En días pasados el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para darle nuevas atribuciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y quitarle algunas a la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Esta propuesta de reforma la había anunciado el presidente cuando nombró secretario de la Función Pública al Mtro. Salcedo en junio del año pasado. En este espacio escribí acerca de ello. La reforma propuesta resultó más modesta de lo que originalmente se había previsto.
Esta iniciativa de reforma ha generado inquietud pues pudiera existir un conflicto de interés al unificarse en SFP las funciones de administración y fiscalización, ya que podrá designar tanto a los titulares de las unidades de administración y finanzas (TUAF), como a los titulares de los órganos internos de control (TOIC), así como realizar compras consolidadas, siendo la SFP la encargada de vigilar las adquisiciones.
Lo más destacado de la propuesta es lo siguiente
Unidades de Administración y Finanzas (UAF). Secretarías y paraestatales tendrán una UAF (ya las tenían) y la facultad de nombrar a los TUAF se transfiere de la SHCP a la SFP. No está claro que tanto la SFP tendrá el control de los TUAF, pues la propuesta de reforma dice que estos dependerán jerárquicamente de los titulares de las paraestatales y secretarías, y en caso de las paraestatales, la SFP solo podrá proponer el nombramiento a los órganos de gobierno respectivos.
Actualmente esta facultad la ejerce la SHCP pero por lo general acepta la sugerencia de los secretarios para designar a sus TUAF, por lo que no existe gran subordinación de ellos a la SHCP. De cualquier forma, como está planteada la reforma, podría darse un conflicto de interés al estar subordinados o coordinados por la SFP los administradores y los fiscalizadores.
Órganos Internos de Control (OIC). Por lo que respecta a los OIC, se añade la posibilidad de compactar y desaparecer aquellos que así convenga y se abandona la idea de que los OIC de las paraestatales dependan presupuestalmente de la SFP como se planteó a inicios del sexenio. El nombramiento de los titulares de los OIC sigue sin cambios, en manos de la SFP.
Consolidación de adquisiciones. Al realizar la SFP esta actividad podría generarse un conflicto de interés pues se unen la responsabilidad de compras consolidadas con la de fiscalización, bajo el mismo secretario.
Para la consolidación, la SFP determinará qué comprar, hará estudios de mercado y llevará a cabo los procedimientos de contratación. Una vez adjudicado el contrato, las demás secretarías y paraestatales firmarán un contrato por separado con el proveedor, ateniéndose a las condiciones obtenidas por SFP.
¿Quién fiscalizará a SFP en estas contrataciones consolidadas? Existen dos instancias fiscalizadoras que lo pueden hacer: la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control de la SFP. En este último caso es donde podría existir un conflicto de interés ya que al TOIC de SFP lo nombra el secretario de la Función Pública. Antes, a este TOIC lo nombraba el presidente de la República pero a partir del sexenio pasado lo designa el secretario de la Función Pública. Se podría reducir el conflicto de interés si nuevamente al TOIC de SFP lo nombrara el presidente.
En lo que respecta a las compras consolidadas, representa un avance poco significativo pues desde hace años la SFP puede establecer contratos marco a los que podían o no, adherirse secretarías y paraestatales. Con las compras consolidadas ya no será opcional el adherirse a los contratos, por lo que se podrían lograr algunas ventajas en precios.
Esta reforma no introduce cambios en cuanto al objetivo principal de la SFP, que es coordinar y supervisar el sistema de control interno del Poder Ejecutivo federal. Con ello, se confirma que no está dedicada al combate a la corrupción, como lo han dicho diversos secretarios desde que se creó esta Secretaría. Por lo menos el actual secretario ya no lo ha mencionado.
Si bien podría haber conflictos de interés, creo que los retos más grandes serán operacionales. Ya vimos que se intentó consolidar las compras de todo el gobierno en la oficialía mayor de SHCP desde principios de este sexenio y fracasó en las compras de medicinas, a tal grado, que tuvieron que pagarle a un organismo de la ONU (UNOPS) para que hiciera esa tarea, institución que por cierto, también fracasó. Por otra parte el desaparecer algunos OIC y consolidar sus funciones en menos OIC, debilitará aún más a la SFP.
Los cambios que propone esta reforma no son de fondo ni tienen el alcance que anunció el presidente el año pasado. Transfieren algunas actividades de la SHCP a la SFP, tales como las compras consolidadas, la normatividad en adquisiciones y se espera que la oficial mayor de SHCP pase a ser subsecretaria en SFP. Falta que se apruebe la reforma propuesta.