Una dilatada pugna al interior de Palacio para liderar un esquema mixto público-privado en la compra del banco Citibanamex se ha reavivado en las semanas recientes tras un año de altibajos, acompañada de señales ambiguas por parte del presidente López Obrador.
El regreso del gobierno como dueño de un banco con las dimensiones de Banamex ha sido sopesado desde agosto de 2021, tras la visita de la directora ejecutiva mundial de esa multinacional financiera, Jane Fraser, quien se reunió con López Obrador. Extraoficialmente se conoció que ella anticipó al mandatario el anuncio que se conocería en enero pasado sobre la salida del banco del mercado minorista en México.
Fuentes consultadas por este espacio aseguraron que el presidente sondeó a la alta ejecutiva sobre la posibilidad de que su gobierno encabezara una operación con inversionistas mexicanos, pero controlando al menos 51% de las acciones. De acuerdo con las mismas fuentes, Fraser descartó tal escenario al referir que la modalidad de venta había sido ya definida por los accionistas de la compañía y se bloqueaba explícitamente la participación de algún estado.
Se ha podido conocer que la iniciativa de que el gobierno mexicano financie parcialmente la compra de Banamex –cuyo valor estimado es de 12,000 millones de dólares– ha sido alentada desde el inicio por personajes de Palacio, que en el verano pasado desarrollaron una estrategia para colocar esta iniciativa en la opinión pública, mediante preguntas de los “patiños” en las conferencias mañaneras y filtraciones en columnas periodísticas.
De acuerdo con información confirmada por este espacio, el promotor inicial de la propuesta de una “banca mixta” como se le llamó en los años 70 y 80, fue Pablo Gómez, el veterano dirigente de izquierdas desde la época del Partido Comunista Mexicano, experimentado legislador y actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En contraparte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, han buscado disuadir al mandatario de esta idea, con el argumento de que podría ser ruinosa para las finanzas públicas, en un entorno especialmente inestable.
López Obrador pareció mandar mensajes iniciales de que había perdido interés en el tema. Pero el debate se ha reavivado en las últimas semanas acompasando un paulatino descarte de banqueros que habían manifestado su interés en la compra de Banamex. El más reciente, Banorte, que preside Carlos Hank González, apenas el pasado mes de octubre.
Integrantes del primer círculo de Pablo Gómez dijeron a este columnista que él “no desmiente ni confirma” una gestión sobre este tema con López Obrador, pero indicaron que aquél sostiene la convicción de que una operación de este tipo “amortiguaría en medida importante –el 12%– el saqueo provocado por el Fobaproa, que ha repercutido al país un costo financiero equivalente a 100,000 millones de dólares…, “lo que fue un verdadero atraco a la riqueza nacional”.
En 1990, tras más de una década de crisis económicas, fue creado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, mutado a IPAB en 1998), que impidió la quiebra del sistema bancario por la vía de absorber, como deuda pública, la cartera vencida o “chatarra” de sus clientes, 55% de los cuales eran grandes empresarios o compañías filiales de los propios banqueros. El impacto fiscal anunciado inicialmente fue de 180 mil millones de pesos, que luego creció a 552 mil millones. Por acción de los intereses, esa deuda ya supera dos billones de pesos, lo que impone pagos anuales por cerca de 50 mil millones con cargo al erario, sólo para pagar intereses, como confirmó recientemente el presidente López Obrador.
La complejidad de la compra de Banamex por parte de capitales mexicanos es comprensible por su relevancia en múltiples órdenes, lo que se traduce en lo que hasta ahora ha sido presentado como su valor, los referidos 12,000 millones de dólares. Se trata de una institución con 138 años de presencia en México. Las divisiones que venderá son las de banca de consumo y banca empresarial. Ello incluye 1,300 sucursales, 9,400 cajeros automáticos, 12.5 millones de clientes minoristas, 6,000 clientes empresariales y 10 millones de afiliados a su Afore. La corporación bancaria anunció que se retira de este tipo de operaciones en 13 países dentro de una estrategia global.
En el desfile de inversionistas privados mexicanos interesados en la compra, hasta ahora infructuosamente, han figurado el Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim; el Grupo México, de Germán Larrea; el referido Grupo Financiero Banorte, de las familias Hank y González, así como el español Santander. Reportes periodísticos filtrados por el banco Mifel, que preside Daniel Becker, han ubicado a este último en Nueva York en busca de socios para presentar una propuesta de compra.
Fuentes del sector bancario consultadas al respecto dijeron que los inversionistas mexicanos han sido alentados desde Palacio por el público deseo de López Obrador de que Banamex quede en manos nacionales. Pero también se les ha dicho que es del interés presidencial que tras una eventual compra no haya despidos masivos, lo que resulta desalentador para algunos interesados. Otro factor que interviene en este campo es el enorme acervo artístico propiedad de Banamex, sobre el que López Obrador ha pedido que no sea sacado del país.
El progresivo descarte por algunos de esos grupos, en forma individual o en un consorcio, va alejando la posibilidad de que Banamex regrese a manos mexicanas, lo que fortalece el escenario de una venta a una corporación internacional, como ocurrió con Citi en 2001.
Es ante este panorama que resurgen las versiones de una compra liderada por el gobierno López Obrador y a la que se sumarían algunos de los banqueros mencionados, lo que sin embargo precisaría satisfacer varias condiciones. Las más importantes, un cambio en las condiciones definidas por Citibanamex al anunciar las condiciones de su venta. Y también, que los accionistas de los bancos mexicanos estén dispuestos a que su socio mayoritario en Banamex sea un gobierno que podría usar el banco para financiar obras de infraestructura que son la obsesión presidencial, pero cuya rentabilidad está virtualmente descartada desde ahora.