Al momento de escribir estas líneas, el Pleno del Senado se encontraba discutiendo los dictámenes de la reforma electoral del presidente con varias modificaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, salvo que algo inesperado suceda, lo más probable es que serán aprobados por la mayoría oficialista para regresarlos a la cámara de origen y que sean avalados hoy mismo antes de que concluya este periodo de sesiones, lo cual es muy preocupante.
Mucho se ha dicho en estos días sobre el desaseo y graves violaciones al proceso legislativo -que incluso pueden provocar la invalidez de la reforma conforme a criterios de la SCJN-, de la ausencia de un diagnóstico objetivo y la nula disposición para escuchar siquiera las opiniones de actores políticos y sociales, especialistas y mucho menos del INE cancelando el tan necesario diálogo democrático, así como de las múltiples inconstitucionalidades detectadas por el propio coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, y que al parecer el secretario de gobernación únicamente aceptó que se atendieran unas pocas.
Pero creo que hace falta poner el foco sobre el posible impacto y los riesgos que implica esta arbitraria reforma. Aunque es claro que se debilita a las autoridades electorales (INE, OPLES y TEPJF), se flexibilizan las reglas en beneficio de las y los aspirantes del oficialismo, y que han intentado otorgar algunas concesiones a sus aliados a cambio del apoyo, vale la pena revisar algunos de los principales aspectos que pueden afectar seriamente la organización de elecciones libres y confiables, así como las condiciones de equidad en la competencia. En caso de que se apruebe el denominado “Plan B” -a estas alturas ya no se sabe si vamos en el C o D-, desaparecerá la Junta General Ejecutiva que tiene entre sus funciones coordinar el trabajo de las distintas áreas del INE, se fusionan áreas cuyas responsabilidades poco tienen que ver entre si, e inexplicablemente se destituye de inmediato al secretario ejecutivo con lo que, además de su inconstitucionalidad, complica la implementación de la reforma y en particular el proceso de adecuación de toda la estructura del Instituto. También se reducen significativamente los tiempos y el número de personas para la selección y capacitación de funcionarias de casilla quienes serán las encargadas ni más ni menos que de recibir y contar los votos.
Por otro lado, se le otorgan al contralor atribuciones que van más allá de lo que establece la Constitución, como su participación en las reuniones de las áreas ejecutivas o de la nueva comisión de administración en la que se discuten las políticas y programas institucionales o nombramientos pudiendo vulnerar su autonomía. De igual forma, se da intervención a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la integración del listado nominal de las personas mexicanas en el extranjero, y ahora se permitirá que desde el gobierno se difunda propaganda político-electoral o promocional personalizada violando el principio de imparcialidad, así como que las y los aspirantes hagan campañas anticipadas sin que se les pueda sancionar con la negativa o cancelación de una candidatura, a la vez que eliminan la sala especializada del TEPJF que justo es la responsable de atender y sancionar las quejas por actos anticipados de campaña, aplicación de recursos públicos, propaganda gubernamental. Es decir, en estas condiciones difícilmente se podrá tener un piso parejo.
Todo esto es muy delicado, pero probablemente la mayor afectación esté en la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales que son las que realizan el trabajo en campo para llegar hasta el último rincón del país, y participan en la elaboración y actualización del padrón electoral, fiscalización de partidos y candidaturas, monitoreo de radio y televisión, supervisan la instalación de las casillas y el cómputo de votos por mencionar algunas de sus funciones. Más de 2 mil integrantes del servicio profesional electoral serán despedidas a pesar de que fueron designados en un proceso de selección por concurso público, perdiéndose la experiencia acumulada en muchos años y comprometiendo la adecuada organización de las elecciones sin advertirse ningún beneficio real con la reforma. Como diría el clásico: pero qué necesidad.