El pasado 17 de abril, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversos Preceptos de la Ley Minera, con el objeto de regular el mercado de litio y minerales estratégicos para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo del país. El 18 de abril fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados y al día siguiente por el Senado.
En la exposición de motivos de la iniciativa se señaló la existencia de problemas de sobreexplotación por parte de particulares, especialmente extranjeros, en algunos yacimientos mineros y que desde 1992 se han afectado los derechos fundamentales de los mexicanos, de pueblos indígenas y de la población agraria. Ante ello, plantea la necesidad de prohibir la participación del capital privado en la explotación del litio.
La reforma puede resumirse en tres puntos: 1) La exploración y explotación de minerales y sales formadas por mares serán exclusivos de personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos, comunidades indígenas y sociedades mediante concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía -destaca que sólo el litio queda a cargo del Estado de forma exclusiva-. 2) El Ejecutivo creará un organismo público descentralizado para la exploración, explotación y aprovechamiento de los yacimientos de litio en el país y será auxiliado por el Servicio Geológico Mexicano. 3) No se autorizarán ampliaciones al presupuesto del ramo correspondiente para el ejercicio fiscal de este año.
La SHCP señaló que la creación de este organismo encargado de la explotación del litio no acarrearía ningún costo al erario pues se realizaría a través de “movimientos compensados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”. Sin embargo, no se menciona cómo será la empresa, cuántas plantas tendrá, dónde se ubicará, el número de trabajadores y demás detalles. Tampoco si se revocarán permisos existentes o se indemnizará a productores privados. Con un espacio fiscal reducido como el que caracteriza al país, contar con esa información es relevante para la ciudadanía y los contribuyentes.
Si comparamos esta iniciativa con la que llevó a cabo Bolivia en 2008 podemos ver que existen dos similitudes con el decreto mexicano: la estatización del aprovechamiento del litio y la designación de una instancia responsable de su industrialización. Sin embargo, una diferencia es la asignación de recursos presupuestales, pues en Bolivia se otorgaron 5 millones 700 mil dólares estadounidenses para su implementación -que equivaldrían actualmente a 151 millones de pesos mexicanos-.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con Yacimientos de Litio Bolivianos (2018), la ejecución y puesta en marcha de una planta industrial de carbonato de litio, en el caso del salar de Uyuni, requiere de aproximadamente cuatro años, por lo que se trata de proyectos de largo plazo.
Lo anterior permite darnos una idea de los costos iniciales de una planta de litio y del tiempo que tardaría en entrar en operación. Como ciudadanos debemos estar pendientes de lo que ocurre con las empresas estatales y con la adecuada utilización de los recursos naturales no renovables del país.
* José Luis Clavellina Miller
Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestro y licenciado en Economía por la misma universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Actualmente es director de Investigación en el CIEP. Entre sus intereses se encuentran la sostenibilidad de las finanzas públicas, la equidad fiscal intergeneracional y el financiamiento para el desarrollo.
**Leslie Badillo Jiménez
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido asistente de investigación en el Instituto Belisario Domínguez y en el Instituto de Investigaciones Económicas en temas relacionados con el mercado laboral, política fiscal y estabilidad económica. Entre sus principales temas de interés se encuentra lo relacionado con las Finanzas Públicas, el Sistema Tributario en México y la Economía del Comportamiento. Fue parte del equipo ganador del Reto Banxico 2020 y de los finalistas del Datatón, Tu Dinero, Tus Datos 2021. Actualmente colabora en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria en temas de Infraestructura e Inversión Pública.