Hoy martes se tiene prevista en el Pleno de San Lázaro la discusión del dictamen de la reforma electoral presentada por el presidente.
La reforma que plantea el Ejecutivo claramente pone en riesgo la estabilidad del sistema electoral mexicano que se ha consolidado con la construcción y fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral,
Tenemos una institución eficiente y confiable que funge como un árbitro imparcial durante cada proceso electoral garantizando que México sea considerado un país democrático.
Pareciera que el hecho de que el INE no se haya subordinado al presidente o a los gobiernos que emanan de Morena ha motivado la iniciativa de reforma electoral que pretende desarticularlo, aunque también no podemos dejar de alarmarnos por los miles de millones de pesos en recortes presupuestales que el Instituto ha sufrido desde el 2019 con el fin de atropellar su operación diaria.
La reforma electoral planteada por el presidente y respaldada por MORENA plantea los siguientes puntos alarmantes: la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), donde además se le transferirá la atribución de organizar los comicios electorales de las entidades federativas, pues se plantea la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) poniendo fin a la autonomía en materia electoral de los estados.
Es sumamente alarmante que una de las propuestas plantea que el resguardo del padrón electoral deje de estar a cargo del Instituto electoral para quedar en resguardo de la Secretaría de Gobernación, en específico del Registro Nacional de Población (RENAPO), lo cual de ser cierto, resultaría en una acción inconstitucional y dejaría en claro la intención de centralizar todo el poder por parte del Ejecutivo Federal para manejar las elecciones a modo, vulnerando los derechos político-electorales de todas las y los mexicanos.
Además, plantea que las y los consejeros electorales, así como los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos mediante voto popular siendo postulados por el Poder Legislativo y Ejecutivo y en su caso ratificados los nombramientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que vendría siendo que los partidos políticos nombren a sus árbitros a modo y parcialmente.
La semana pasada el dictamen de la reforma electoral fue discutido y votado en sesión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, aprobándose con 62 votos a favor y 48 en contra.
Ante esta amenaza por parte del Ejecutivo y los diputados de Morena, existe un mensaje contundente de la oposición conformada por el PRI, PAN y PRD sobre que la iniciativa de reforma electoral no fortalece la democracia ni a la institución electoral, así mismo tampoco ayuda a que haya equidad en la competencia electoral, garantizando que votarán en contra.
La reforma constitucional requiere de mayoría calificada por lo que sin la oposición la reforma político-electoral no pasará. Tan cierto es lo anterior, que hasta el propio presidente de la República mencionó que ya tiene un “plan B” en caso de que la reforma (al igual que con la reforma eléctrica) no pase.
El “plan B” consiste en la presentación de una iniciativa a leyes secundarias en materia electoral, para lo cual no sería necesaria la aprobación por parte de la mayoría calificada de las y los diputados.
Las y los ciudadanos debemos estar seguros que en la Cámara de Diputados contamos con legisladores que van a impedir que esta reforma electoral continúe, pues es una reforma que atenta contra las instituciones del Estado mexicano y pone en riesgo el régimen democrático de esta Nación.
Por fortuna se logró una gran hazaña por parte de la ciudadanía que se unió y se movilizó en una marcha nacional e internacional en defensa del INE, la cual motivó a un intento de marcha convocada artificialmente con todo el aparato del Estado y no fue replicada en ningún lugar más que en la Ciudad de México.
Hoy existe un movimiento nacional en defensa de la democracia y del INE, el cual da certeza de que somos y seremos un país de garantías, leyes y derechos, pero sobre todo un país de instituciones que son pilares fundamentales de nuestro régimen de gobierno.