El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de crear conciencia sobre el lastre que constituye el fenómeno, al tiempo que se divulga el contenido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La efeméride es pertinente para reflexionar sobre el tema, bajo la consideración de que la corrupción es un asunto que afecta a muchas naciones en el mundo y pone en riesgo el desarrollo de las personas y el imperio de la ley. Sus múltiples aristas involucran, entre otros, aspectos sociales, económicos y políticos, lo que resulta en una alta complejidad para su combate. Las diferentes maneras en que se expresa dan cuenta de esto, al tratarse de fenómenos presentes en la percepción y en la realidad cotidiana de las personas, como son la solicitud ilegítima de dinero para poder realizar un trámite, los sobreprecios en las compras gubernamentales, el enriquecimiento ilícito o el desvío de recursos.
En México, desafortunadamente, el fenómeno tiene una trayectoria histórica larga, con manifestaciones que han variado en forma e intensidad, pero con persistencia. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje de la población que tuvo contacto con el servicio público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14.7 a nivel nacional; mientras que el 61.9% de las personas cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites.
Existen avances significativos en el ámbito normativo, dirigidos a preservar la rectitud en la gestión gubernamental, lo que evidencia un esfuerzo por dotar de integralidad a la lucha contra la irregularidad en el gobierno. Sin embargo, para apuntalar la lucha contra la corrupción, es necesario promover la integridad, concepto que para la OCDE consiste en la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público.
Bajo esta idea, se trasluce el sentido de identidad que debe existir en el funcionariado, que tiene que basar su actuación en referentes éticos comunes, pues solamente a partir de la unicidad en los aspectos que determinan la conducta es posible sostener el rumbo hacia un objetivo común, como lo es el de satisfacer necesidades y garantizar derechos de las personas por medio del ejercicio del poder que la sociedad delega a las autoridades.
En este sentido, es primordial que la homogeneidad conceptual relacionada con la integridad encuentre coincidencia con los postulados radicados en nuestra Constitución, pues en ella se desarrollan nociones éticas fundamentales, que van desde las más amplias y aplicables a todos los aspectos sociales, como las de libertad, justicia y dignidad, hasta las más puntuales y cercanas al ámbito de la gestión de los asuntos públicos, como aquellas que tiene que ver con la honestidad, la economía y la eficacia en la administración.
La construcción de una identidad basada en una ética común dentro del servicio público implica pasar de un esquema primordialmente reactivo ante la corrupción, a otro más proactivo, con acciones y políticas que impacten en la cultura de las organizaciones. El reto es crear un escenario de sinergia entre el entramado legal y organizacional que busca la identificación y sanción de la corrupción, con un enfoque que privilegia la prevención y el cambio actitudinal a través de la regulación ética del comportamiento de los funcionarios, colocando a la integridad como eje de la gestión de los asuntos comunes.
En tal sentido, en México se ha apostado en la administración pública por la instauración de esquemas de actuación mediante códigos de ética, en los que se incorporan los valores que deben conducir la labor cotidiana de los servidores públicos. Esta iniciativa, que sin duda es positiva, debe acompañarse por acciones de formación adecuadas para que los servidores públicos se apropien de los principios y valores y los apliquen en su toma de decisiones. De igual forma, es necesario incorporar en las entidades públicas la infraestructura organizacional pertinente, que permita gestionar la orientación al personal sobre los diferentes dilemas éticos que podrían poner en riesgo la integridad y, en su caso, resolverlos.
De tal manera, se procurará constituir un gremio de servidores públicos comprometidos con el interés general y leales a la sociedad, lo que tendrá una incidencia positiva en la percepción y en la confianza de las personas hacia el gobierno.
El cumplimiento cabal de las obligaciones del Estado solamente es posible si los integrantes de sus instituciones son ejemplares en la observancia de los principios y valores que dotan de sentido a su labor. La integridad pública es necesaria para combatir la corrupción y un requisito indispensable para garantizar el goce efectivo de derechos de las personas, por eso es imperativo impulsarla.
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