El reciente despido de 20 secretarios generales seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad es un hecho muy grave por tratarse de dirigentes sindicales con representación de trabajadores en todo el país por esa institución.
Estos despidos representan un duro golpe a la naciente reforma laboral que tiene como propósito fortalecer a las organizaciones sindicales, la transparencia, la democracia sindical y la contratación colectiva.
Demuestran estos actos que los representantes sindicales no cuentan con mecanismos legales para que se atiendan sus casos con urgencia y se les dé un tratamiento especial por la naturaleza de las personas despedidas.
Si bien es cierto que cuando existan violaciones a los derechos colectivos como en los casos de libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva se puede acudir directamente a los jueces laborales sin pasar previamente a los Centros de Conciliación, también lo es, que no está expresamente señalado el derecho de los dirigentes sindicales afectados de acudir directamente ante la instancia judicial. Todo queda a la interpretación de los señores jueces.
Llama la atención que a pesar de haber logrado este sindicato del Nacional Monte de Piedad la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo logrando la votación del 90% de sus agremiados, en menos de 48 horas se habían generado los despidos en contra de sus dirigentes como una represalia a su expresión colectiva.
El despido de cualquier dirigente sindical por el solo hecho de ejercer su función de representante implica una afectación directa en contra de todos los trabajadores. No es un atentado al individuo sino al conglomerado general.
El ejercicio de la libertad sindical no solo es la expresión en lo interno de la participación de los trabajadores, sino fundamentalmente representa el medio para defender sus derechos laborales, la mejora de sus condiciones de trabajo y la atención a los problemas que enfrentan diariamente.
Este tipo de hechos tan graves se han dado en tiempos recientes como es en el caso de los despidos a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del periódico la Jornada por haber llevado a cabo una huelga en el año de 2017. Actualmente siguen en la calle 18 trabajadores y enfrentando un largo juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Igualmente, en el caso de Notimex que como represalia por la defensa de su Contrato Colectivo de Trabajo y su sindicato despidieron a todo el comité ejecutivo y a más de 80 trabajadores como una manera banal de intentar acabar con su movimiento.
Este hecho generó esta vergonzosa huelga en la agencia de noticias gubernamental que consiente el gobierno federal y que está a punto de cumplir mil días desde su estallamiento sin ninguna disposición por parte de éste en resolverla respetando los derechos laborales.
Es vital que el gobierno federal intervenga para atender de manera prioritaria el caso de los dirigentes sindicales despedidos ya que las repercusiones afectan a todas las organizaciones sindicales al quedar vulnerado el derecho a la estabilidad en el empleo en el ejercicio de sus derechos colectivos.