El año que empezará en unas semanas, marcará una nueva ruta política en nuestro país. A tres años de la pandemia por covid-19, México se enfrenta a la promesa de la definitiva recuperación y a la necesidad de empezar a dar resultados, después de poco más de dos años de parálisis económica y de aumento en las cifras de desempleo y pobreza.
El estancamiento económico poco a poco ha dejado de ser una preocupación para las clases políticas, toda vez que el país se enfila a la última fase del gobierno del presidente López Obrador y ello significa que entramos en la fase que en tiempos priistas se conocía como el “año de Hidalgo: pobre de aquel que no agarre algo”.
Pero si bien es cierto que hay menos recursos ahora en comparación con sexenios pasados y eso hace menos atractiva la idea de “agarrar algo”, ello no impide considerar que, entrando en la fase de definición de la sucesión, habrá que vigilar que los recursos públicos no terminen siendo utilizados en las campañas políticas. Es claro que la economía se supeditará a la discusión política, y que, como se observa desde ya, será el tema predominante en los próximos dos años.
Y para reafirmar lo anterior, algunas claves. Para 2023, el Gobierno aprobó un presupuesto de 8.3 billones de pesos (CIEP, 2022). En un análisis general de las cifras aprobadas, se aprecia que la acción de gasto público que recibirá más dinero es la de seguridad social y salud para los derechohabientes (1, 796 millones de pesos) seguida de fortalecimiento energético (1,168 millones de pesos) y educación, cultura y deporte para todos (975.6 millones de pesos) ocupa el tercer lugar de las asignaciones por acción. (Transparencia presupuestaria, 2022).
Si miramos el presupuesto desde la perspectiva de la clasificación funcional –que describe la naturaleza de los servicios que presta el estado– observamos que la categoría de desarrollo social tendría una asignación de 3,900 billones de pesos, repartidos en protección social, salud, educación, vivienda y servicios a la comunidad, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, y protección ambiental. (Transparencia presupuestaria).
Las cifras nos confirman que los programas sociales, serán la prioridad para el gobierno en el 2023. Sin embargo, ello también amerita recordar que dichos programas en general, han sido opacos en el ejercicio y que en la práctica no han sido implementados con enfoque de derechos humanos o género.
Sin embargo, son una apuesta importante en el escenario de las campañas y precampañas con miras a la sucesión presidencial.
El destinar mayor recurso al gasto social, es desde luego un factor importante a considerar en un escenario dominado por la estrategia para cazar de votos y conciencias para el 2024. En nuestro país, por desgracia, el uso clientelar de los programas sociales no es nuevo, como tampoco la coerción para “premiar” o “castigar” a quien reparta más o menos recursos a la población.
Pero también es verdad que, a lo largo del tiempo, las personas han sido cada vez más conscientes de que el recurso otorgado no dependía de sus votos y que no era tan del todo cierto que habría represalias en caso de no apoyar al gobierno en las urnas.
Sin embargo, es claro que los programas sociales juegan un papel protagónico a la hora de presumir los logros de un gobierno. El acceso a pensiones, becas, apoyos y financiamientos, son la manera en que un sector muy importante de la población evalúa a un gobierno.
Si en algún tiempo se dijo que –por ejemplo– la ciudadanía norteamericana votaba con la mano en la cartera, es una buena analogía decir que la mexicana lo hace con la tarjeta de depósitos en la suya.
Por otra parte, también habría que considerar que, al parecer, las cosas no son tan simples como decir que a más dinero gastado en la política del bienestar, se asegura la continuidad del partido del presidente en el poder.
En realidad, el tono político de las discusiones actuales también jugará un papel importante, la gente puede o no votar por el gobierno aún y cuando reciba algún apoyo o beneficio.
La ciudadanía está empezando a incluir en sus preferencias políticas no sólo a quien le da dinero, debido a que hay otras aspiraciones que también espera ver atendidas, como es la seguridad, la salud o la educación.
El gobierno se enfrenta a la disyuntiva de destinar recursos de gasto social a la par que resuelve las promesas de desarrollo que enarboló al inicio del sexenio. Quizás estemos ante un escenario donde por primera vez, la ciudadanía exija lo prometido, y considere que, si bien ha recibido recursos, eso no ha sido suficiente para mejorar su calidad de vida o salir de la pobreza.
Importante lección para un México que ha logrado poco a poco desvincular la dádiva con el ejercicio de un derecho, y eso también podría verse reflejado en las urnas, en el ya no tan lejano 2024.
* Norma Loeza
Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el “Exorcista”.