El pasado 10 de diciembre se celebró el 74 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, adoptó este día y la propia Declaración como un documento histórico que consagra los derechos fundamentales que corresponden a toda persona, independientemente de su raza, color, religión, sexo, dogma, opinión política, origen nacional, social, posición económica, y otros más que nos colocan como personas con garantías y visibles ante la sociedad y el Estado.
Entre estos derechos encontramos que, bajo el concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales, toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad, a la educación, al trabajo, a la igualdad y prohibición de discriminación; de igualdad entre hombres y mujeres; igualdad ante la ley; libertad de expresión, de conciencia y libertad de imprenta; derecho al acceso a la justicia y a la legalidad; a la seguridad jurídica; entre varios más.
Estos componentes generalmente registrados tanto en normas constitucionales y legales, tienen su regulación a través de las leyes cuyo objetivo primordial es dar certeza, equidad, transparencia, protección, justicia e igualdad tanto a hombres como mujeres que viven en una determinada comunidad generando con ello un Estado de Derecho.
Bajo este contexto y para comprender cómo se encuentra nuestra nación en el terreno de los derechos humanos, vale la pena la revisión de diversos documentos. Uno de ellos es el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y Federal 2022, publicado recientemente el pasado 9 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que, entre otros aspectos, resalta que dichas instancias registraron en 2021, 143 mil 619 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en expedientes de Queja, resaltando los relativos a la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, negativa o inadecuada prestación de servicios públicos y detección arbitraria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha analizado la situación de estos derechos y, para el caso de nuestro país resalta denuncias sobre detenciones, retornos forzosos, así como uso excesivo de la fuerza contra la población en contexto de movilidad humana. En especial, la CIDH resaltó la situación de violencia y riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes a ser víctimas de trata o de reclutamiento forzado. La CIDH observó también la violencia que sufren comunidades y pueblos indígenas en diversas regiones del país.
De acuerdo con Human Rights Watch analizando el caso de nuestro país, hizo diversos señalamientos en torno a los derechos humanos, destacando los siguientes:
- Es habitual que las víctimas de delitos violentos o violaciones de derechos humanos no obtengan justicia; apenas el 13% de este tipo de delitos son resueltos, con datos de 2019;
- La utilización de las Fuerzas Armadas en acciones contra la delincuencia organizada y el narcotráfico ha traído diversas violaciones a los derechos humanos; entre 2014 y 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió alrededor de 3 mil denuncias;
- Los casos de tortura en nuestro país han aumentado; en 2006 se registraban 13 investigaciones y para 2019 se contabilizaban alrededor de 7 mil;
- Otro problema que sangra a la sociedad son las desapariciones de personas; para 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda registraba más de 7 mil casos;
- Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. En 2019 se contabilizaban poco más de 600 denuncias por amenazas al gremio periodístico. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) reporto que 2022 es considerado ya el más mortífero para el ejercicio del periodismo en México; desde el inicio de la presente administración RFS registra al menos 36 asesinatos y dos desapariciones de periodistas;
- Los derechos de mujeres y niñas en México merecen una atención muy especial. La violencia se registra en violaciones que van desde la violencia en el hogar, en la relación familiar, en los diversos esquemas de violencia de género hasta los feminicidios.
Como podemos observar, la afrenta contra nuestros derechos consagrados en nuestra propia Carta Magna va en contra no solo de nuestras normas, sino del Estado de Derecho, en contra de las bases que sostienen a nuestro sistema democrático y, sobre todo, en contra de la sociedad.
Por ello, es urgente que el Estado y su gobierno, en sus tres niveles, fortalezcan a las instituciones encargadas de velar y preservar estos derechos. Por su parte, el Poder Legislativo federal o estatal, tiene la alta responsabilidad de revisar y actualizar sus normas, de endurecer penas y otorgar los presupuestos suficientes a las instancias de procuración de justicia y atención a víctimas para disminuir y buscar erradicar las violaciones a nuestros derechos humanos.
Solo así lograremos forjar una mejor nación para las y los mexicanos y para que las futuras generaciones tengan un mejor espacio para su bienestar.