La reciente publicación del libro El rey del cash, de la periodista Elena Chávez, causó gran polémica y se convirtió en uno de los libros más vendidos. Este testimonio confirma cómo se obtiene dinero para las campañas políticas en México. Si bien se sabía ya de estos manejos por videos que se han filtrado y otros testimonios, en este libro la autora, como testigo privilegiada, revela casos específicos.
En “El rey del cash” la autora revela algunas prácticas, tales como el desvío de recursos públicos, la corrupción en contrataciones públicas y la extorsión a empleados del gobierno.
A pesar de los mecanismos de vigilancia con que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la fiscalización de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, el financiamiento y gasto ilegal para las campañas políticas es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra democracia porque permite “comprar” las elecciones y es una gran fuente de corrupción.
Para los operadores políticos, manejar una campaña equivale a sacarse la lotería. Los sobres, las maletas y los costales llenos de billetes, son una bonanza para ellos, porque no le rinden cuentas a nadie y lo usan como quieren. Además, estos fondos, por su naturaleza clandestina y en efectivo no dejan huella, por lo que una buena parte del dinero se quedará en sus manos para aumentar su patrimonio personal.
Si gana su candidato, tendrán acceso a más dinero ilícito mediante la corrupción por la asignación irregular de contratos para repagar los “favores” y, sin duda, también recibirán una comisión. Pero tampoco les molesta si pierden sus candidatos, pues siempre habrá otras elecciones. Por eso hay partidos políticos que se manejan más como negocio que como verdaderas opciones políticas.
Este fenómeno no es nuevo. Por décadas, las elecciones se han llevado a cabo con manejos ilegales de recursos y también ha sido notorio el enriquecimiento inexplicable de algunos de estos personajes que coordinan campañas, dirigen partidos y de los propios candidatos. Aunque estos últimos llevan más que perder, pues a veces apuestan su patrimonio, ya que incluso las candidaturas se venden al mejor postor. Por ello, es pertinente aquella frase que se le atribuye al Prof. Carlos Hank González: “Un político pobre es un pobre político”.
Para conocer mejor acerca del financiamiento y gasto ilegal en las campañas políticas, recomiendo el libro de Casar y Ugalde Dinero bajo la mesa. Para ellos, las fuentes de financiamiento ilícito son: el desvío de recursos públicos, las contribuciones ilegales de particulares y el financiamiento del crimen organizado.
Para dimensionar el fenómeno, Casar y Ugalde recurren a cifras del Banco de México en donde se muestra que en los primeros meses del 2018, durante las campañas, aumentó el flujo de efectivo en 58 mil millones de pesos vs. 5 mil millones que creció el año anterior. Este crecimiento inusual lo atribuyen en buena parte al uso ilícito de efectivo en las campañas. En contraste, el tope legal de todos los gastos de campaña de ese año ascendió a 5,193 millones de pesos.
¿Es difícil acabar con toda esta corrupción? Sí, pero no imposible. Hay que seguir la pista del dinero. Como lo he reiterado en esta columna, la mejor forma de encontrar a los corruptos y que también serviría para identificar el financiamiento y gasto ilegal en las campañas políticas, es investigando los flujos de dinero asociados con estos procesos.
Existen las instituciones para hacerlo, pero tienen la desventaja de que carecen de autonomía, ya sea por depender de los partidos políticos o del gobierno en turno. En este sentido, el INE es una institución con la autonomía y capacidad para tratar de mitigar el fenómeno, pero requiere ayuda de otras instituciones tales como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y el SAT entre otros, para ser más eficaz. Sin embargo, no se aprecia que más allá del INE, exista interés por combatir estos flujos ilegales.
El financiamiento y gasto ilegal en campañas políticas daña a nuestra democracia pues permite “comprar” las elecciones y no ganarlas en una competencia justa. Pierde el gobierno con la corrupción en las contrataciones públicas que se hacen para pagar “favores” y con el desvío de recursos para las campañas políticas. Pierden los trabajadores del gobierno a quienes se les obliga a “cooperar” con la causa. Pierden empresarios y particulares que creen que se beneficiarán de esta corrupción.
Pierde la democracia en general, pues las elecciones se venden al mejor postor.
Para que México tenga una verdadera democracia es necesario evitar la corrupción que hace fluir dinero ilícito hacia las campañas políticas e impedir que los operadores políticos se enriquezcan. De otra forma, tendremos los gobiernos que los grupos de interés que cuenten con los recursos, partidos y puestos públicos, puedan comprar.