La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el INE es normal y absolutamente necesaria. Nadie puede someterse ni quedarse callado ante lo que considere injusto. Menos aún cuando se trata de acciones que, de acuerdo con su interpretación, estén al margen de la ley. La defensa de cualquier tipo de interés a través de medios legítimos también es parte de la democracia.
Por fortuna, el marco jurídico establece las reglas y también los límites. Con la transición que inició el país a finales del siglo pasado, los conflictos no eximen a ninguna autoridad de participar en el debate público o de exponer sus opiniones o posturas ante los reclamos o acusaciones que se les hagan públicamente. Ni siquiera a los árbitros o los integrantes de cualquiera de los poderes formalmente constituidos.
Por lo anterior, el carácter autónomo e independiente que el marco legal le confiere a las y los consejeros del INE no los convierte por decreto en personajes apolíticos. Tampoco en autoridades que pueden evadir el diálogo civilizado con quienes los critiquen, cuestionen o intenten vulnerar sus atribuciones. En la lucha por el poder, la imparcialidad y la objetividad no son más que buenos deseos.
De lo que no debería haber duda es que las y los consejeros son y deben concebirse y proceder como actores políticos. Se trata de una realidad que hay que reconocer y aceptar sin ningún prejuicio. Por lo tanto, su participación en el espacio público y en los debates, diálogos y discusiones que desde éste se generan son más que un derecho. También son una obligación directamente vinculada con los principios de transparencia y derecho a la información establecidos por la Constitución.
La reforma electoral enviada por el presidente que se debatirá este mes en el Congreso ha puesto al INE en una situación en la que sus consejeros y consejeras no pueden permanecer indiferentes. De hecho y por fortuna, nunca ha sucedido así desde la creación del instituto. El activismo mediático y en redes sociales de la mayoría de consejeras y consejeros confirma la gran relevancia que ha tenido la estrategia de comunicación política del organismo que dirige.
Cuando el consejero presidente Lorenzo Córdova afirma que el INE “está por encima de los actores políticos” tiene razón. Lo que no resulta fácil evadir es la discusión pública ni con el presidente López Obrador ni con cualquier personaje que ataque o ponga en tela de juicio la misión y las actividades de la institución. Por supuesto que es un error político caer en cualquier provocación o responder en forma directa a todos los ataques. Pero existen otras opciones que es necesario explorar.
Lo que Córdova califica como una embestida contra el INE no se puede ni se debe responder mostrando ninguna señal de debilidad. El movimiento en defensa del organismo es una de las muchas acciones que se requieren para mantener los valores y principios básicos que hicieron confiable y fuerte a la institución. Lo que no se puede hacer es dejar en la ciudadanía la percepción de que se rechaza o se rehuye al diálogo.
Si el diálogo político es generalmente entre partidos, entre gobierno y partidos o entre gobierno y oposición, ¿por qué no habría de serlo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de los organismos autónomos? Si ya se ha hecho en otros momentos y en otros niveles, por qué no llevarlo a cabo con un diálogo de manera directa con el presidente de la República.
Cualquier experto en comunicación política puede advertir de los riesgos que representa una decisión así. Sobre todo, si se considera que las mayores ventajas las tiene el presidente, quien aún mantiene un enorme control sobre la agenda pública. El punto de partida para considerar una acción tan audaz consiste en comprender que correr el riesgo también puede generar resultados positivos para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto cumplir los actuales consejeros y consejeras del INE.
La nueva Reforma Electoral podría representar un avance o un retroceso para el cumplimiento de la misión, los objetivos y el modelo operativo que tiene hoy la máxima autoridad electoral. Más allá de entrar en los pormenores de la propuesta presentada por el presidente López Obrador, o de los argumentos de defensa que el organismo autónomo ha presentado, lo que es inevitable tomar en cuenta es que el INE tiene una auténtica vocación de diálogo, misma que ha promovido de diferentes maneras desde su creación.
Si el jefe del Ejecutivo abre la posibilidad de diálogo desde sus conferencias de prensa matutinas, las y los consejeros tendrían que aceptarlo y promoverlo, aunque el INE esté “por encima de los actores políticos”. Aún más. Es posible proponer no uno, sino varios debates y no limitarlos al espacio del Congreso. Los cambios que se proponen en la Reforma Electoral lo ameritan. Y, ¿por qué no invitar a estos debates abiertos al presidente de la República?
Se puede creer o no que el INE no trabaja para ningún partido político o gobierno. Y que solo labora para la ciudadanía, como lo ha asegurado Lorenzo Córdova. Sin embargo, por que también son actores políticos, las y los consejeros no están exentos de sesgar algunas de sus decisiones o de apoyar a algún candidato o partido político. Tampoco se puede evadir hablar frente a frente del alto costo de nuestra democracia ni de las consecuencias de elegir por voto directo a las nuevas autoridades electorales.
La buena noticia, es que para resolver las dudas, incumplimientos y problemas están las leyes, el Congreso, el Poder Judicial y la ciudadanía. Confiemos en el funcionamiento que aún tienen los contrapesos. Por lo anterior, los riesgos de un diálogo abierto serán menores para todas y todos quienes quieran participar. En un esquema así, gana la sociedad porque merece estar mejor informada, aunque el presidente López Obrador no acepte la propuesta. De lo contrario, solo será espectadora de los conflictos entre todos los actores políticos, incluidos las y los consejeros del INE.