La iniciativa de reforma a diversas leyes presentada por el grupo parlamentario del partido Morena, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por la que se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consideran una serie de cambios que impactarían la función en la organización, despliegue y logística para llevar a cabo los procesos electorales en México tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Entre las principales implicaciones que tendría esta llamada “Reforma Electoral” destacan, entre otros, los siguientes aspectos:
- Existen disposiciones normativas que, si bien algunas son muy positivas, otras sin embargo, son contradictorias entre sí, por ejemplo, la propuesta de reforma electoral que indica que los cómputos de las elecciones se llevarán a cabo el mismo día de la jornada electoral, una vez que la misma haya concluido, tal como sucede desde hace un par de décadas en la Ciudad de México, propuesta que he referido en diversos foros y medios de comunicación y que implicaría contar con resultados de forma oportuna y con mayor velocidad y precisión en sus resultados. Con ello, ya no tendría que llevarse a cabo el Programa de Resultados Electorales Preliminares, no obstante, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se mantiene el PREP en todos sus términos.
- Lo mismo sucede con la propuesta para la “implementación” del voto electrónico. He sido una impulsora de la tecnología para la optimización de procesos y el ahorro de recursos humanos, técnicos y financieros. Actualmente, el voto electrónico por internet está regulado para las y los mexicanos residentes en el extranjero tanto a nivel federal como a nivel local en las entidades en las que la normativa así lo dispone. Sin embargo, la propuesta señala que, para la implementación del voto electrónico en nuestro país, debe constituirse una comisión del INE junto con el CONACYT y que para construir esta propuesta cuenta con un plazo de cinco años, impidiendo que se destinen recursos para su diseño e implementación, lo que significaría, en primer lugar, el desconocimiento total de la historia de dos décadas en la que varias entidades federativas cuentan ya con urnas electrónicas y con voto por internet y que han llevado a cabo ejercicios exitosos y con evaluaciones positivas por parte de las y los electores. En segundo lugar, dicho transitorio atrasaría al menos una década para que nuestro país pueda seguir avanzando para ofrecer diversas opciones para que las y los electores puedan emitir su voto dentro o fuera del país, por lo que es una propuesta regresiva y contraria al pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales.
- La propuesta de reforma electoral incorpora también la modificación de la estructura permanente de los órganos desconcentrados del INE, tanto locales como distritales que impactarían en diversos trabajos institucionales vitales para dar certeza a los procesos electorales. Entre las actividades que seguramente serían muy complejas llevar en óptimas condiciones para la autoridad electoral estarían la verificación nacional muestral que lleva a cabo el Registro Federal de Electores que da certeza y garantía a los partidos políticos de que los instrumentos registrales son confiables y de calidad; la certificación de las asambleas distritales que se registran en el periodo para la constitución de los partidos políticos nacionales; el desahogo de pruebas periciales e inspecciones oculares en temas de fiscalización; la atención de primer contacto de víctimas de violencia de género, entre varias más.
- También se presenta la fusión y desaparición de diversas áreas centrales de la estructura operativa del INE. Algunas resultan positivas, como la desaparición de la Junta General Ejecutiva que ha sido una especie de instancia intermedia para los temas que van a Consejo General, el máximo órgano de dirección del INE. Otras áreas en tanto, tendrían que ser revaloradas, por ejemplo, la propuesta de reforma electoral no contempla la existencia de una instancia específicamente destinada a garantizar la Igualdad de Género y No Discriminación, encargada de articular y coordinar los deberes constitucionales y convencionales en la materia por parte de diversos actores políticos, lo que debilita la revisión y seguimiento del cumplimiento de las normas para prevenir, atender, reparar y sancionar la violencia de género por parte de partidos políticos, candidatas y candidatos, así como de otros actores políticos.
Ahora bien, además del poco tiempo con el que contaría el Instituto Nacional Electoral (INE), entre enero y abril de 2023 para adecuar una serie de normas, lineamientos y criterios, aun cuando, por ejemplo, la autoridad electoral se encuentra organizando y desarrollando la elección extraordinaria para la elección de la senaduría en el Estado de Tamaulipas y en coordinación con los OPLs las elecciones tanto en Coahuila y en el Estado de México hay disposiciones que, en mi opinión vulneran o van en sentido contrario a lo dispuesto por nuestra Constitución Política.
Para señalar algunos ejemplos tenemos el precepto de la prohibición constitucional relativa a la suspensión de la propaganda gubernamental en cualquier modalidad de comunicación social, pero incorpora dos rubros que son ajenos a los referidos en la Constitución (artículos 41, base III, segundo párrafo y 134) que establece como excepción de la prohibición las campañas necesarias relativas a los servicios públicos.
De igual manera sucede con la regulación de la estructura de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como con la falta de establecimiento del plazo para la resolución de medios de defensa al interior de los partidos políticos en los procesos de selección de candidaturas, entre otros.
Por ello, el Legislativo debe tener especial cuidado de no vulnerar las normas que han funcionado y han dado certeza a los procesos tanto federales como locales en nuestro país y tampoco generar normas regresivas a los logros alcanzados como los referidos en materia de voto electrónico o para abatir la violencia de género.
El INE ha logrado importantes acciones que van desde el fortalecimiento en la paridad de género (paridad en gubernaturas por ejemplo), pasando por la implementación de acciones afirmativas para que los grupos en situación de discriminación como las personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad o de la diversidad sexual, tengan representación política; o la instrumentación del voto electrónico por internet para las y nuestros connacionales lo que ha potencializado el ejercicio de sus derechos políticos y electorales; incluso la implementación del voto para personas en prisión preventiva o el voto anticipado para personas con discapacidad son referentes de acciones importantes para el fortalecimiento de derechos fundamentales y de la ampliación de la participación ciudadana, elemento fundamental de todo sistema democrático, que primero se toman por las autoridades electorales y, después, son retomadas en reformas legislativas.
Sin embargo, existen otros aspectos en los que el Legislativo bien podría avanzar como, por ejemplo, el fortalecimiento del INE en diversos temas de fiscalización de los recursos que usan los diversos actores políticos para que se puedan detectar la triangulación de recursos, posible lavado de dinero, el uso de factureras y empresas fachadas, la posible filtración de recursos del crimen organizado, entre varios más.
El INE en una institución que cuenta con la más alta confianza ciudadana, constituye un eslabón muy significativo de nuestro sistema democrático, fundamental para la estabilidad política y social y engrane fundamental para la renovación periódica del poder público.