Las revelaciones sobre el presunto plagio de una ministra y aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis para obtener la licenciatura en derecho son de la mayor seriedad y es difícil calcular el alcance de sus consecuencias que probablemente trascenderán a la propia ministra Esquivel. Bajo ninguna circunstancia se puede aducir que se trató de un simple error de juventud, tampoco que estamos ante una situación de violencia de género. Los señalamientos no son por algunos párrafos que quizá no tuvo el cuidado de entrecomillar o citar la fuente, mucho menos por el hecho de ser mujer.
Es público que en la UNAM están registradas dos tesis prácticamente idénticas en el título, índice, contenido, conclusiones: la que presentó Edgar Báez en julio de 1986, y la de Yasmín Esquivel en septiembre de 1987, es decir, con poco más de un año de diferencia y ambas dirigidas por la misma profesora. Además de una grave falta ética, conforme al artículo 427 del Código Penal Federal, el plagio es un delito por el cual “se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días de multa, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre”.
Aunque en este caso seguramente ya prescribió el delito al haber transcurrido más de treinta años, habrá que esperar la resolución del Tribunal Universitario a partir de la investigación del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón que esperemos sea exhaustiva e imparcial -por lo pronto se informó que de una primer revisión, se encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos-, así como de la Suprema Corte ante las denuncias por responsabilidades administrativas que han presentado decenas de ciudadanas y ciudadanos. No sólo está en juego la honorabilidad de quien debiera garantizar el respeto al Estado de derecho, sino también el prestigio y credibilidad de la SCJN y de nuestra máxima casa de estudios por lo que las acusaciones deben ser esclarecidas sin dejar lugar a dudas sobre su culpabilidad o inocencia.
Sin embargo, todos los elementos objetivos con los que se cuenta hasta el momento apuntan a su responsabilidad en el plagio, y los desafortunados intentos por defenderse lejos de ayudarla han contribuido a reforzar esta percepción. La publicación de cartas sobre su dedicación y buena conducta de maestros y sinodales nada tienen que ver con el hecho de que su tesis de licenciatura es la misma que con la que se tituló otro alumno 14 meses antes, y la supuesta “certificación” que emitió su directora de tesis respecto a la originalidad del trabajo presentado es más que cuestionable si tomamos en cuenta que ya aparecieron otras dos tesis similares en años posteriores también dirigidos por la maestra Martha Rodríguez Ortiz a la que por supuesto también se debe investigar.
Tal parece que entre más se mueve más se hunde. La ministra Esquivel tardó varios días en dar una explicación que resulta muy poco creíble, pues sostiene que empezó a redactar y revisar su tesis en 1985, un año antes que la de Edgar Báez, con lo que sugiere que ella pudo ser la víctima del plagio. Habría que ver si en ese entonces cumplía con los requisitos para iniciar el proceso de elaboración de tesis pues probablemente apenas cursaba el tercer o cuarto semestre de la carrera, pero sobre todo no se explica por ejemplo porque demoró más de dos años en presentarla además sin realizar ningún cambio o corrección en todo ese tiempo, como le hizo para referirse a la crisis económica de 1987 si terminó su trabajo de titulación mucho antes -el mismo párrafo aparece en la tesis de Báez, pero citando a la crisis económica de 1986-, y cómo es que su directora de tesis no se dio cuenta que otro alumno al que también dirigía la tesis presentó una igualita e incluso más completa al incluir estudios de campo.
En su desesperación ante las evidencias y falta de argumentos, el oficialismo ha tratado de construir la teoría del complot, descalificar y arremeter contra quienes dieron a conocer la información como si no fuera lógico que una persona pública y más de ese nivel no deba ser objeto del más riguroso escrutinio público o lo importante fueran los mensajeros y sus posibles motivaciones en lugar de los hechos denunciados, y se ha exhibido al aceptar que Yasmín Esquivel es una ministra que responde al proyecto de la 4T y por tanto su candidata a presidir la SCJN y con ello asegurar el control del poder judicial.
Una vez más es claro que lo que buscan es la incondicionalidad y no los mejores perfiles para los cargos públicos. Que lejos quedaron esos tiempos en que condenaban la deshonestidad, la impunidad, el uso patrimonialista del poder, los nombramientos a modo.
Si hubiera un mínimo de congruencia, exigirían su renuncia igual que lo hicieron con Peña Nieto y en muchos otros casos, pero todo se justifica y perdona a quienes estén de su lado.