Militantes de los partidos políticos de oposición, que ocuparon puestos en el poder legislativo o en los gobiernos, buscan actualmente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con el propósito de formar alianzas y proyectar una imagen ciudadana frente a la población.
Están realmente preocupados por el rechazo popular a sus partidos debido a la absoluta ausencia de democracia en su operación, sus fallidas gestiones en el poder, así como probados niveles de corrupción y enriquecimiento de muchos de sus miembros.
Todos los partidos han sido temerosos y a veces antagónicos de las OSC. Durante décadas, cualquier organización que surgiera en el país era cooptada o destruida por el PRI. A partir del cambio democrático del 2000, los partidos mantuvieron un cierto nivel de prudencia frente a ellas.
En el sexenio de Vicente Fox varios líderes de las organizaciones se incorporaron a puestos a su gobierno. Impulsaron un medio ambiente público más amigable para el desarrollo de las OSC.
Esa prudencia se terminó con el actual gobierno. Las OSC han sido colocadas por el presidente como parte de las élites, del conservadurismo y de la intermediación corrupta; calificativos que hace extensivos a todo tipo de organizaciones, no sólo a las OSC.
Tengo treinta años de participar en organizaciones de la sociedad civil y de analizarlas. Inicié mi participación en organizaciones en lucha por la democracia invitada por Miguel Basáñez al Acuerdo Nacional por la Democracia, ACUDE. Era una organización integrada por intelectuales que habían desertado de sus partidos políticos, provenían de la administración pública o de la academia. Fueron mis compañeros José Agustín Ortiz Pinchetti, Amalia García, Demetrio Sodi, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jaime González Graff, Rubén Aguilar, Bernardo Bátiz, José Antonio Crespo, entre otros. Nuestro interés era liberar de manos de la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones para posibilitar un cambio democrático en procesos electorales organizados en forma autónoma por la ciudadanía.
En 1994, ya como presidente de ACUDE junto con otras seis organizaciones civiles, convocadas por Sergio Aguayo, creamos Alianza Cívica.
En la historia de las OSC mexicanas la experiencia de Alianza Cívica ha sido la única donde junto con cientos de organización civiles depusieron sus agendas y se integraron en un gran movimiento ciudadano. El propósito era observar las elecciones presidenciales de 1994 en todo el país y avanzar hacia el cambio democrático.
Ahora bien, el ámbito de las OSC en México es crecientemente heterogéneo. Sus campos de acción se han ido diversificando y ampliando. Además de preocupaciones auténticas para motivar su constitución y un innegable aporte de trabajo voluntario –ante la gran ausencia de una cultura de filantropía y participación de la ciudadanía mexicana– fueron cayendo en dependencia del crecientemente escaso financiamiento externo.
En México fuera de un disminuido fondo de inversión que hasta este gobierno operaba el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), los gobiernos de los distintos partidos se han negado a considerar la asignación de recursos públicos para financiar las importantes tareas que llevan a cabo las OSC. Estas defienden derechos de grupos discriminados, trabajan directamente con las comunidades, protegen los recursos comunes y colocan en la agenda pública temas que surgen de los dolores que padece la población y que el gobierno no alcanza a percibir, y menos a atender.
Las OSC generalmente están integradas por muy pocas personas, no representan, ni pretenden hacerlo, a grandes grupos de población. Defienden agendas de los derechos y atienden a personas maltratadas, victimizadas, discriminadas o excluidas.
En las dos últimas décadas con la participación de jóvenes con altas calificaciones académicas, algunas se han constituido en observadores de la gestión de los gobiernos y a veces son financiadas por el sector privado.
Cubren todo el espectro político desde las más intransigentes en el reconocimiento de derechos humanos, hasta las que promueven todos los derechos incluidos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales. Se originan en la diversidad social y económica. Lamentablemente son muy pocas comparativamente con lo que ocurre en países como Chile, Brasil o Estados Unidos.
Pretender lavar la cara de los partidos políticos o de sus candidatos mediante alianzas con OSC y pensar que eso será atractivo para la ciudadanía, corrobora el enorme desconocimiento que los políticos profesionales tienen sobre la sociedad civil organizada a la que ellos mismos han obstaculizado durante décadas.