaborador de Integridad Ciudadana, A.C. Maestro en Derecho Constitucional y Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, con línea de investigación sobre el Derecho a/de la Integridad Electoral. Catedrático UNAM en las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales. Congresólogo empedernido.
Integridad Ciudadana
Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida. Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.