Con motivo del acuerdo publicado el 30 de noviembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación en el que se anuncia la supresión de seis Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje hubo expresiones de inconformidad en estas regiones, por los daños a trabajadores y patrones de tener que trasladarse a las capitales de los estados, con distancias en promedio de 200 a 300 kilómetros.
En Hidalgo del Parral, Chihuahua, abogados laboralistas tomaron las instalaciones de la Junta Especial 41, para impedir el traslado de expedientes a la capital; en Ciudad del Carmen, Campeche hubo diversas protestas; mientras que en Durango se pronunció el Congreso del Estado llamando a la Secretaría del Trabajo para evitar el cierre de la Junta Especial 27.
El acuerdo, firmado por Luisa María Alcalde, que anuncia la supresión de seis Juntas Especiales, donde los expedientes de tres de ellas los manda a un diverso estado de la República. Es el caso en que los asuntos de Durango los mandarán a Torreón, Coahuila; de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas pasarán a San Luis Potosí; y los de Colima a Guadalajara, Jalisco.
Las otras tres oficinas suprimidas, trasladan sus expedientes a las capitales de su Estado, la de Hidalgo del Parral se traslada a Chihuahua. La de Cananea a Hermosillo, y la de Ciudad del Carmen a Campeche.
Las inconformidades por este acuerdo propiciaron que el catedrático Alfonso Bouzas Ortíz, coordinador del “Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral”, pidiera a las autoridades de la Secretaría del Trabajo una reunión para responder a inquietudes de trabajadores, patrones y abogados laboralistas por esa decisión tan sorpresiva.
Esta se llevó a cabo el ocho de diciembre pasado en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tanto en forma presencial como por videoconferencia. En ella estuvieron a distancia, Leonardo Figueroa, representante de la Secretaría del Trabajo y Luis Portillo Bencomo, coordinador general de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
En la conversación anunciaron que si bien es cierto se suprimen seis Juntas Especiales en diversas partes de la República, se reconvierte un sistema de oficinas auxiliares que operarán en sustitución de las que venían funcionando. Éstas atenderán las audiencias pendientes y desahogo de pruebas hasta el cierre de la instrucción, y una vez certificado esto se mandarán a las Juntas Especiales donde se recibirán los casos para que se elabore el laudo y se dé por terminado el asunto.
Anunciaron que contratarían más dictaminadores para la elaboración de laudos en apoyo a las Juntas Especiales que reciben los nuevos casos.
En entrevista aparte con Luis Portillo Bencomo, comentó que las oficinas auxiliares operarían a partir del dos de enero de 2023 en las mismas instalaciones que venían operando las Juntas Especiales suprimidas, al menos durante el siguiente año.
El administrador de la Junta Federal mencionó que el presupuesto y recursos humanos se mantienen, que no se tiene previsto cancelar o suprimir plazas. Que en el caso de las oficinas de Durango se les ha propuesto a los trabajadores trasladarse a la ciudad de Torreón para seguir laborando u obtener una indemnización que garantice sus derechos.
Menciona que la creación de oficinas auxiliares es para mejorar la atención y rapidez de los casos para lograr que, en 2023, se den por terminados la mayoría de los procesos quedando solo los más complicados o en los que haya amparos y no se puedan resolver de inmediato. La idea es concluirlos en el menor tiempo posible.
Ante la inquietud del reclamo de actuarios que se han quejado por la suspensión del apoyo a pasajes, mencionó el funcionario Portillo que se debió a un problema administrativo que ya se resolvió. Que lograron que se descongelara el pago que recibían de 3 mil 500 pesos y que éstos se seguirán entregando, por ser personal esencial de la Junta Federal.
Es positivo que los servidores públicos den la cara y respondan a su quehacer público como lo hicieron funcionarios de la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante el reclamo de la supresión de Juntas Especiales.
Esta misma actitud, de diálogo y respuesta, no la asumen las autoridades de la Ciudad de México, que encabeza la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, que siguen sin responder a la grave reducción presupuestal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le arrebataron la cuarta parte de sus recursos dejándola con graves dificultades para operar.
Desde el “Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral” y en organizaciones sindicales se estará atento a que los procesos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje logren abatir el rezago de más de 570 mil expedientes que padecen trabajadores, en algunos casos por más de veinte años.
De otros avatares
El pasado 9 de diciembre, el maestro Gilberto Chávez Orozco, Director General del Instituto de Posgrado en Derecho, recibió el Premio Nacional al Mérito Jurídico Laboral por parte de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, al reconocerle más de 40 años de profesión como abogado laboralista.
En su discurso, frente a más de un centenar de abogados, parafrasea a Calamandrei “Muchos abogados, palacios, jueces y tribunales, pero poca justicia”.